[1] En repúblicas y estados que son estados constitucionales para garantizar los derechos adquiridos y la vulneración de estos existen los tribunales de garantías constitucionales que son organismos estatales en los cuales su principio natural es hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución.
El término procede del derecho anglosajón, en el cual se usa la expresión "due process of law" (traducible como "debido proceso legal").
No existe un catálogo estricto o limitativo de garantías que se consideren como pertenecientes al debido proceso.
Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos: En el área civil, la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso, lo que se concreta en la proscripción de la institución de la ultra petita.
Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas (generalmente un abogado).
En el caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la institución del defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que le procura ayuda jurídica gratuita.
Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable, debiendo los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado.
Sin embargo existen también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación solo en determinadas materias (Derecho penal).
Asimismo, en el caso de que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la natural, tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado.
las reglas del Debido Proceso influyen y se aplican a las actuaciones y formalidades realizadas por aquellas personas que accionan activamente en justicia sea en calidad de demandantes, acusadores privados, querellantes, etc., así también se aplican a los actos procesales de aquellos individuos que son sujetos a dicha acción, por ejemplo los justiciables, imputados o demandados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó y dio formulación precisa a estas garantías en el caso “Mohamed vs.
Sin embargo, ello no siempre se condice con las condiciones del mundo actual.
Todas estas situaciones desvirtúan el debido proceso y son materia de debate en la actualidad.
La Constitución Nacional establece en su artículo 18 los principios fundamentales del derecho al debido proceso: Art.
El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
El derecho a un debido proceso se trata de una garantía constitucional consagrada por el art.
Estos tratados deben entenderse como parte integrante del ordenamiento jurídico interno, a tenor de lo dispuesto por el art.