Militarismo en España

El reinado de Isabel II se caracterizó, desde su mismo inicio junto a la guerra carlista, por el predominio de los llamados espadones, militares a los que las distintas facciones liberales confiaban su llegada al poder, no mediante las elecciones, sino mediante los pronunciamientos.

Además «vinculó estrechamente al rey con los ejércitos, dando carácter institucional, en un sistema parlamentario, a usos propios del Antiguo Régimen».

[13]​ Por otro lado la Guerra de Marruecos provocó la división en las filas del Ejército entre los "africanistas" y los "juntistas".

La distancia creciente entre "africanistas" y "juntistas" se tradujo en la formación de dos culturas militares distintas entre los dos sectores.

[14]​ Durante el primer cuarto del siglo se había producido la africanización del ejército (militares africanistas, los que participaban en la guerra de África y ascendían por méritos), cuya máxima expresión fue la Legión española (fundada en 1920 por Millán Astray y Francisco Franco).

Además se aplicó la jurisdicción militar a muchos tipos de delitos, desde los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria, hasta el robo a mano armada o las huelgas, estas últimas tipificadas como rebelión.

En la práctica se mantuvieron las diferencias expresadas en las familias del franquismo (falangistas, católicos, monárquicos -carlistas y juanistas-...) una de las cuales era la familia militar, que, al ser la menos definida ideológicamente, a su vez tenía componentes cercanos a todas ellas.

[25]​ Pero finalmente Franco, como ha destacado Juan Francisco Fuentes, para asegurar su poder omnímodo «hizo mucho por extirpar del Ejército sus querencias intervencionistas.

Esa actitud continuó después por pura inercia y por lealtad al rey, su nuevo jefe supremo...

Su continuador en la década siguiente será el general Manuel Gutiérrez Mellado, miembro destacado del círculo de militares reformistas que tuvo en Díez-Alegría a su principal mentor».

En ella se decía que «la legalización del PC ha producido una repulsa general en todos las unidades el Ejército.

No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado».

[38]​ Como ha destacado Santos Juliá, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición» porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario».

[32]​ Pero tras la legalización del PCE, «los militares jamás volvieron a confiar en Suárez... De hecho, las futuras operaciones involucionistas tuvieron su origen en ese momento».

Las ganó Unión de Centro Democrático encabezada por el presidente Suárez, aunque no consiguió la mayoría absoluta.

[50]​ Sin embargo, los militares no consiguieron todo lo que pretendían porque no se incluyó a las Fuerzas de Orden Público entre las Fuerzas Armadas, estableciéndose por primera vez la distinción entre las mismas, pero sí lograron que el artículo referido a las Fuerzas Armadas pasara del Título IV, dedicado al Gobierno y la administración, al Título preliminar, lo que «supuso una importante concesión simbólica».

[56]​ Por otro lado, la presión militar no consiguió que se eliminara el término «nacionalidades» del artículo 2 de la Constitución.

Al día siguiente, tras reforzarse la seguridad del Palacio de la Moncloa, Tejero e Ynestrillas eran detenidos.

Como ya habían cumplido esos tiempos de arresto mientras se celebraba el juicio, recobraron la libertad inmediatamente.

El vicepresidente del Gobierno ya había celebrado reuniones similares en otros lugares sin que se produjeran incidentes, pero la de Cartagena derivó en un tumulto en el que hubo gritos en contra del general Gutiérrez Mellado.

Gutiérrez Mellado ordenó su arresto inmediato —según algunos testimonios Atarés respondió con el grito de «¡Viva Franco!

Media hora después comenzaban a abandonar el Palacio de las Cortes los diputados y los miembros del gobierno secuestrados.

Entre los implicados se encontraba el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez, condenado por la «Operación Galaxia».

Sin embargo, no se pudieron reunir pruebas suficientes para procesar a los detenidos y la causa fue sobreseída.

Iban a excavar un túnel como en la «Operación Ogro» de ETA que acabó con la vida del almirante Carrero Blanco.

[93]​ Sin embargo, en 1986 aún se produjo un extraño episodio: el coronel Carlos de Meer, que había estado implicado en el 27-O, viajó en enero a Libia para conseguir de Gadafi financiación para sus planes golpistas.

En este sentido, su eficacia fue completa, pues, si bien entre 1981 y 1982 se diseñaron tres operaciones involucionistas, fueron desarticuladas antes de que pudieran desencadenarse».

[101]​ También fue reformado el Código Penal Militar para adecuarlo a los principios propios de un Estado democrático.

Roberto Muñoz Bolaños comenta: «Era el fin de la última trinchera que defendieron los militares desde 1978.

ETA siguió atentando ―en 1984 asesinaba al general Guillermo Quintana Lacaci, un militar clave en el fracaso del 23-F― pero la actitud del país frente a los terroristas cambió y «la izquierda se esmeró en arrebatarles las coartadas que les había entregado» ―además, el número de víctimas descendió de forma notable―.