Historia de la organización territorial de España

Este nombre se conservó tras la caída del Imperio Romano como designación de la península bajo los godos y entre el mundo cristiano grecolatino.Tras la conquista árabe, la parte de la península controlada por estos se llamó, durante siglos, Al Ándalus o alternativamente Spania, aunque el proceso de Reconquista terminó eliminando estos nombres.Estos pueblos no realizaron ninguna división administrativa, organizándose como ciudades o tribus independientes entre sí.El reino musulmán se dividía en coras o kuras, todas las cuales dependían de alguna ciudad.Más tarde, según iba decayendo el poder musulmán, las coras se independizaron, creándose pequeños estados con su propio rey, los llamados reinos de taifas.Estas circunscripciones creadas a finales del siglo XVI, que reciben en ocasiones la denominación de provincias carecían de cualquier valor jurídico o administrativo y tenían un carácter meramente fiscal, por lo que se debe evitar confundir este concepto de provincia con el actual,[1]​ y no constituían en absoluto una división administrativa.El termino provincia en la península ibérica era polisémico y divergente en esta época, hasta la creación de las provincias actuales, donde se acotó el término, colocándose en un punto intermedio entre comarca y región.[2]​ Asimismo, también existían en la Corona de Castilla del siglo XVI otras estructuras, como los corregimientos, alcaldías mayores, diócesis, hermandades o señoríos.Había por tanto una división territorial caótica y atomizada, propia del antiguo régimen.[cita requerida] Veinte fueron las intendencias entonces creadas: las de La Coruña, León, Valladolid, Burgos, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Salamanca, Ávila, Guadalajara, Toledo, Madrid, Ciudad Real, Valencia, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Palma y Santa Cruz de Tenerife.El Estado liberal necesita una nueva ordenación del territorio, que le permita gobernar el país de manera uniforme, recaudar impuestos y crear un mercado único con leyes iguales para todos.[6]​ Las prefecturas recibirían nombres relativas a accidentes geográficos, fundamentalmente ríos y cabos.Esta división hacía tabla rasa de los condicionantes históricos, pero nunca llegó a entrar en vigor.Se crearon 38 prefecturas peninsulares más Baleares y Canarias: Aunque la Guerra de la Independencia impidió adoptar todas estas reformas, en 1812 un decreto permitió anexionar Cataluña a Francia hasta 1814 como una nueva región dividida en cuatro departamentos: En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre señorío y realengo, que a pesar de la restauración del absolutismo por parte de Fernando VII en 1814 no volverán a entrar en vigor.Al tiempo, las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones.El proyecto se encarga a los técnicos Felipe Bauzá y José Agustín de Larramendi.En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.Dividía el territorio español en 49 provincias a partir de un criterio racional, con un tamaño relativamente homogéneo y eliminando la mayor parte de los exclaves y enclaves propios del Antiguo Régimen.Destaca como principal diferencia que las islas Canarias no habían sido divididas en dos provincias hasta la fecha, siendo Santa Cruz de Tenerife su capital.Al ser una Constitución federal nada señala sobre las provincias, materia competencia de los Estados miembros.Su distribución era:[9]​ Siete años después hubo otro intento de regionalización que tampoco se llegó a consumar, en este caso promovido por Francisco Silvela.Todas las regiones, tanto las Autónomas (con estatuto) como las No Autónomas (sin estatuto), son reconocidas como tales en la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de 1933, que les otorgó el derecho a nombrar un vocal regional.