Segundo bienio de la Segunda República española

[108]​ Por su parte Ángel Luis López Villaverde ha afirmado que «la CEDA, principal referente de la derecha, nunca creyó en los principios democráticos».

[98]​ La pretensión del gobierno de Lerroux era «moderar» las reformas del primer bienio, no anularlas, con el objetivo de incorporar a la República a la derecha «accidentalista» (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario.

Como el Vaticano le hizo saber que la Constitución era un obstáculo insalvable para firmar un concordato Pita Romero presentó en agosto un proyecto, más breve, de modus vivendi.

[168]​ Los gobiernos radicales tampoco dieron marcha atrás en el tema del subsidio por desempleo, que aumentaron a noventa días por año trabajado.

Indalecio Prieto afirmó en las Cortes que los socialistas nunca dejarían sola a Cataluña, «porque con ella estará todo del proletariado español».

[255]​[256]​ «Aquí comenzó a vivirse un momento determinante en la vida del socialismo», ha señalado José Manuel Macarro Vera.

En el primer documento predominaban las medidas revolucionarias (como la nacionalización de la tierra o la disolución del ejército, como paso previo a su reorganización democrática) frente a las medidas reformistas (en la administración, hacienda e industria, que no sería socializada, aunque los trabajadores tendrían cierto grado de control sobre las empresas, junto con «medidas encaminadas a su mejoramiento moral y material»), mientras que el segundo documento lo que propugnaba era la continuidad de las reformas del primer bienio.

[279]​ Del Rey Reguillo coincide con José Manuel Macarro Vera quien ya había destacado que tras su salida del gobierno «los socialistas veían amenazada su legislación social» y el «monopolio del que habían gozado en las instituciones de arbitraje laboral, junto con el control arbitrario de muchos ayuntamientos», por lo que la República «ya no era una estación de tránsito hacia el socialismo, sino un impedimento para alcanzarlo».

Como el paro era claramente ilegal y sin aviso previo el Gobierno de Ricardo Samper clausuró la Casa del Pueblo y detuvo a varios dirigentes obreros, incluida la Ejecutiva de la UGT en pleno, excepto a Largo Caballero, por su inmunidad parlamentaria.

[292]​ Según González Calleja y otros historiadores estas discrepancias responderían: En cuanto a la búsqueda de alianzas, el único paso que dio Largo Caballero fue apoyar las Alianzas Obreras promovidas por pequeñas organizaciones proletarias, como Izquierda Comunista o el Bloque Obrero y Campesino (BOC), que las entendían como «alianzas antifascistas» —de hecho en febrero de 1934 Largo Caballero se entrevistó en Barcelona con Joaquín Maurín, líder del BOC—.

[105]​ De esta forma «los socialistas demostraron idéntico repudio del sistema institucional representativo que habían practicado los anarquistas en los años anteriores», ha señalado Casanova.

Los enfrentamientos armados más duros se produjeron en la zona minera de Vizcaya donde el Ejército y la Guardia Civil tuvieron que combatir contra los insurrectos.

Toda la operación estaba siendo dirigida desde Madrid por el general Franco, por encargo expreso del ministro de la guerra Diego Hidalgo.

Ya el 8 de octubre Calvo Sotelo escribió en La Época: «El país exige bisturí, poda, cirugía implacable... Y España demanda duro castigo a fin de que en mucho tiempo no vuelvan a resonar en nuestro suelo esas plantas venenosas y fratricidas que tanta sangre han hecho correr ya».

[306]​ Estos historiadores también han destacado la gravedad del hecho de que «las izquierdas republicanas no condenaran rotundamente esa insurrección» porque:

[357]​ Luis Palacios Bañuelos ha señalado que la reacción de las derechas «nada tuvo que ver con lo presagiado por la izquierda: ni el Partido Socialista fue suspendido legalmente, como había ocurrido en Austria, ni el Estatuto de Cataluña fue abolido, aunque sí suspendido temporalmente.

Muchos intelectuales, como Miguel de Unamuno, denunciaron las violencias y las torturas que habían sufrido los prisioneros, alcanzando una amplia repercusión en la prensa internacional.

Firmaban la carta «A la opinión pública» entre otros Azorín, Luis Bagaria, José Bergamín, Alejandro Casona, Américo Castro, Antonio Espina, Oscar Esplá, León Felipe, García Mercadal, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Isabel de Palencia, Valle-Inclán y Luis de Zulueta.

El 28 de diciembre Azaña recobró la libertad, tras una detención dudosamente legal que había durado noventa días.

[370]​ «Azaña, perseguido, se elevaba a figura simbólica de los oprimidos, adquiriendo una popularidad que nunca había tenido hasta entonces».

[400]​ Pero la aprobación de Ley de Yunteros se demoró dos meses debido a la obstrucción parlamentaria que encontró por lo que llegó tarde a la siembra del cereal y solo pudo aplicarse para el resiembro o siembra sobre rastrojos, allí donde no era antieconómico hacerlo.

González Calleja y otros historiadores comentan: «La derecha de la cámara ya estaba avisada, por lo que Giménez Fernández nunca haría tal reforma».

[423]​ Según González Calleja y otros historiadores: Cuando dejó el cargo en diciembre de 1935 la plantilla del Ejército había crecido un 25 %.

[425]​ Gil Robles también nombró a muchos militares de la UME para cargos relevantes, como el capitán Luis López Varela que estuvo al frente del Servicio Interior de los Cuerpos (un servicio secreto militar creado por el general Franco para combatir la «infiltración comunista»).

[444]​[440]​[433]​ «Estaba, ya sin remedio, políticamente acabado, y también su partido, que, perdido su aglutinante, se fue disgregando rápidamente», afirma Gabriele Ranzato.

[455]​ «Temía, con mayor o menor fundamento, que Gil-Robles buscara acceder al Gobierno para transformar el sistema democrático republicano de 1931 en un Estado conservador, católico, corporativista y autoritario», ha afirmado Ángel Luis López Villaverde.

En sus memorias escritas treinta años después Gil Robles escribió: «le supliqué al señor Alcalá-Zamora que no diera un paso semejante.

Las Cortes se hallaban aun capacitadas para rematar una obra fecunda, tras de lo cual podría llevarse a cabo sin riesgos la consulta electoral».

Pero Gil Robles, en lugar de arrestarlo y destituirlo por su propuesta golpista,[462]​ le contestó, según escribió muchos años después cuando Gil Robles «quería presentarse como un demócrata cristiano»,[463]​ que «mis convicciones democráticas y mi repugnancia invencible a poner las fuerzas armadas al servicio de una fracción política» le impedía intentar «ningún pronunciamiento a mi favor».

«Alcalá Zamora se negó a seguir la lógica de la democracia parlamentaria y permitir que el partido más votado formase gobierno», aunque Payne reconoce que «eso podría haber supuesto el fin de la democracia republicana» al instaurarse «un sistema semicorporativo y más autoritario».