Ley de Orden Público de 1959

Seguirá entendiendo la jurisdicción militar de los delitos que, afectando al orden público, le están atribuidos con arreglo a lo establecido en Leyes especiales, sin perjuicio de las inhibiciones que se acordaren en favor de la jurisdicción ordinaria y en tanto que el Gobierno revise y unifique las normas de competencia relativas concretamente a dichos delitos, autorizándosele especialmente para ello."Conforme al art 48 el Juez instructor debía tramitar los sumarios "mediante ininterrumpida, rápida y preferente actividad" acordando prisión incondicional si el delito estaba penado con privación de libertad.Las que podía imponer el gobernador civil pasaron de 2.000 a 25.000.En todos los estados de excepción, excepto en una ocasión, se suspendió el artículo 18 del Fuero de los Españoles que fijaba el límite de 72 horas en que una persona podía estar detenida antes de ser llevada ante el juez ―una disposición que, por otro lado, iba a continuar siendo incumplida por la policía ya que consideraba que el límite de las 72 horas era «a todas luces insuficiente» para desarrollar «la labor policial», tal como se afirmaba en un boletín interno de 1963; el propio general Franco compartía esta opinión y así se lo confesó a su primo Francisco Franco Salgado-Araujo en 1969: «la ventaja que tiene el decreto es la mayor libertad que tienen las autoridades para los plazos legales de detención; así pueden tomar declaraciones sin el agobio del tiempo para poner en libertad al declarante»―.Así durante los estados de excepción la policía podía actuar aún con mayor impunidad para acabar con las «actividades extremistas».