Ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña
[16] La idea del convocar un referéndum unilateral, dado que el gobierno de Rajoy se negaba a dar su consentimiento, creó tensiones en el seno del gobierno de Cataluña, por lo que el 21 abril todos sus miembros firmaron un compromiso para «organizar, convocar y celebrar» un referéndum en el marco legal que fuera.
Cuando Puigdemont se reunió con sus sustitutos ―Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Víctor Cullell (secretario del gobierno de Cataluña)― les pidió «fidelidad» y «compromiso».
Para ello se citaban en la ley los convenios y pactos internacionales firmados por España que reconocían la «soberanía popular y el respeto a los derechos humanos».
Los partidos constitucionalistas también criticaron el artículo 4.4 en el que se establecían las consecuencias de la victoria del ‘Sí’:[20]
[27] El pleno se desarrolló hasta altas horas de la madrugada, con debates tensos y siendo suspendido varias veces.
[28] Catalunya Sí que es Pot se abstuvo por considerar que el procedimiento no contaba con ninguna garantía y se estaban conculcando derechos de los parlamentarios y de la ciudadanía.
[29] Ciudadanos, PSC y PPC directamente abandonaron el hemiciclo por considerar que la convocatoria, el proyecto, el debate y la aprobación eran ilegales e incumplían entre otras la ley que ampara al Consejo de Garantías Estatutarias.
[30] Como gesto simbólico, diputados del PP habían extendido unas banderas catalanas y españolas sobre sus escaños,[31] una parte de las cuales, las españolas, procedió a retirar una diputada de Catalunya Sí que es Pot.
Tras la firma Puigdemont dijo, siendo muy aplaudido por ello: «Defenderemos hasta el final el derecho a decidir de los catalanes.
[34][35] La reacción del gobierno de Mariano Rajoy no se hizo esperar.
Esa misma tarde del día 6 la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría declaró: «El pleno ha sido una vergüenza democrática.
También regulaba la creación de una Sindicatura Electoral, formada por cinco expertos en procesos electorales que «velarán por la transparencia y la objetividad del proceso, con imparcialidad y pluralismo».
[44] Aunque el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley —que más tarde acabó anulando por inconstitucional— el Gobierno autónomo catalán consideró que seguía en vigor y que regularía la celebración del referéndum para la independencia.
A continuación se hacía un «llamamiento a los catalanes sensatos y a todos los españoles de buena voluntad» para que en «una situación en que la que nos jugamos el ser o no ser de la democracia española» se movilizaran «para exigir al Gobierno de España, a todas sus instituciones y partidos democráticos, que actúen con la máxima celeridad, firmeza y determinación para proteger los derechos de todos».
