Los cinco partidos parlamentarios catalanes discreparon en su posicionamiento respecto al referéndum del Estatuto.
Además, el presidente de CiU, Artur Mas, pactó con el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero la versión definitiva del texto, y declaró haber conseguido las máximas contrapartidas para Cataluña, de manera que el texto final era el mejor que se podía conseguir.
Posteriormente ERC y CiU negociaron por separado recortes a ese texto para que fuera asumible en el Congreso.
El texto presentado finalmente fue el acordado con CiU, que reemplazó a ERC como apoyo del PSC.
Así, ERC, paradójicamente, acabó pidiendo el "no" en la campaña electoral para un Estatuto que con sus votos habría podido tumbar sin problemas en el trámite parlamentario en el Senado.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, liderada por Joan Saura, pidió el "sí" a la ciudadanía.
La mayoría de medios de comunicación coincidieron en señalar que ICV-EUiA fue el partido que hizo una campaña electoral más constructiva, centrada en explicar a los ciudadanos las diferencias entre el nuevo Estatuto y el anterior.
El Partido Popular de Cataluña, liderado por Josep Piqué, pidió el "no" a la ciudadanía.
Desde casi el principio del redactado del nuevo estatuto, el Partido Popular se autoexcluyó de la comisión redactora denunciando que el redactado que estaban haciendo los otros cuatro partidos catalanes era inconstitucional.
Los dirigentes nacionales del Partido Popular organizaron diversos actos contra el nuevo estatuto.
Además, también presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de frenar la tramitación y la entrada en vigor del nuevo Estatuto.
Cuando se dio a conocer el resultado del pacto entre Zapatero y Más, Josep Piqué declaró que se había impuesto el sentido común y el resultado final no era muy diferente de las propuestas populares; siendo rápidamente desacreditado por Acebes.
El mensaje institucional, retransmitido pocas horas antes del fin de la campaña electoral, fue duramente criticado por Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular, que pidieron a la Junta Electoral Central que no lo autorizara.