Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006
Además el tribunal estimó que "carecen de eficacia jurídica" las referencias que se hacen en el preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.
Todos los grupos políticos catalanes lo apoyaron excepto el Partido Popular de Cataluña.
Por su parte ERC advirtió que si el Tribunal Constitucional aprobaba el recurso, el nuevo Estatuto «quedará todavía más lejos de satisfacer las necesidades de Cataluña y evidenciará que es necesario otro marco constitucional que respete nuestros derechos».
CiU calificó la iniciativa del PP como «agresión contra Cataluña», aunque reconoció que era una decisión «legítima y respetable», mientras que ICV vaticinó un fracaso del Partido Popular en las próximas elecciones catalanas.
La única novedad fue la entrada en el Parlamento catalán con tres diputados del nuevo partido Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, que como el PP (14 diputados) se oponía frontalmente al nuevo Estatuto.
En el discurso que pronunció a continuación Montilla ofreció a la oposición (CiU, PP y Ciudadanos) un pacto para desarrollar el Estatuto y otros grandes temas «de país».
El Tribunal estaba formado por seis magistrados "conservadores" y seis "progresistas", aunque como entre estos últimos se encontraba la presidenta María Emilia Casas, esto les daba ventaja por su voto de calidad en caso de empate.
El Partido Popular respondió con la recusación del magistrado "progresista" (y catalán) Pablo Pérez Tremps, que es aprobada, lo que deja al tribunal con una mayoría "conservadora" de seis contra cinco.
El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, por su parte, se plantea recusar a los magistrados "conservadores" García-Calvo y Rodríguez-Zapata.
[4] En los dos años siguientes las deliberaciones sobre la sentencia se alargan debido a la división existente entre "conservadores" y "progresistas" y con su legitimidad cuestionada por algunos sectores ya que dos tercios de los magistrados ya han cumplido su mandato.
Finalmente, tras hacerse cargo de la ponencia la presidenta del tribunal, se alcanza un acuerdo por seis votos contra cuatro (los cinco "progresistas" más el "conservador" Guillermo Jiménez Sánchez, frente a los otros cuatro "conservadores") que se hace público el 28 de junio de 2010.
Declaran inconstitucionales 14 artículos y disposiciones adicionales y otros 27 son sometidos a interpretación, además de negar cualquier validez jurídica a la declaración de Cataluña como nación hecha en el Preámbulo.
1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española".
[12][4] Los catorce artículos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales total o parcialmente, por seis votos contra cuatro, son los siguientes (en negrita los párrafos eliminados por ser contrarios a la Constitución):[13][14][15][16][17][18] 5.
El magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez considera que el Estatuto tiene un "vicio colosal de inconstitucionalidad" que se han intentado salvar con un "ejercicio desproporcionado de legislación positiva".
Por último el magistrado Ramón Rodríguez Arribas afirma que tanto la referencia a los derechos históricos como la bilateralidad debían haberse declarado inconstitucionales.
Así concluye que la sentencia "silencia" la pluralidad intrínseca de España, por lo que no ha sabido responder a "la realidad jurídica del mundo contemporáneo, en que las soberanías son difíciles de distinguir y los Estados no son soberanos en el sentido pleno del término".
[22] Los seis magistrados que no presentaron ningún voto particular fueron los "progresistas" María Emilia Casas Baamonde, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Pascual Sala Sánchez, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón Reyes, y el "conservador" Guillermo Jiménez Sánchez.
[23] CiU nada más conocer la sentencia hizo público un comunicado en el que calificó la situación de "gravísima".
La organización corrió a cargo de la entidad catalanista Òmnium Cultural.
Tras ellos caminaban los líderes de los cuatro principales partidos convocantes: PSC, CiU, ERC e ICV.
El servicio de seguridad decidió entonces meter al presidente en el cercano edificio del Departamento de Justicia saliendo después por una puerta lateral donde le esperaba su coche oficial.
La idea de soberanía era la clásica, envarada y petrificada, e impedía avanzar en la federalización del Estado.
[34] Según los profesores Jaume Claret y Manuel Santirso, la sentencia del Constitucional selló el fracaso de la operación del nuevo Estatuto que «había buscado una solución diferenciada y propia para Cataluña» y con él la derrota de las apuestas clásicas del catalanismo político, tanto de la «pactista» que había defendido hasta entonces CiU como de la «federal» propugnada por el PSC.
[35] El politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca, de la Universidad Carlos III de Madrid, afirma que «la sentencia del Tribunal Constitucional se basa en una lectura ‘literalista’ del texto constitucional», porque según él, «la Constitución no afirma explícitamente que la nación española sea la única existente, tan solo dice que la unidad de dicha nación es indisoluble».
Al afirmar el Tribunal que no existe más nación que la española, adopta las posiciones «propias de un nacionalismo español que aborrece la posibilidad política de la plurinacionalidad» y recurre «a la versión más abstracta (y me atrevería a decir, metafísica) del concepto de soberanía» al no «entrar a considerar su ejercicio real en el marco de la política constituida» y no haber considerado posible «que la soberanía de la nación española pueda ser compartida con otras soberanías nacionales dentro de España», mientras que el Constitucional nunca ha puesto ninguna objeción respecto a la cesión de soberanía a la Unión Europea .«El doble rasero del Tribunal Constitucional con respecto a la integración europea y el reconocimiento nacional de País Vasco y Cataluña refleja, no quizá en el orden jurídico, pero sí desde luego en el orden político, prejuicios ideológicos.
