En septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas «plebiscitarias» en las que ganó la coalición independentista Junts pel Sí.
L’opressió nacional en democràcia defendía abiertamente la independencia como única vía para la supervivencia de Cataluña.
[27] En 2009 se produjo un nuevo impulso del procés en cuanto a la movilización social con las consultas populares sobre la independencia en varias localidades catalanas.
Aunque carecían de validez legal y la participación en las mismas fue bastante baja, demostraban que existía una movilización social favorable a la independencia.
Artur Mas señaló que Cataluña deberá realizar una profunda reflexión y a tomar decisiones,[56] ya que el «pacto fiscal» se veía como la última posibilidad de entendimiento entre Cataluña y el resto de España.
CiU volvió a ser la fuerza política más votada, aunque bajó en número de escaños.
[75] Se comprometieron a convocar una consulta para que el «pueblo de Cataluña» pudiera decidir si quería constituirse en un «nuevo Estado en Europa».
[89][90] En ese comunicado Pujol lamentaba no haber encontrado nunca el «momento adecuado» para la regularización de esas cantidades y pedía perdón a la opinión pública.
Votaron a favor CiU (16), Izquierda Plural (11), PNV (5), BNG (2), Amaiur (7), ERC (3), Compromís (1) y Geroa Bai (1).
[105] La campaña se fundamenta, según sus organizadores, en reclamar la independencia a través del derecho de petición, recogido en la legislación autonómica y estatal.
Si ese acuerdo no llegara a realizarse, Mas propondría la celebración de unas elecciones anticipadas, preferiblemente con una lista conjunta con otras fuerzas políticas y organizaciones independentistas.
[186][187] Finalmente, la CUP anunció que votaría a favor del Presidente en la moción, desvinculando la decisión de la negociación sobre el referéndum.
El Presidente ofreció al Gobierno central la posibilidad de una consulta acordada, aunque aseguró que la propuesta seguiría adelante sin tener un acuerdo con Madrid.
El presidente Puigdemont fue informado inmediatamente y solo un grupo muy reducido de personas supieron del asunto.
[209] Mención aparte merece la manifestación multitudinaria de rechazo al atentado y solidaridad con las víctimas realizada el 26 de agosto en Barcelona a la que asistieron el Rey Felipe VI y numerosos cargos del gobierno, incluyendo al presidente Rajoy.
[210] Durante la duración de la misma los pitos al Rey y a los miembros del gobierno fueron constantes.
Los parlamentarios de Cs, PSC y PP abandonaron el hemiciclo para no participar en la votación por considerarla ilegal.
[234] La secretaria judicial, presa del pánico, salió de manera humillante por un tejado que la comunicaba con un teatro adyacente.
Aquel mismo día seis empresas como Abertis, Freixenet, Dogi, Arquia o el Banco Mediolanum avisaron que propondrían medidas similares.
[270] También sufrieron escraches y acoso los políticos opuestos a la independencia: por ejemplo, la sede de Ciudadanos fue atacada varias veces.
[271] El Ministerio de Interior destinó guardaespaldas a varios políticos del PP y Cs en Cataluña.
La juez ordenó el ingreso en prisión provisional del exvicepresidente Oriol Junqueras y ocho exconsejeros de la Generalidad.
Así, quedó para Lamela únicamente la causa por sedición contra Josep Lluís Trapero —ya destituido como major de los Mozos— y Teresa Laplana.
Las fuerzas políticas independentistas calificaron las elecciones como «ilegales e ilegítimas», pero sí se presentaron.
Catalunya en Comú-Podem, que rechazaba tanto la aplicación del artículo 155 como la declaración unilateral de independencia, consiguió 8 escaños.
[305] Al día siguiente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo envió a prisión junto con otros tres exconsejeros y la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell,[306] por lo que no se pudo celebrar la segunda sesión de investidura en la que el candidato podría haber sido elegido por mayoría simple.
En cinco días resultaron heridos 579 civiles y 288 agentes de policía en hechos relacionados con las protestas en toda Cataluña.
[343] La Generalidad y sus medios afines aprovecharon la ocasión para criticar la gestión del Gobierno español,[344] llegando a difundir noticias falsas.
[370] Pero al día siguiente Puigdemont fue puesto en libertad al entender la jueza italiana que aunque su detención por la policía italiana fue legal[371] todavía mantenía su inmunidad parlamentaria como diputado del Parlamento Europeo a la espera de que se resolviera su recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea sobre la cuestión.
El artículo titulado «La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra» iba firmado por Fernando Lázaro.