Proceso de Burgos

En diciembre de 1970, el general Francisco Franco contaba ya con 78 años, sufría párkinson desde hacía diez y su vitalidad iba en disminución.

Sin embargo, eso no hizo disminuir la preocupación de la élite franquista por garantizar su continuidad cuando Franco muriese.

Sin embargo, los tecnócratas, ligados al Opus Dei, pudieron conservar su influencia en el nuevo gobierno, en el que las figuras dominantes eran Carrero Blanco y Laureano López Rodó (impulsor de los Planes de Desarrollo Económico y Social).

Mientras tanto, la tensión social, los conflictos laborales y la oposición política iban en aumento en escala e intensidad de forma continuada.

En esta última ciudad tres trabajadores de la construcción perderían la vida al disolver la policía una manifestación.

En septiembre de 1970, en la apertura del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en San Sebastián, un nacionalista vasco, Joseba Elósegui, prendió fuego a su ropa y se arrojó en llamas desde las gradas para protestar ante Franco, allí presente, gritando: «Gora Euskadi askatuta» ('Viva Euskadi libre').

Con la dirección de ETA detenida, se consideraba que la organización estaba cercenada de raíz, con lo que solo restaría, mediante un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar y ejecutar a los dirigentes del grupo para disuadir a posibles continuadores.

La jurisdicción castrense en lugar de desglosar los hechos delictivos se empeñó en acumularlos en un único sumario, tanto por razones de comodidad como por resaltar a los oficiales encargados del mismo, ya que estimaba que una condena masiva tendría una mayor ejemplaridad.

Sin embargo, los encausados celebraron una asamblea poco antes de comenzar el juicio y decidieron condenar el secuestro, por entender que podía perjudicar a las movilizaciones en curso al desviar la atención hacia el mismo.

[3]​ Aunque finalmente este desacuerdo no se hizo público, evidenciaba el cisma abierto en ETA tras su VI Asamblea.

Durante el secuestro, Telesforo Monzón y su asociación Anai Artea de apoyo a los refugiados en el País Vasco francés, ejercieron con éxito como mediadores.

El equipo que les defendió estaba formado por dieciséis abogados —algunos de los cuales más tarde adquirirían una cierta celebridad— y sus gastos fueron sufragados por cuestación popular gracias a los fondos recaudados por la agrupación clandestina Eusko Abertzale Laguntza.

Entre todos planearon una cuidada escenificación ante el tribunal militar, en la que los acusados y sus abogados pudieron hacer el papel de acusadores con sus declaraciones, para así dar a conocer internacionalmente la situación de opresión y represión a la que estaba sometido el País Vasco.

Por un lado, la presencia de dos sacerdotes entre los encausados hizo que la Iglesia católica se presentara como parte interesada, solicitando infructuosamente que el juicio fuera civil y no militar; por otro, la Iglesia vasca tenía entre sus miembros a muchos simpatizantes de organizaciones opuestas al Régimen.

También se produjeron, en toda España, manifestaciones multitudinarias contra este proceso y pidiendo la libertad de los procesados, así como protestas universitarias y otras manifestaciones relacionadas con conflictos socio-laborales que sumaban a sus reivindicaciones la demanda de amnistía.

[6]​ Paralelamente se produjeron movilizaciones de protesta contra la dictadura franquista en distintas ciudades europeas y sudamericanas, así como ataques a delegaciones diplomáticas españolas.

[nota 5]​ Así convirtieron al proceso en un juicio colectivo, uniendo en una sola causa los dieciséis casos individuales.

Los encausados en principio estaban alineados con los primeros, cuya tendencia era mayoritaria en la organización; pero finalmente una parte significativa de ellos daría su apoyo a ETA-V, lo que reforzaría su estrategia armada pasando a denominarse simplemente ETA poco después.

Con este juicio, con el que se pretendía dar un golpe mortal a ETA, pasó justamente lo contrario, con el añadido de una extraordinaria y reforzadora publicidad internacional para la banda.

Algunos corresponsales quisieron ver una posible pugna por el poder entre falangistas y miembros del Opus Dei, estos últimos mayoritarios en el Gobierno y que apostaban por una tímida reforma tecnocrática en la economía que posibilitara su apertura al exterior frente a las posturas inmovilistas de aquellos, aunque en lo ideológico no tuvieran mayores diferencias pues ambos sectores eran firmes partidarios del nacionalcatolicismo.

En los días posteriores, el Gobierno español recibió presiones diplomáticas de países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania Federal, Dinamarca, Bélgica, Austria, Suecia, Noruega, Irlanda, Venezuela, Chile y el propio Vaticano.

Siete años más tarde, todos los procesados conseguirían la libertad tras la amnistía general de 1977 promulgada por el presidente Adolfo Suárez.

[12]​ Jokin Gorostidi e Itziar Aizpurua se integraron en HASI y posteriormente serían dirigentes de Herri Batasuna (HB), partido en el que también militó Arantxa Arruti.

Tiempo después, Aizpurua participó en la lista electoral presentada por la izquierda abertzale bajo las siglas de D3M, ilegalizada por la Audiencia Nacional en 2009.