En la segunda mitad del siglo XVII las Cortes prácticamente dejaron de convocarse.
Únicamente tuvieron dos convocatorias en todo el siglo XVIII, para jurar al heredero y darse por enteradas de las sucesivas alteraciones del derecho sucesorio (Ley sálica).
La palabra "liberal", que nació en los debates de Cádiz, se extendió al vocabulario político internacional.
Hubo dos convocatorias (1820[11] y 1822) en las que se eligieron los diputados con los vigentes criterios constitucionales (sufragio universal masculino indirecto y las mismas circunscripciones, incluyendo la representación de los españoles americanos, cuyo territorio estaba en plena guerra independentista).
Dada la desconfianza entre rey y Cortes, estas ejercían el poder en la práctica, sin tener en cuenta las competencias ejecutivas del monarca, al que las potencias extranjeras consideraban prisionero (como había ocurrido en la Revolución francesa con Luis XVI).
La pérdida de las colonias, excepto Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hizo que ya no acudieran diputados del continente americano.
Buscando la semejanza con el parlamentarismo británico, se estableció un sistema bicameral, con unas Cortes divididas en dos cámaras: la cámara baja o Estamento de Procuradores (que terminó llamándose Congreso de los Diputados) y la cámara alta o Estamento de Próceres (que terminó llamándose Senado).
Dado el nuevo contexto político, que daba por supuesto la convocatoria de las Cortes en la capital del reino, no se denominan ya "Cortes de Madrid" en ningún texto; a pesar de que el artículo 19 del Estatuto preveía que Los procuradores del Reino se reunirán en el pueblo designado por la Real Convocatoria para celebrarse las Cortes.
Las Cortes declararon mayor de edad a la joven reina (con solo 13 años), al grito de Salustiano Olózaga: Dios salve a la reina, Dios salve al país.
Llegaron a redactar un nuevo texto constitucional que no entró en vigor (habría sido la Constitución española de 1856).
[23] Mientras el sistema funcionó, ningún partido "no dinástico" (carlistas, republicanos, movimiento obrero, nacionalistas periféricos) podía aspirar a la participación política.
Como sonadas excepciones se vieron la obtención del acta de diputado por Pablo Iglesias (1910) o el éxito electoral de la Lliga Regionalista (1901), en ambos casos en circunscripciones fuertemente urbanizadas e industrializadas, menos influenciables por el caciquismo.
Tras un primer periodo en el que, suspendida la Constitución, planteó su gobierno como una dictadura provisional, el general Primo de Rivera decidió institucionalizar su régimen, creando un pseudo-parlamento denominado Asamblea Nacional Consultiva, legitimado con un plebiscito (no hubo elecciones ni pluralidad de partidos, funcionando una especie de partido único denominado Unión Patriótica).
[25] El control parlamentario del gobierno fue lo suficientemente eficaz como para producir su caída por los sucesos de Casas Viejas.
[26] El problema religioso fue abordado por Azaña con un discurso del que ha pasado a la historia su lapidaria frase España ha dejado de ser católica.
[28] Dada la situación crítica de Madrid, el gobierno republicano y las Cortes se trasladaron a Valencia.
Con la guerra prácticamente perdida, mantuvieron en Figueras su última sesión en territorio español (febrero de 1939).
Los dos principales líderes sindicales, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, fueron diputados en las primeras legislaturas, circunstancia que no se volvió a producir.
[30] A partir de entonces, la vida parlamentaria española se ha venido caracterizando por el predominio del poder ejecutivo: los debates parlamentarios son meramente explicaciones posteriores a la posición decidida por el gobierno (especialmente por su presidente, sometido a un cierto apartamiento del espacio público -síndrome de la Moncloa-) y transmitida por el grupo parlamentario que le sustenta.
Se planteó vincularle la conferencia de presidentes autonómicos, pero sus convocatorias no han tenido continuidad.