Represión franquista

[…] No hubo interés por integrar políticamente a los vencidos, ni por buscar una reconciliación, sólo se les quería destruir o someter».

[10]​ Una valoración compartida por Michael Richards: «La España franquista se caracterizaría, sobre todo, por la negativa a considerar cualquier clase de reconciliación.

En las ‘’instrucciones reservadas’’ que dio el general Mola durante la preparación del golpe ya se hacía hincapié en ello:[28]​[11]​

[39]​ También fueron objeto de la violencia personas que simplemente habían sido denunciadas por sus vecinos como elemento «significado y contrario al Movimiento Nacional».

Además eran objeto de brutales castigos y los calificados como «desafectos» fueron obligados a realizar trabajos forzados en batallones formados al efecto.

Y salvo raras excepciones, lo menos dañino que hicieron fue asistir espiritualmente a los reos de muerte.

Esa misma sangría también representó una utilísima “inversión” política respecto a los derrotados: los que no habían muerto quedaron mudos de terror y paralizados por el miedo durante mucho tiempo».

Era algo específico dentro de la represión general y sistemática dirigida contra la población civil considerada desafecta a los sublevados.

[62]​ El resultado fue «una sociedad reprimida, recluida en un tiempo de silencio como todavía en los años cincuenta la veía Luis Martín Santos».

Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del “terror rojo” durante la guerra civil.

Por otro lado durante el proceso no se solían verificar las denuncias, con lo que estas bastaban para condenar al reo ―de hecho muy pocos acusados fueron absueltos―.

Finalmente un tribunal determinaba si el funcionario era readmitido sin castigo o se le imponía una sanción que podía llegar hasta la separación definitiva del servicio, dándosele de baja en la función pública.

[123]​ Todos los puestos que quedaron vacantes en los organismos públicos fueron ocupados por excombatientes, excautivos y familiares de «Caídos» del bando vencedor.

Así durante los estados de excepción la policía podía actuar aún con mayor impunidad para acabar con las «actividades extremistas».

Según el decreto las huelgas, las reuniones clandestinas y las manifestaciones ilegales podían corresponder a la jurisdicción militar.

Cabe destacar la mala alimentación y la pésima o casi nula atención médica, lo que provocaba una gran mortandad.

Estudios parciales realizados en 24 provincias dan una cifra de 7600 fallecidos por hambre y enfermedades en las cárceles franquistas solo en los años cuarenta, aunque con mayor incidencia en su primera mitad; si se extrapola el cálculo al resto del territorio español resultarían alrededor de 20 000 fallecidos por este motivo en la inmediata posguerra.

La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades.

Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras.

[225]​ Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.

Solo siete días después se impuso la primera multa, por decir palabrotas en la vía pública, de 500 pesetas (una cantidad entonces considerable).

[227]​ La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro.

El régimen adoptó una actitud particularmente represiva hacia la comunidad gitana en general, y las mujeres, en particular, sufrieron las consecuencias más intensas debido a las expectativas de género impuestas por la sociedad franquista.

Estas denuncias solían ser suficientes para que las mujeres gitanas fueran arrestadas y sometidas a maltrato físico o detención sin un juicio adecuado, bajo el pretexto de que representaban una "amenaza" para el orden público o se las acusaba de delitos menores.

La mayoría de las instituciones creadas por los euskeristas desaparecieron y a todas se les negó la protección legal y/o económica necesarias para su subsistencia.

[256]​ Tan pronto como el año 1941, funcionaba con normalidad la Academia de la lengua vasca,[249]​ dedicada a normalizar dicho idioma.

Al mismo tiempo, la asimilación forzada promovida por el régimen contribuyó a la percepción del caló como una jerga marginal en lugar de una lengua legítima.

En las dictaduras fascistas «la represión se concebía como una fase provisional, transitoria, que debía dejar paso a un segundo momento en el que la combinación entre los mecanismos policíacos de control y los de integración la hicieran menos necesaria», mientras que el franquismo nunca concibió la represión como un «expediente transitorio» porque su objetivo, a diferencia de los fascismos, no era crear una «comunidad nacional armónica y entusiasta proyectada hacia el futuro.

[262]​ En las conclusiones del estudio de la provincia de Valencia se constataba la diferencia entre vencedores y vencidos en la guerra civil porque mientras que estos últimos tendían «a mostrar una hostilidad más o menos abierta hacia el nuevo régimen» los vencedores tendían a identificarse con él, en lo que desempeñaba un papel esencial la ‘’memoria dividida’’ sobre lo acontecido durante la guerra civil.

«Muchos trabajadores aprecian la “política social” del régimen pero al mismo tiempo lo siguen considerando ajeno y hostil.