[23]​[24]​ Los resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso,[25]​ como por la falta de ratificación por un órgano independiente.

[28]​ También se detectó el transporte de urnas sin precintar conteniendo votos en su interior,[29]​ así como urnas en la calle en las que cualquier ciudadano sin ningún control censal podía depositar votos.

Sin embargo nunca hubo nada concreto según declaró un alto dirigente del PDeCAT.

[60]​ Tras levantar la sesión la presidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, los diputados de las dos formaciones independentistas que contaban con la mayoría absoluta en la cámara, Junts pel Sí y la CUP, firmaron en una sala anexa al hemiciclo el documento que proclamaba la República Catalana como Estado independiente y pedía su reconocimiento internacional.

[63]​ También hizo una oferta —consensuada con el PSOE— para revaluar la situación de Cataluña en España y reformar en caso necesario la Constitución.

[73]​ También había contactado con dirigentes del PSC, como Miquel Iceta, que se ofreció a actuar como mediador con el gobierno de Mariano Rajoy.

La presidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell, intervino para oponerse a la convocatoria de elecciones: «Como mínimo, ya que hemos llegado hasta aquí, proclamemos la independencia y luego se disuelve el Parlament [para convocar elecciones]».

[76]​[77]​ Poco después se reunió la dirección de Esquerra Republicana con Oriol Junqueras al frente que acordó que si se convocaban elecciones ERC abandonaría el gobierno autonómico.

Al parecer Urkullu influyó en las dos cartas que envió Puigdemont a Rajoy en respuesta a su requerimiento sobre si había declarado o no la independencia en su intervención ante el parlamento autonómico el 10 de octubre.

[81]​ Al parecer la iniciativa de Urkullu se debió a la visita que recibió en Vitoria meses antes de la celebración del referéndum por parte de cuatro figuras destacadas del mundo económico catalán ―Emili Cuatrecasas, Joaquim Coello, Marian Puig y Juan José López Burniol― que le pidieron que mediara en el conflicto catalán.

Estas personas del mundo empresarial catalán también se entrevistaron con Puigdemont para pedirle que no proclamara la independencia.

[82]​ Urkullu intentó hablar personalmente con Mariano Rajoy el lunes 23 de octubre pero no lo consiguió.

Al día siguiente habló con el secretario general del PSOE Pedro Sánchez, que por su parte mantenía contactos con Marta Pascal ―y esta con Pablo Iglesias, el líder de Podemos―, pero aquel le dijo que todo dependía de Rajoy.

Los miembros del gobierno autonómico tuvieron en cuenta que las «estructuras de Estado» no estaban preparadas ya que no se había producido ningún avance en temas esenciales como la financiación, la seguridad o el reconocimiento internacional.

[93]​ En la mañana del sábado 28 de octubre Carles Puigdemont grabó un mensaje frente a la delegación de la Generalidad en Gerona en el que, aunque no habló de la República, dijo que no se consideraba cesado por la aplicación del artículo 155 porque «sólo lo puede hacer el Parlament» e hizo un llamamiento a la «oposición democrática» al 155.

Tampoco lo sabían en Esquerra Republicana de Cataluña cuya ejecutiva también se encontraba reunida aquella mañana.

Pronto se supo que siete consejeros del gobierno autonómico también se encontraban en Bruselas: Lluís Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Enseñanza), Toni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Meritxell Borràs (Gobernación), Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo).

[95]​ El jueves 2 de noviembre se presentaron ante la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Santi Vila.

Sólo se libró Santi Vila, ―que había dimitido el día anterior a la declaración de independencia― que solo pasó una noche en prisión porque salió al día siguiente tras pagar la fianza de 50.000 euros que había fijado la juez.

Estos se presentaron ante el juez en Bruselas el 5 de noviembre, quien decidió ponerlos en libertad con medidas cautelares, lo que contrastaba con la decisión de prisión provisional decretada por la juez Lamela contra los consejeros que habían permanecido en España y se habían presentado a declarar.

[97]​ Cuando el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se hizo cargo del caso puso en libertad con medidas cautelares el 4 de diciembre ―horas antes de que empezara la campaña electoral del 21-D― a los consejeros Rull, Turull, Romeva, Mundó, Borràs y Bassa, dejando en prisión al vicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn.

Catalunya Sí que es Pot, una coalición catalana de izquierdas integrada por Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos y Equo, así como la plataforma ciudadana Barcelona en Comú, se mostraban partidarios de abrir una negociación entre todas las partes para buscar un acuerdo común que fuera sometido a un referéndum pactado, legal y vinculante.

Igualmente se mostraron contrarios a la aplicación del artículo 155 en Cataluña incluso tras la declaración unilateral de independencia.

El PNV, partido nacionalista vasco cercano a PDeCAT, era partidario de respetar la decisión que tomara el Parlamento de Cataluña, si bien se mostraba favorable a una solución negociada entre todas las partes y que se evitaran actuaciones unilaterales.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo un importante papel mediador para intentar conseguir un acuerdo que frenara la Declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.