Magisterio en España
Los destinatarios serían la gente que habita las zonas más alejadas, desatendidas o deprimidas del territorio español.
Se crea también la Inspección General de Segunda Enseñanza, en las mismas líneas que la Primaria, pero más adelante en el tiempo.
Se crean a su vez, las Juntas de Inspectores, para que coordinen esfuerzos.
En su lugar se proponían implantar una educación reaccionaria, antiliberal, agresivamente nacionalista española y ultracatólica.
Fueron 703 los maestros afectados, de los que 184, es decir un 26,2% del total, fueron sancionados y 518 fueron confirmados en sus cargos.
Una vez recibidos dichos informes, la Comisión los estudiaba y formulaba unos cargos que se le comunicaba al maestro/a en cuestión.
Proclamaban su inocencia e indignación ante las acusaciones presentadas, y se hacían alusiones a que las acusaciones podían ser debidas a antiguas rencillas, envidias, o falsos testimonios emitidos contra el maestro/a en cuestión.
Tenía como máximo diez días para remitir dicho escrito a la Comisión Depuradora, y para aportar datos concluyentes sobre su defensa, teniéndolo que entregar al Presidente de la Comisión Depuradora o enviarlo por correo certificado.
Los profesores para poder defenderse, era necesario que acreditaran su buena conducta, pidiéndole ayuda a los vecinos, a representantes de profesiones prestigiosas, autoridades como el párroco, Alcalde y Guardia Civil, y también en la escuela.
También podía establecer la suspensión de empleo y sueldo aunque el expediente estuviese en tramitación.
Por un lado la resolución podía emitirse con la confirmación en el cargo, lo cual suponía cese del expediente.
Por otro lado, podía decretar la separación definitiva del servicio y la baja en el escalafón.
Esta fue la sanción más dura y con mayor repercusión en el cuerpo del magisterio, ya que suponía la prohibición de ejercer.
La prohibición de solicitar una vacante se imponía durante dos o cinco años.
Este tipo de sanción iba dirigida para el profesorado que era sospechoso, aunque no se había podido demostrar nada.
En España existen maestros especialistas en religión católica, islámica, evangélica y hebrea.
Sus contratos se renuevan discrecionalmente cada curso por las autoridades religiosas del territorio aunque su sueldo lo paga la Consejería de Educación correspondiente.
