Fue magistrado del Tribunal Constitucional de España entre 1992 y 2001.

Este decreto fue declarado inconstitucional por unanimidad y, por tanto, anulado el 10 de mayo de 2017 por el Tribunal Constitucional de España (TC) pues, en su momento, fue recurrido por el Gobierno de España por considerar que la norma iba más allá de las competencias atribuidas a la Generalidad y desde entonces se encontraba suspendido por el Alto Tribunal.

En 2004 recibió la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y en 2005 la Orden del Mérito Constitucional.

Desde abril de 2006 es magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra por designación del Consejo General.

En marzo de 2013 fue designado para presidir el Consejo Asesor para la Transición Nacional.