Represión en la zona republicana durante la guerra civil española
La represión en la zona republicana durante la guerra civil española fue una sucesión de acciones violentas cometidas en el territorio del bando republicano durante la guerra civil española.
[2][3][4][5] El número de religiosos católicos muertos, sin contabilizar los seglares, se ubicaría en torno a los 6000 y 6800.
[2] La represión empezó con la ejecución de golpistas tras rendirse en las zonas donde el alzamiento fracasó.
[3] De hecho el Partido Nacionalista Vasco, principal fuerza nacionalista vasca, tuvo desde sus orígenes una importante tradición religiosa católica, anticipándose al surgimiento de los modernos partidos democristianos.
Estas «sacas» se produjeron como represalias a los bombardeos de la aviación del bando sublevado.
"Una multitud exaltada asaltó distintas cárceles y más de 200 personas fueron ejecutadas".
El gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre reaccionó inmediatamente y ordenó una investigación judicial para determinar las responsabilidades de los hechos.
Fueron detenidas 61 personas, aunque finalmente las condenas a muerte no se cumplieron, pero fue la primera vez en ambos bandos en que las autoridades investigaron un caso de represalias por bombardeos (en todos los demás los responsables quedaron impunes).
Los hechos ocurrieron en alta mar cuando el barco iba rumbo a la base naval de Cartagena para ser reparado y la marinería se amotinó exigiendo su ejecución.
El barco prisión Alfonso Pérez fue asaltado y 155 detenidos derechistas fueron asesinados.
[29] Gamel Woolsey, esposa de Gerald Brenan, explicaba así las represalias a los bombardeos aéreos en su obra Málaga en llamas, publicada en 1939:[30]
Los intentos de los gobiernos republicanos con acabar con estas prácticas no tuvieron éxito.
Cuatro personas que presuntamente habían hecho señales desde un edificio para orientar el bombardeo fueron detenidas y fusiladas a continuación.
Los esfuerzos para evitar la matanza del gobernador civil Miguel Benavides (quien ya había impedido un primer intento de asalto a la cárcel tras el bombardeo del 1 de diciembre) fueron inútiles ante "una ingente multitud [que] se dirigió hacia la cárcel alentada por milicianos y miembros del comité revolucionario, a los que se unieron los milicianos de una compañía del batallón Rosenberg acuartelado en la ciudad".
[2][3][4] La Iglesia católica siempre ha considerado a los religiosos muertos durante el conflicto como mártires por la fe, a excepción de los curas fusilados en el País Vasco por el bando sublevado por su postura favorable al nacionalismo vasco;[43] ninguno de ellos ha sido beatificado todavía, bajo el argumento de que no murieron por ser sacerdotes, sino por ser nacionalistas.
[44] Del resto de religiosos fallecidos, muchos han sido beatificados desde que terminó la guerra, varios centenares en el mismo Vaticano: 233 en el año 2001,[45] y otros 498 en 2007.
[46] Esta fue la ceremonia de beatificación más numerosa llevada a cabo por la Iglesia hasta ese momento.
Los datos del cuadro provenían de los estudios provinciales y regionales —cuya fuente fundamental eran las defunciones anotadas en los registros civiles— llevados a cabo a lo largo de las dos décadas finales del siglo XX y la primera del siglo XXI por ellos mismos y por cerca de cuarenta investigadores más (entre ellos Jesús Vicente Aguirre, Francisco Alía Miranda, Julián Casanova, Francisco Etxeberria, Carmen González Martínez, Francisco Moreno Gómez, Juan Sisinio Pérez Garzón y Alberto Reig Tapia).
Espinosa y Ledesma señalaban además que había 16 provincias (Albacete, Ávila, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Las Palmas, León, Madrid, Murcia, Palencia, Salamanca, Tenerife, Valladolid y Zamora) en las que el estudio de la represión franquista estaba aún incompleto, por lo que el número de víctimas causadas por el bando sublevado podría aumentar en el futuro conforme avancen las investigaciones.
En general la destrucción de las iglesias se recibía con más indiferencia que excitación.
[3] Casi todas las que se salvaron en la zona republicana fueron reacondicionadas como almacenes, casas del pueblo, u otros usos públicos.
Hasta años posteriores se prohibieron las manifestaciones públicas de culto.
[2][3][4] En general, se considera que la represión en zona republicana, calificada globalmente por el bando sublevado como Terror Rojo, fue usado como argumento para reprimir y privar de derechos a los perdedores de la Guerra Civil.
Tras la guerra, el nuevo Gobierno liderado por Francisco Franco realizó un juicio mastodóntico, la Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, conocida abreviadamente como «Causa General», en la cual durante dos décadas se recopiló de forma exhaustiva una relación de todos los crímenes cometidos en territorio republicano.
Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia católica en todos los aspectos de la vida pública e incluso privada, pasando a convertirse en religión oficial del Estado, incluida en la enseñanza obligatoria.
