Este sistema de dominación política local, especialmente arraigado en zonas rurales y ciudades pequeñas, es conocido como caciquismo.
No eran las Cortes las que provocaban crisis políticas y hacían cambiar gobiernos, pues cada partido gobernante se fabricaba una mayoría parlamentaria suficiente, mediante elecciones fraudulentas.
[5] «Era el gobierno el que fabricaba las Cortes, no al contrario; y quien hacía las elecciones nunca las perdía», ha concluido José Varela Ortega.
El principal, establecido en el artículo 29, consistía en que en la circunscripción donde solo se presentara un candidato, este era nombrado automáticamente electo, sin necesidad de celebrarse las votaciones.
Llegó a haber convocatorias electorales, como la de 1923, en que hasta 146 diputados obtuvieron su escaño sin necesidad de recurrir a las urnas y así un 30 % del censo electoral no pudo ejercer su teórico derecho al voto.
Esta ley estuvo en vigor hasta las elecciones municipales de 1931, donde muchos concejales fueron elegidos por este procedimiento (14 018 monárquicos y 1832 republicanos).
[9] Durante la dictadura franquista no hubo elecciones, ya que los miembros de las Cortes eran designados directa o indirectamente por el Jefe del Estado Francisco Franco.
Hubo dos elecciones por el llamado «tercio familiar», la primera celebrada el mismo año de 1967 y la siguiente en 1971.
[10][11] La recuperación de las elecciones democráticas en 1977 se hizo mediante un sistema electoral proporcional, en vez del mayoritario (que había sido el tradicional en España).
Este representante no suele ser un funcionario público, sino un trabajador externo, generalmente de la empresa Indra, que ha sido contratado para la tarea.
Estos resultados fueron atribuidos por el Ministerio del Interior a posibles errores humanos en el recuento y transmisión de datos.
La ley electoral prohíbe esta práctica, ya que el voto debe ser libre y secreto, sin ser influenciado por dádivas o promesas.
Estas penas se aplican a quienes compran votos y participan activamente en el fraude electoral.
Si no se puede dar una explicación satisfactoria, el caso puede ser llevado ante la Junta Electoral Central para su investigación.