Sexenio Democrático
Además, hay que contar con el Partido Moderado, decantado cada vez más hacia las posiciones de los alfonsinos dirigidos por Antonio Cánovas del Castillo; con los carlistas, que desencadenarán en 1872 la tercera guerra carlista para intentar poner en el trono al pretendiente Carlos VII; así como con los independentistas cubanos, lo que dará lugar tras el Grito de Yara a la guerra de los Diez Años.
En 1863, la reina Isabel II destituyó al general Leopoldo O'Donnell, que durante los cinco años anteriores había presidido el «gobierno largo» de la Unión Liberal.
El Partido Progresista esperaba ser llamado al Gobierno, pero la reina decidió nombrar al frente del poder ejecutivo a un veterano miembro del Partido Moderado: el marqués de Miraflores.
La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba «unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino».
[6] Según ha señalado Juan Francisco Fuentes, hay que descartar «una relación causa-efecto entre la crisis económica y la Revolución de 1868», aunque no «se puede ignorar la importancia que aquella gran crisis del capitalismo español iniciada en 1864 tuvo en la percepción general de las élites políticas y económicas: el convencimiento de que el régimen isabelino, reducido finalmente a una pequeña camarilla político-clerical, se había aislado por completo de la realidad nacional.
La ambigua redacción del primer punto permitía incorporar al mismo a otras personalidades y fuerzas políticas.
La reina Isabel II nombró para sustituirle al general José Gutiérrez de la Concha, quien organizó un ejército en Madrid como pudo, dada la falta de apoyo que encontró entre los mandos militares, y lo envió a Andalucía al mando del general Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, para que acabara con la rebelión.
Sin embargo, en el seno del Partido Republicano Federal existían varias tendencias.
Una más conservadora, encabezada por Emilio Castelar y cuyo concepto de España era una administración unitaria o centralista.
Un segundo sector «centrista», encabezado por Francisco Pi y Margall, que defendía la república federal, pues concebían España como una federación pactada de Estados regionales históricos; además, aceptaba la legalidad y se oponía a la insurrección armada.
Carecían de un líder claro, pero consideraban como su «patriarca» al veterano republicano José María Orense.
La convocatoria a Cortes Constituyentes se hizo, por primera vez, mediante elecciones por sufragio universal masculino (mayores de 25 años), en las que votó el 70% del censo.
La forma de gestionar ambos asuntos (colonial y esclavista) proporcionó importantes argumentos utilizados por la oposición a los gobiernos del sexenio.
Se devolvieron sus puestos en la Universidad a los profesores que habían sido represaliados, como Emilio Castelar.
Sin embargo, Napoleón III lo vetó temiendo que Francia quedara entre dos monarquías Hohenzollern.
[15] La solución «no satisfacía más que a los progresistas y fue aceptada con enorme frialdad por la opinión pública española, que no llegó a sentir nunca el menor entusiasmo por el príncipe italiano».
[16] El padre Luis Coloma hizo referencia en su famosa novela Pequeñeces a una «grotesca sátira» titulada El Príncipe Lila, que se celebró en los jardines del Retiro de Madrid, «en la que designaban al monarca reinante con el nombre de Macarroni I», «mientras un gentío inmenso de todos los colores y matices aplaudía».
[18] En última instancia, como apuntó M.ª Victoria López-Cordón, «la deserción de las [fuerzas] que deberían haberla sustentado hizo imposible la experiencia».
[21] Por su parte, los carlistas iniciaron una nueva ofensiva militar en 1872 —que se extendería más allá del Sexenio, hasta 1876—.
Encabezados por el pretendiente Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro (Carlos V en la sucesión carlista), movilizaron unos 45 000 hombres armados y, para aumentar sus apoyos, el pretendiente devolvió el 16 de junio los fueros catalanes, aragoneses y valencianos suprimidos por Felipe V; además, creó un Gobierno en Estella, embrión de un Estado carlista con ayuntamientos y diputaciones organizados según el régimen foral, impulsores de las lenguas locales y las instituciones tradicionales anteriores a 1700.
La insurrección tuvo éxito en Cataluña, Navarra, País Vasco y puntos aislados del resto de España, donde las tropas carlistas controlaron las zonas rurales, pero no las ciudades.
[22] En mayo se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, que, a causa del retraimiento del resto de los partidos, supusieron una aplastante victoria para el Partido Republicano Federal.
Al día siguiente, Pi y Margall dimitió, tras 37 días de mandato.
«Además, movilizó a los reservistas, aumentó la Guardia Civil con 30 000 hombres, nombró delegados del Gobierno en las provincias con las mismas atribuciones que el Ejecutivo.
[40] El general Pavía intentó que se formara un «Gobierno nacional» presidido por Emilio Castelar.
En la reunión, Pavía defendió la república conservadora y, por eso, impuso al republicano unitario Eugenio García Ruiz como ministro de la Gobernación y nombró al general Serrano jefe del nuevo Gobierno.
[42] El general Francisco Serrano formó un Gobierno de concentración que agrupó a constitucionales, radicales y republicanos unitarios, y del que se excluyó a los republicanos federales.
[41] Su objetivo prioritario fue acabar con la rebelión cantonal y con la guerra carlista, para luego convocar unas Cortes que decidieran la forma de gobierno.
Así, se formó un Gobierno exclusivamente constitucional que siguió presidido por el general Zavala.
Serrano nombró entonces a Andrés Borrego para que negociara con los alfonsinos de Antonio Cánovas del Castillo.
