Es en esta academia, paradójicamente subvencionada por el Frente de Juventudes, dirigida por el capitán Luis Pinilla, hijo del defensor franquista del cuartel de Simancas de Gijón y donde también colaboraba el sacerdote José María Llanos, que muchos años después se haría famoso por su lucha en el barrio marginal madrileño del Pozo del Tío Raimundo, donde se constituye una organización denominada Forja.
[4] Allí se aprobó el texto del ideario fundacional, elaborado por los tres comandantes (entre los que se encontraba Guillermo Reinlein) y nueve capitanes fundadores, y se eligió el nombre y las siglas de la organización, así como una Junta Directiva formada por cuatro capitanes, uno por cada Arma.
[8] Según Paul Preston, el entonces Príncipe de España don Juan Carlos mostró interés en conocer si podría contar con el apoyo de la UMD cuando sucediera a Franco y mantuvo contactos con sus miembros, en especial con el comandante Julio Busquets, a través del duque de Arión.
Así, cuando como jefe del Estado interino viajó en octubre de 1975 al Sahara Español con motivo de la Marcha verde se entrevistó a solas en El Aaiún con el comandante Bernardo Vidal, que había sido cadete con él en la Academia Militar de Zaragoza, y que estaba destinado allí como castigo por sus ideas liberales.
Don Juan Carlos le aseguró al comandante que se proponía traer la democracia a España.
[9] Como juez instructor de la Causa 250/1975 se designó al comandante auditor Jesús Valenciano Almoyna.
[11] Sólo un miembro de la élite militar intentó defender a los condenados.
Sin embargo, su petición no fue aceptada porque, como ha señalado Roberto Muñoz Bolaños, «la cúpula militar estaba satisfecha con el encarcelamiento de los oficiales, a los que despectivamente la mayoría de sus compañeros denominaban úmedos, y consideraba el tema zanjado, salvo por las sanciones que pudieran imponerse a otros miembros de la organización que fueran descubiertos con posterioridad».
[12] Cuando en septiembre de 1976 ocupó la vicepresidencia del gobierno en sustitución del general Fernando de Santiago, que había dimitido en desacuerdo con el proyecto reformista del presidente Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado afirmó en un informe confidencial que «el Ejército no puede volver a admitir en él, como miembros de pleno derecho, a quienes de forma tan equivocada e inconsciente han puesto en grave peligro su disciplina y su unidad.
El Real-Decreto contenía un artículo específico referido a ellos, el 8, en el que se establecía que «los militares a quienes sea aplicada la amnistía no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de las que seguirán definitivamente separados, cuando hayan sido condenados a penas que produzcan la pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase».
Así el artículo 1 ordenaba la rehabilitación plena de esos militares y el 2 reconocía su derecho a «solicitar su reincorporación a las Armas, Cuerpos o Institutos de los que fueron separados, con el empleo que les hubiera correspondido por antigüedad, si no hubiese existido interrupción en la prestación del servicio».
Roberto Muñoz Bolaños comenta: «Era el fin de la última trinchera que defendieron los militares desde 1978.