Decreto-Ley sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo

El Decreto-Ley recapitulaba toda la legislación represiva anterior y confirmaba la atribución de los delitos políticos a los tribunales militares.

[3]​ Las declaraciones de los aliados condenando el régimen franquista despertaron enormes expectativas entre la oposición republicana.

En el articulado se establecían los supuestos en los que se aplicaría la pena de muerte a los «malhechores» —o «bandidos»—, que no sólo incluía el haber matado a alguien, sino también esgrimir «un arma de guerra» o detener «viajeros en despoblado».

[7]​ Tanto los guerrilleros como las unidades del Ejército y de la Guardia Civil que los combatían recurrieron a las represalias, «alcanzando con frecuencia a una población civil aterrorizada».

«Un guerrillero capturado tenía pocas posibilidades de seguir con vida» pero tampoco tenía muchas «un alcalde de pueblo, o un franquista notorio prisionero en una incursión guerrillera».