Constitución española de 1931

Además, se derogó el polémico artículo 29, que proclamaba elegidos a los candidatos de los distritos en los que solo se hubiera presentado una candidatura, una artimaña profusamente utilizada en el fraude electoral institucionalizado de la Restauración.Los temas más debatidos según los propios firmantes del anteproyecto fueron fundamentalmente tres: la estructura territorial del Estado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado y el carácter bicameral o unicameral de las Cortes.Retomándola, el socialista Luis Araquistain propuso definir a España como "una República de trabajadores.Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo", enmienda que resultó aprobada.El tema lingüístico, de nuevo, fue motivo de disputa durante la redacción del artículo 50, que obligaba a la utilización (aunque no exclusivamente) del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y facultaba a la República para dotar, en cualquier parte del territorio nacional, de estructuras educativas propias que permitiesen la instrucción en lengua castellana.El texto final se consensuó sobre una enmienda matriz que firmaron los diputados: Miguel de Unamuno, Miguel Maura, Roberto Novoa Santos, Fernando Rey, Emilio González, Felipe Sánchez Román y Antonio Sacristán.[21]​ La propuesta de la Comisión no fue la República federal, sino lo que su presidente llamó el "Estado integral"[22]​[26]​ Para defender la enmienda, que finalmente fue aprobada por 143 votos contra 67, tomó la palabra el nuevo presidente del Gobierno y líder de Acción Republicana Manuel Azaña:Todo ello para "dar garantías a los ciudadanos contra ataques del Poder ejecutivo".Por último en el artículo 42 se regula la suspensión acordada por decreto del Gobierno, que deberá ser ratificado por las Cortes o por la Diputación Permanente si las Cortes estuvieran disueltas, de los "derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 "en casos de notoria e inminente gravedad"."Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden Público".El prestigioso jurista Pérez Serrano denunció este abuso "antiliberal" de la jurisdicción militar pero no fue escuchado.La nueva ley se presentó en el Parlamento con carácter de urgencia y fue aprobada casi sin discusión.1.III), “toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones del Estado” (Art.Y a continuación se situó el antiguo párrafo segundo completamente cambiado: "Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada".De la redacción inicial "Los servicios públicos y las explotaciones que afectan al interés nacional deberán ser nacionalizados en el más breve plazo posible" se pasó a "Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés nacional pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija".En el artículo 45 se ponía "toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa.El diputado Hilario Ayuso propuso una enmienda por la que los varones puedan votar desde los veintitrés años, pero las mujeres desde los cuarenta y cinco, a lo que Clara Campoamor no sabe si responder con el "desdén o la indignación".En seguida le responde Clara Campoamor en defensa de la concesión inmediata del derecho al voto a las mujeres:[56]​Las órdenes religiosas que dispusieran de un cuarto voto de "obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado" -caso de los jesuitas- serían disueltas y sus bienes nacionalizados y las demás serían sometidas a una ley especial que les prohibiría, entre otras cosas, ejercer la enseñanza, y sus bienes podrían ser nacionalizados.En el artículo 27 se reconocía la libertad de conciencia y de cultos, aunque "las manifestaciones públicas del culto" quedaban sujetas a la autorización previa del Gobierno, y se secularizaban los cementerios.Alcalá-Zamora fue sustituido por Manuel Azaña que había tenido una participación decisiva en el debate del artículo 26.Justicia, son los apartados de la Constitución en que se determinó la estructura del Estado republicano.Si no la obtenía, el presidente podía optar por proponer a un nuevo candidato o por disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, aunque esta potestad estaba limitada a dos veces como máximo durante su mandato.Si fuera aprobada esa "misma Asamblea elegirá al nuevo Presidente" (Artículo 82)."Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de su cargo" (Artículo 55).[nota 7]​ Las Cortes podrán autorizar al Gobierno para que legisle por decreto, pero "podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar sobre su adaptación a las bases establecidas en él" (Artículo 61).Su primer presidente fue el radical-socialista y miembro del Gobierno Provisional Álvaro de Albornoz.[78]​ Así pues, la izquierda republicana y socialista, con el apoyo final del Partido Republicano Radical, impusieron su modelo de laicismo y no buscaron el consenso ni siquiera con la derecha católica republicana y mucho menos con la derecha católica “posibilista” (con la derecha monárquica e integrista antirrepublicana el consenso era absolutamente imposible porque seguía aferrada a la defensa del Estado confesional del reinado de Alfonso XIII, acentuado durante la Dictadura de Primo de Rivera).Lo que finalmente se produjo, en opinión de Rafael Cruz fue la fractura social y política entre el “pueblo republicano” y el “pueblo de Dios” (dos entidades mutuamente excluyentes)[79]​ que dificultó enormemente la consolidación del régimen republicano.