Juntas de Defensa
En el otoño siguieron su ejemplo, también en Barcelona, los oficiales del Arma de infantería creando su propia junta, que no solo se oponía a la reforma del general Luque, sino también a los ascensos por méritos y al favoritismo en su concesión, y además reclamaba el aumento de sus sueldos, cuyo poder adquisitivo se había visto reducido por la inflación provocada por la Gran Guerra.
La tensión entre el gobierno y las juntas llegó a su clímax en la última semana de mayo.
Cayó el gobierno de García Prieto y «se formó uno conservador, bajo la presidencia de Dato, que se apresuró a claudicar mediante la aprobación del reglamento juntero».
[7] «Quizás las autoridades creyeran que las concesiones ayudarían a domeñar la indisciplina, pero desde ese instante las juntas se vieron legitimadas para interferir en la vida política del país como efectivamente hicieron en años sucesivos".
Alfonso XIII obligó al gobierno a dimitir, sustituyéndolo por otro presidido por el conservador Eduardo Dato, el cual suspendió las garantías constitucionales, censuró la prensa y aceptó el reglamento de las Juntas de Defensa.
[11] Durante la huelga general revolucionaria de 1917, las Juntas de Defensa, con las que los socialistas consideraban que mantenían «esenciales coincidencias», se pusieron de parte del orden establecido, y no solo no encabezaron ninguna revolución, sino que se emplearon a fondo en la represión: «tampoco los soldados formaron sóviets con los obreros, al modo ruso, sino que en general obedecieron a sus jefes», señala Moreno Luzón.
[12] Como comentó un oficial de guarnición en Barcelona, las tropas «tuvieron que castigar de duro desde un principio y gracias a esto se terminó pronto, pues los revolucionarios se creían que el ejército estaba con ellos».
[18] El gobierno de Sánchez Guerra intentó hacer frente al creciente intervencionismo militar y se propuso someter a las «Comisiones Informativas», contando esta vez con la colaboración del rey.
El rey dijo:[20] El gobierno manifestó en las Cortes que apoyaba las palabras del monarca.
Los diputados reformistas, republicanos y socialistas criticaron la intervención del rey por excederse de su papel constitucional, recordando además el apoyo que había dado a las Juntas en el pasado, y también reprocharon al gobierno que se amparara en el monarca para expresar su opinión sobre el tema.
