Expediente Picasso

Primo de Rivera cerró las Cortes y dio carpetazo al Expediente.

Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos».

[1]​[2]​ Aquí acabó el recorrido judicial (y político) del Expediente Picasso.

Maura apoyó la decisión que había tomado Allendesalazar antes de dimitir de nombrar al general Juan Picasso para que elaborara un informe sobre lo ocurrido en Marruecos.

[7]​ En un discurso posterior pronunciado fuera del Parlamento Prieto dijo: «una catástrofe como la de Annual en los pueblos que tienen vitalidad se liquida con una revolución que derriba al causante de la misma».

Picasso ya había comenzado sus investigaciones en Melilla, y el 15 de agosto envió al general Berenguer un escrito solicitando los planes de operaciones que habían guiado la actuación del general Silvestre y sus tropas.

El general Berenguer, trasladó el escrito al ministro de la Guerra el 20 de agosto, solicitando instrucciones al respecto y manifestando así mismo que no se consideraba autorizado a proporcionar tal información por ser materia reservada.

Presionado el ministro, se dictó una nueva Real Orden el 24 de agosto, aclarando al general Picasso que los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Comisario quedaban fuera de sus investigaciones, y que debía limitarse a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa para deducir responsabilidades en los casos en los que no se hubieran cumplido las obligaciones militares.

El 31 de agosto el general manifestó en carta al ministro su desacuerdo con la Real Orden, alegando que se debía investigar sin exceptuar a nadie, incluidas las más altas instancias del mando, ya que no se podían reducir las responsabilidades a «sucesos incidentales, consecuencia natural y obligada de los errores y desaciertos del mando».

[5]​[9]​ En Melilla el general Picasso tomó declaración a setenta y nueve personas, sólo en relación con Annual.

[10]​ Mientras el general Picasso instruía el expediente fue creciendo la idea entre ciertos sectores del país de que la causa contra los responsables del "desastre de Annual" no llevaría a ninguna parte.

[13]​ También se mostró escéptico el escritor Miguel de Unamuno, furibundo antialfonsino («la primera persona del Estado es quien tiene la culpa de todo lo bochornoso e ilegal que ocurre en nuestra Patria», había dicho públicamente sobre Alfonso XIII).

Entre los encausados se incluía al general Dámaso Berenguer, Alto Comisario de Marruecos cuando ocurrieron los hechos, a quien el Expediente Picasso no acusaba pero del que se criticaba la estrategia que había seguido.

En ese mismo auto se acordó no procesar a ningún civil por no corresponder a la jurisdicción del Consejo, por lo que quedaron fuera del sumario el presidente del gobierno Manuel Allendesalazar y el ministro de la Guerra Juan de la Cierva.

Conforme la opinión pública fue conociendo el contenido del Expediente fue creciendo la indignación y la exigencia de responsabilidades.

En realidad fueron tres dictámenes: el de la mayoría conservadora, que defendía que las responsabilidades eran exclusivamente militares y que ya las estaba juzgando el Consejo Supremo de Guerra y Marina; el de los liberales, que también apuntaba al mando militar pero incluía al gabinete conservador de Allendesalazar; y el del socialista Indalecio Prieto, que hacía responsables del «desastre de Annual» a todos los gobiernos de los partidos del turno desde 1909 y exigía el procesamiento del Alto Comisario Berenguer y el del general Felipe Navarro, que todavía estaba prisionero de Abd el-Krim.

que la sesión no puede continuar porque no hay Gobierno, pues yo me marcho desde aquí a Palacio a presentar la dimisión», dijo Sánchez Guerra.

Más tarde el rey Alfonso XIII acabaría nombrando al general Berenguer jefe de su Casa Militar.

[...] La factura que tuvo que pagar el rey por intentar poner fin a su pesadilla personal al final resultaría muy costosa, pues la decisión de unir su suerte a la del dictador y a la de la dictadura lo arrastraría al exilio siete años y medio después».

Sobre las posibles responsabilidades políticas, el Supremo concluyó que las únicas que pudieran derivarse estarían sujetas «al juicio de la historia, y sólo [sic] exigibles por la opinión pública o por medio de sus órganos representativos».

Conocido de forma fragmentaria durante mucho tiempo, el informe Picasso fue recuperado en su totalidad y transferido al Archivo Histórico Nacional en 1990.

[35]​ El Expediente Picasso propiamente dicho consta de 10 piezas y 2418 folios.

[35]​ En el artículo referenciado en las líneas anteriores se puede encontrar una descripción extensa de ambos expedientes, así como su génesis e historia.