Tortura en la dictadura franquista
[2] Francisco Moreno Gómez ha llegado a afirmar que el franquismo creó un «estado general de tortura».
[3] Una valoración compartida por César Lorenzo Rubio: «La práctica de la tortura y los malos tratos no fue la excepción, sino la norma.
En el preámbulo de la ley se decía que la «nueva policía» no debía regirse por el «apoliticismo» y que debía tener como objetivo «la vigilancia permanente y total indispensable para la vida de la Nación, que en los estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y lealtad».
En el preámbulo también se hacía referencia a la «policía política, como órgano más eficiente para la defensa del Estado».
[13] La policía actuaba con total impunidad pues gozaba de la complicidad de los jueces que no solo nunca imputaron a ningún agente, aunque las pruebas de las torturas fueran evidentes, sino que procesaban por desacato o por desobediencia a la autoridad a los detenidos que osaban denunciarlas.
También recurrieron a la tortura y a otros métodos de «guerra sucia» la Guardia Civil y el Ejército en su lucha contra la guerrilla antifranquista, especialmente durante el denominado «trienio del terror» (1947-1949).
No sólo fueron torturados los guerrilleros apresados ―que en muchas ocasiones acabaron siendo fusilados sin juicio o aplicándoles la «ley de fugas»―, sino también sus familias y los presuntos «colaboradores» de las montañas y zonas rurales.
«Continúan viendo un enemigo en cada preso; creen que el cargo es para vengar agravios», se dice también en el informe.
[23] Para estos años contamos con un estudio documentado sobre las torturas, aunque referido a un único territorio: el País Vasco.
La ley —que mantenía la jurisdicción militar para todos los delitos que afectaran al orden público—[29] sirvió para legalizar los estados de excepción que se decretarían en los años 1960 y 1970, seis veces en determinados territorios y tres veces en la totalidad del país.
Así durante los estados de excepción la policía podía actuar aún con mayor impunidad para acabar con las «actividades extremistas».
Hasta entonces la jurisdicción militar era la que se había encargado de juzgar los delitos “políticos”.
[33] Los delitos de «asociación ilícita», «propaganda ilegal», «reunión ilegal», «manifestación ilegal» o «desórdenes públicos» pasaron a ser competencia del TOP, pero los más graves como los de «terrorismo» o los que afectasen al Ejército y a la Guardia Civil continuaron bajo la jurisdicción militar, por lo que el TOP no acabó con ella sino que la complementó.
La abogada Ascensión Solé recordaba algo similar: «cuando se le preguntaba abiertamente [al acusado] si había sido presionado moral o físicamente por los funcionarios o maltratado de obra o de palabra, la campana del presidente, de Mateu, tocaba frenéticamente rompiendo el acostumbrado tono educado y amable con que nos trataba».
Más suerte tuvieron el estudiante vallisoletano José Luis Cancho y el albañil militante del PCE(i) Miguel Jiménez Hinojosa que sobrevivieron a la caída.
Este último había recibido un tiro a bocajarro disparado por el policía de la BPS Atilano del Valle Oller que en 1975 fue condecorado con la Cruz al Mérito Policial ―Jiménez por su parte pasó cinco años y medio en prisión tras ser condenado en un consejo de guerra por insulto a las fuerzas armadas y «asociación ilícita»―.
[36] Ante el uso continuado e indiscriminado de la tortura algunas organizaciones antifranquistas clandestinas instruyeron a sus militantes sobre qué hacer cuando eran detenidos y juzgados.
Así el PSUC en 1963 hizo circular un opúsculo mecanografiado titulado “No quiero hablar.
[38] Una segunda carta fue enviada con más firmas, 188, pero la respuesta furibunda del ministro Fraga fue la misma: negar las denuncias de abusos, vejaciones y malos tratos que aparecían en ellas.
[39] Como en la posguerra el ingreso en prisión tras haber pasado por comisaría era vivido como una especie de liberación.
«Un día en la comisaría es peor que cien días en la cárcel», escribió más tarde un preso.
Pero esto no quiere decir que los malos tratos a los encarcelados hubieran desaparecido, hasta el punto que algunos murieron en prisión como el donostiarra Vicente Lertxundi, el escritor andaluz Manuel Moreno Barranco ―la versión oficial fue que se había suicidado pero un grupo de intelectuales encabezados por José Manuel Caballero Bonald enviaron una carta al ministro de Información y Turismo Manuel Fraga en la que relacionaban la muerte de Moreno Barranco con el reciente caso Grimau; la respuesta de Fraga fue furibunda y sin pretenderlo sembró más dudas de las que pretendió despejar― o el preso común Rafael Sánchez Milla, ‘’El Habichuela’’ ―cuya muerte provocó un violento motín en la Cárcel Modelo de Barcelona en la que también participaron presos políticos―.
[40] La Brigada Político-Social fue la principal unidad policial que actuó contra la oposición antifranquista.
