Dicha ley definió la organización y distribución de los municipios valencianos en los diferentes partidos judiciales.
Cada partido judicial cuenta con su propia capitalidad, la cual corresponde a una localidad designada como centro administrativo y referente en el ámbito de la justicia para su respectiva zona.
Al igual que en otras regiones de España[2], los partidos judiciales desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia a nivel local en la Comunidad Valenciana.
La demarcación de los partidos judiciales se realiza teniendo en cuenta diferentes criterios, como la población, la infraestructura judicial existente, la ubicación geográfica y otros elementos relevantes.
Estos criterios garantizan una distribución equitativa y eficiente de la justicia en la Comunidad Valenciana.