Historia de la configuración territorial de Andalucía
Se acuñó para designar el territorio peninsular que en esa época estaba bajo dominio musulmán, que era aproximadamente la actual Andalucía y la Región de Murcia.
En la mayoría de las lenguas extranjeras no hay distinción sistemática entre el nombre dado a la península ibérica bajo dominio musulmán y el actual de la comunidad autónoma.
[1][2] Sin embargo, como al-Ándalus y Andalucía son realidades históricas y geográficas distintas, y teniendo en cuenta que el vocablo al-Ándalus está plenamente integrado en el español actual, hoy día el Diccionario panhispánico de dudas establece la distinción entre ambos términos.
[3] El territorio de la actual Andalucía, era equivalente al que, en al-Ándalus, se denominaba Al-Mawsat o tierras del centro.
[4] Los pueblos protohistóricos que habitaron el territorio de la actual Andalucía fueron los Tartessos, Conios, Bastetanos, Oretanos, Turdetanos y Túrdulos.
A lo largo de la Historia, en el espacio geográfico que actualmente conforma Andalucía han existido distintos territorios anteriores al nacimiento de Andalucía, que son la Hispania Ulterior, la Bética y diversos estados andalusíes.
Durante el Imperio romano, la actual Andalucía formaba parte de Hispania.
En un primer momento la mayor parte de su territorio estaba en la llamada Hispania Ulterior.
Este último reino volvió a unir gran parte del sur peninsular con la progresiva incorporación de las taifas de Mértola, Huelva, del Algarve, Niebla, Algeciras, Silves, Ronda, Morón, Carmona, Arcos, Córdoba y Murcia.
Los almorávides unificaron bajo su poder todo al-Ándalus y ubicaron su capital en Granada.
Todas ellas fueron progresivamente sometidas por los almohades, que volvieron a unificar el territorio andalusí y establecieron su capital en Sevilla, aunque el Rey Lobo resistió en la taifa de Murcia entre 1147 y 1172.
Sin embargo su papel hegemónico acabó siendo ocupado por el reino nazarí de Granada, fundado por Alhamar.
Desde allí los meriníes hicieron numerosas incursiones a los territorios que estaban bajo dominio castellano, como Rota, Jerez de la Frontera y Écija.
Mientras los reyes nombran una administración unificada y común para los reinos andaluces (con notario mayor de Andalucía, adelantado mayor de Andalucía, capitán general, audiencia y arzobispado con sede en Sevilla), el reino de Granada recibió su propio notario mayor, su adelantado mayor del reino de Granada, su capitán general, su arzobispo, su propia Audiencia y la Chanchillería.
[10] La tradicional diferenciación entre el reino de Granada y Andalucía, tan usual a lo largo del siglo XVI, no se perdió con posterioridad, siendo frecuente en las descripciones geográficas y, sobre todo, en las cartográficas de toda la Edad Moderna.
Incluso en el siglo XIX diversos proyectos de división del territorio tomaron como centro la ciudad de Granada, sin bien ninguno se ciñó al territorio histórico del antiguo reino.
El mismo decreto que creó la división provincial agrupó a las provincias en regiones.
Así, las regiones definidas no tenían ningún tipo de competencia u órgano administrativo o jurisdiccional común a las provincias que agrupaba, teniendo la adscripción a regiones un carácter clasificatorio, sin pretensiones de operatividad administrativa.
Se trata de denominaciones usadas al menos desde principios del siglo XVII,[30] que dieron lugar en el mismo siglo a la locución "las dos Andalucías",[31] en alusión simplificada a ambas, de manera similar a lo que se hacía desde el XVI con "las dos Sicilias".
La alta y la baja Andalucía nunca han tenido efectos jurisdiccionales, aunque el Proyecto de Constitución Federal de 1873 abogaba por ello,[32] sin embargo es frecuente su uso en registros artísticos,[33][34] cultos y humanísticos.
[42][43][44] Generalmente se considera que la parte oriental está compuesta por las provincias de Almería, Jaén, Granada, mientras que la occidental lo está por las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz.
Según los artículos 92 y 93, estos "estados" tendrían una completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación, así como la facultad de darse una Constitución política.
Este proyecto pretendía dotar de mayores atribuciones no sólo a las entidades regionales, como el proyecto constitucional de 1873, sino también a las entidades municipales y provinciales.
Os sienten todas las muchachas que lloran a la tierna soleá enlutada.
