Este decreto fue declarado inconstitucional por unanimidad por el Tribunal Constitucional (TC) y, por tanto, anulado el 10 de mayo de 2017 por dicho tribunal.

En su momento, dicho decreto fue recurrido por el Gobierno de España presidido por Rajoy, por considerar que el órgano asesor iba más allá de las competencias atribuidas a la Generalidad y desde entonces se encuentra suspendido.

[8]​ Joan Herrera, secretario general de ICV, censuró la prioridad otorgada al Consejo antes de que sea establecido el «derecho a decidir» del pueblo catalán ante una eventual consulta independentista.

[9]​ Por parte del PPC, Enric Millo reprochó igualmente esta iniciativa frente al objetivo de la recuperación económica.

[10]​ Albert Rivera, líder de Ciutadans, fue más allá y puso un recurso contra la creación del Consejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando que el Consejo está «fuera de las competencias autonómicas y rompe con el ámbito constitucional y con el Estatut».