La Decimocuarta Enmienda ( Enmienda XIV ) a la Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 9 de julio de 1868 como una de las Enmiendas de Reconstrucción . Generalmente considerada una de las enmiendas más importantes, aborda los derechos de ciudadanía y la igualdad de protección ante la ley y fue propuesta en respuesta a cuestiones relacionadas con los estadounidenses anteriormente esclavizados después de la Guerra Civil estadounidense . La enmienda fue duramente impugnada, en particular por los estados de la derrotada Confederación , que se vieron obligados a ratificarla para recuperar la representación en el Congreso. La enmienda, en particular su primera sección, es una de las partes más litigadas de la Constitución y forma la base de decisiones históricas de la Corte Suprema como Brown v. Board of Education (1954) sobre la segregación racial, Loving v. Virginia (1967) sobre el matrimonio interracial , Roe v. Wade (1973) sobre el aborto ( anulada en 2022 ), Bush v. Gore (2000) sobre las elecciones presidenciales de 2000 , Obergefell v. Hodges (2015) sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y Students for Fair Admissions v. Harvard (2023) sobre las admisiones universitarias basadas en la raza. La enmienda limita las acciones de todos los funcionarios estatales y locales, y también de quienes actúan en nombre de dichos funcionarios.
La primera sección de la enmienda incluye la Cláusula de Ciudadanía , la Cláusula de Privilegios o Inmunidades , la Cláusula de Debido Proceso y la Cláusula de Igual Protección . La Cláusula de Ciudadanía define ampliamente la ciudadanía, reemplazando la decisión de la Corte Suprema en Dred Scott v. Sandford (1857), que había sostenido que los estadounidenses descendientes de esclavos africanos no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. Desde los casos de los mataderos (1873), la Cláusula de Privilegios o Inmunidades ha sido interpretada de manera que tenga muy poca influencia.
La cláusula del debido proceso prohíbe a los gobiernos estatales y locales privar a las personas de la vida, la libertad o la propiedad sin un procedimiento justo. La Corte Suprema ha dictaminado que esta cláusula hace que la mayor parte de la Carta de Derechos sea aplicable a los estados como lo es al gobierno federal, así como también reconoce los requisitos sustantivos y procesales que las leyes estatales deben satisfacer. La cláusula de protección igualitaria requiere que cada estado proporcione protección igualitaria ante la ley a todas las personas, incluidos los no ciudadanos, dentro de su jurisdicción . Esta cláusula ha sido la base de muchas decisiones que rechazan la discriminación contra personas pertenecientes a diversos grupos.
Las secciones segunda, tercera y cuarta de la enmienda rara vez se litigan. Sin embargo, la referencia de la segunda sección a "rebelión u otro delito" se ha invocado como fundamento constitucional para la privación del derecho al voto por delitos graves . Se sostuvo, en Trump v. Anderson (2024), que solo el gobierno federal puede hacer cumplir la sección tres y no los estados. La cuarta sección se sostuvo, en Perry v. United States (1935), para prohibir al Congreso derogar un contrato de deuda contraído por un Congreso anterior. La quinta sección le da al Congreso el poder de hacer cumplir las disposiciones de la enmienda mediante "legislación apropiada"; sin embargo, en City of Boerne v. Flores (1997), este poder no puede usarse para contradecir una decisión de la Corte Suprema que interprete la enmienda. Las Enmiendas de Reconstrucción y, por lo tanto, la Decimocuarta Enmienda "fueron diseñadas específicamente como una expansión del poder federal y una intrusión en la soberanía estatal". [1] Las Enmiendas de Reconstrucción afectaron la división constitucional de poder entre los gobiernos estatales de los EE. UU. y el gobierno federal de los Estados Unidos , [2] porque "La Decimocuarta Enmienda 'expandió el poder federal a expensas de la autonomía estatal' y, por lo tanto, 'alteró fundamentalmente el equilibrio del poder estatal y federal alcanzado por la Constitución ' " ( Seminole Tribe of Fla. v. Florida , 517 US 44, 59 (1996); véase también Ex parte Virginia , 100 US 339, 345 (1880). [3] ).
Sección 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen. Ningún Estado promulgará ni aplicará ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes.
La sección 1 [5] de la enmienda define formalmente la ciudadanía estadounidense y también protege varios derechos civiles de ser restringidos o negados por cualquier estado o actor estatal . La enmienda no aborda la restricción o negación de esos derechos civiles por parte de personas privadas. La Corte Suprema sostuvo en Civil Rights Cases (1883) [6] que la enmienda se limitaba a la "acción estatal" y, por lo tanto, no autorizaba al Congreso a prohibir la discriminación racial por parte de individuos u organizaciones privadas. Sin embargo, el Congreso a veces puede llegar a esa discriminación a través de otras partes de la Constitución, como la Cláusula de Comercio que el Congreso utilizó para promulgar la Ley de Derechos Civiles de 1964 ; la Corte Suprema confirmó este enfoque en Heart of Atlanta Motel v. United States (1964).
El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Joseph P. Bradley comentó en Civil Rights Cases que "la invasión individual de los derechos individuales no es el objeto de la [Decimocuarta] Enmienda. Tiene un alcance más profundo y amplio. Anula y deja sin efecto toda legislación estatal y toda acción estatal de cualquier tipo que menoscabe los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, o que les afecte en su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, o que niegue a cualquiera de ellos la protección igualitaria de las leyes". [7]
Los republicanos radicales que propusieron la Decimotercera Enmienda esperaban garantizar amplios derechos civiles y humanos para las personas recién liberadas, pero su alcance fue cuestionado incluso antes de que entrara en vigor. [8] Los redactores de la Decimocuarta Enmienda querían que estos principios quedaran consagrados en la Constitución para proteger la nueva Ley de Derechos Civiles de ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema y también para impedir que un futuro Congreso la modificara mediante un simple voto mayoritario. [9] [10]
Esta sección también se adoptó como respuesta a la violencia contra los negros en los estados del sur . El Comité Conjunto de Reconstrucción determinó que sólo una enmienda constitucional podía proteger los derechos y el bienestar de los negros en esos estados. [11] La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó en Shelley v. Kraemer (1948) que se debe tener en cuenta el contexto histórico que condujo a la adopción de la Decimocuarta Enmienda, que este contexto histórico revela el propósito fundamental de la Enmienda y que las disposiciones de la Enmienda deben interpretarse a la luz de este propósito fundamental. [12] En su decisión, la Corte dijo:
No debe olvidarse el contexto histórico en el que la Decimocuarta Enmienda pasó a formar parte de la Constitución. Cualquiera que sea el objetivo de los redactores, es evidente que la cuestión de interés primordial era el establecimiento de la igualdad en el disfrute de los derechos civiles y políticos básicos y la preservación de esos derechos frente a la acción discriminatoria por parte de los Estados basada en consideraciones de raza o color. [...] [L]as disposiciones de la Enmienda deben interpretarse teniendo presente este propósito fundamental. [13]
La Sección 1 ha sido la parte más frecuentemente litigada de la enmienda, [14] y esta enmienda a su vez ha sido la parte más frecuentemente litigada de la Constitución. [15] [16] El autor principal de la primera sección de la Decimocuarta Enmienda fue John Bingham . [17] [18]
La Cláusula de Ciudadanía anuló la decisión Dred Scott de la Corte Suprema de que las personas negras no eran ciudadanos y no podían convertirse en ciudadanos, ni disfrutar de los beneficios de la ciudadanía. [19] [20] Algunos miembros del Congreso votaron a favor de la Decimocuarta Enmienda para eliminar dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Derechos Civiles de 1866 , [21] [22] [23] o para asegurar que ningún Congreso posterior pudiera derogar o alterar las principales disposiciones de esa Ley. [24] [25] La Ley de Derechos Civiles de 1866 había otorgado la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos si no estaban sujetas a una potencia extranjera, y esta cláusula de la Decimocuarta Enmienda constitucionalizó esta regla. Según Garrett Epps , profesor de derecho constitucional en la Universidad de Baltimore, "Solo un grupo no está 'sujeto a la jurisdicción' [de los Estados Unidos]: los diplomáticos extranjeros acreditados y sus familias, que pueden ser expulsados por el gobierno federal pero no arrestados o juzgados". [20] La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó en Elk v. Wilkins (1884), con respecto al propósito de la Cláusula de Ciudadanía y las palabras "personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos" y "sujetas a su jurisdicción", en este contexto:
El objeto principal de la frase inicial de la Decimocuarta Enmienda era resolver la cuestión, sobre la cual había habido una diferencia de opinión en todo el país y en esta Corte, en cuanto a la ciudadanía de los negros libres ( Scott v. Sandford , 19 How. 393), y dejar fuera de toda duda que todas las personas, blancas o negras , y ya sean ex esclavas o no, nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sin deber lealtad a ninguna potencia extranjera, deberían ser ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Slaughterhouse Cases , 16 Wall. 36, 83 US 73; Strauder v. West Virginia , 100 US 303, 100 US 306. Esta sección contempla dos fuentes de ciudadanía, y sólo dos fuentes: nacimiento y naturalización. Las personas declaradas ciudadanas son "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos". El significado evidente de estas últimas palabras no es simplemente estar sujetos en algún aspecto o grado a la jurisdicción de los Estados Unidos, sino estar completamente sujetos a su jurisdicción política y debiéndoles lealtad directa e inmediata. Y las palabras se relacionan con el momento del nacimiento en un caso, como lo hacen con el momento de la naturalización en el otro. Las personas que no están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos en el momento del nacimiento no pueden llegar a estarlo después, excepto si se naturalizan, ya sea individualmente, como por los procedimientos conforme a las leyes de naturalización , o colectivamente, como por la fuerza de un tratado por el cual se adquiere territorio extranjero. [26]
Existen diversas interpretaciones de la intención original del Congreso y de los estados ratificantes, basadas en las declaraciones hechas durante el debate del Congreso sobre la enmienda, así como en las costumbres y entendimientos prevalecientes en ese momento. [27] [28] Algunas de las principales cuestiones que han surgido sobre esta cláusula son el grado en que incluía a los nativos americanos , su cobertura de los no ciudadanos presentes legalmente en los Estados Unidos cuando tienen un hijo, si la cláusula permite la revocación de la ciudadanía y si la cláusula se aplica a los inmigrantes ilegales . [29]
El historiador Eric Foner , que ha explorado la cuestión de la ciudadanía estadounidense por nacimiento en su relación con otros países, sostiene que:
Muchas de las cosas que se consideran exclusivas de Estados Unidos (por ejemplo, la devoción a la libertad individual o a las oportunidades sociales) existen en otros países, pero la ciudadanía por derecho de nacimiento hace que Estados Unidos (junto con Canadá) sea único en el mundo desarrollado. ... La ciudadanía por derecho de nacimiento es una expresión del compromiso con la igualdad y la expansión de la conciencia nacional que marcó la Reconstrucción ... La ciudadanía por derecho de nacimiento es un legado de la lucha titánica de la era de la Reconstrucción por crear una democracia genuina basada en el principio de la igualdad. [30]
Garrett Epps también destaca, como Eric Foner, el aspecto de igualdad de la Decimocuarta Enmienda:
Su eje central es la idea de que la ciudadanía en los Estados Unidos es universal : somos una nación, con una clase de ciudadanos, y que la ciudadanía se extiende a todos los nacidos aquí. Los ciudadanos tienen derechos que ni el gobierno federal ni ningún estado pueden revocar a voluntad; incluso los inmigrantes indocumentados —"personas", en el lenguaje de la enmienda— tienen derecho al debido proceso y a la protección igualitaria de la ley. [20]
Durante el debate original en el Congreso sobre la enmienda, el senador Jacob M. Howard de Michigan (autor de la cláusula de ciudadanía) [31] describió la cláusula como si tuviera el mismo contenido, a pesar de la redacción diferente, que la anterior Ley de Derechos Civiles de 1866, es decir, que excluye a los nativos americanos que mantienen sus lazos tribales y a las "personas nacidas en los Estados Unidos que son extranjeras, forasteras, que pertenecen a las familias de embajadores o ministros de asuntos exteriores". [32] Según el historiador Glenn W. LaFantasie de la Western Kentucky University , "un buen número de sus compañeros senadores apoyaron su punto de vista sobre la cláusula de ciudadanía". [31] Otros también estuvieron de acuerdo en que los hijos de embajadores y ministros de asuntos exteriores debían ser excluidos. [33] [34]
El senador James Rood Doolittle de Wisconsin afirmó que todos los nativos americanos estaban sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos, por lo que la frase "los indios no pagan impuestos" sería preferible, [35] pero el presidente del Comité Judicial del Senado, Lyman Trumbull y Howard, lo cuestionaron, argumentando que el gobierno federal no tenía jurisdicción total sobre las tribus nativas americanas, que se gobiernan a sí mismas y hacen tratados con los Estados Unidos. [36] [37] En Elk v. Wilkins (1884), [38] se puso a prueba el significado de la cláusula en relación con si el nacimiento en los Estados Unidos extendía automáticamente la ciudadanía nacional. La Corte Suprema sostuvo que los nativos americanos que abandonaban voluntariamente sus tribus no obtenían automáticamente la ciudadanía nacional. [39] La cuestión se resolvió con la aprobación de la Ley de Ciudadanía India de 1924 , que otorgó la ciudadanía estadounidense plena a los pueblos indígenas. [40]
La Decimocuarta Enmienda dispone que los niños nacidos en los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción se convierten en ciudadanos estadounidenses al nacer. El principal redactor de la Constitución, John Armor Bingham, dijo durante el 39.º Congreso de los Estados Unidos dos años antes de su aprobación: [41]
No encuentro ningún defecto en la cláusula introductoria, que es simplemente declaratoria de lo que está escrito en la Constitución, de que todo ser humano nacido dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de padres que no deban lealtad a ninguna soberanía extranjera es, en el lenguaje de su propia Constitución, un ciudadano por nacimiento; pero, señor, se me puede permitir decir además que niego que el Congreso de los Estados Unidos haya tenido alguna vez el poder, o la apariencia de poder, para decir que cualquier hombre nacido dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, que no deba lealtad a ningún país extranjero , no es ni será ciudadano de los Estados Unidos. [énfasis añadido]
En el momento de la aprobación de la enmienda, el presidente Andrew Johnson y tres senadores, incluido Trumbull, el autor de la Ley de Derechos Civiles, afirmaron que tanto la Ley de Derechos Civiles [42] [43] como la Decimocuarta Enmienda otorgarían la ciudadanía a los niños nacidos de extranjeros en los Estados Unidos. [44] [45] El senador Edgar Cowan de Pensilvania tenía una opinión decididamente diferente. [46] Algunos académicos discuten si la Cláusula de Ciudadanía debería aplicarse a los hijos de inmigrantes no autorizados en la actualidad, ya que "el problema ... no existía en ese momento". [47] En el siglo XXI, el Congreso ha discutido ocasionalmente la aprobación de un estatuto o una enmienda constitucional para reducir la práctica del " turismo de nacimiento ", en el que un extranjero da a luz en los Estados Unidos para obtener la ciudadanía del niño. [48]
El significado de la cláusula con respecto a un hijo de inmigrantes fue puesto a prueba en Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898). [49] La Corte Suprema sostuvo que, en virtud de la Decimocuarta Enmienda, un hombre nacido en los Estados Unidos de ciudadanos chinos que tienen un domicilio y residencia permanentes en los Estados Unidos y realizan negocios en los Estados Unidos —y cuyos padres no fueron empleados en una función diplomática u otra función oficial por una potencia extranjera— era ciudadano de los Estados Unidos. Decisiones posteriores han aplicado el principio a los hijos de extranjeros de ascendencia no china. [50]
Según el Manual de Asuntos Exteriores , publicado por el Departamento de Estado , "A pesar de la creencia popular generalizada , las instalaciones militares estadounidenses en el extranjero y las instalaciones diplomáticas o consulares estadounidenses en el extranjero no son parte de los Estados Unidos en el sentido de la [Decimocuarta] Enmienda". [51]
La pérdida de la ciudadanía nacional sólo es posible en las siguientes circunstancias:
Durante gran parte de la historia del país, la adquisición o el ejercicio voluntario de una ciudadanía extranjera se consideró causa suficiente para la revocación de la ciudadanía nacional. [55] Este concepto fue consagrado en una serie de tratados entre los Estados Unidos y otros países (los Tratados Bancroft ). Sin embargo, la Corte Suprema repudió este concepto en Afroyim v. Rusk (1967), [56] así como en Vance v. Terrazas (1980), [57] sosteniendo que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda prohibía al Congreso revocar la ciudadanía. Sin embargo, se ha argumentado que el Congreso puede revocar la ciudadanía que haya otorgado previamente a una persona no nacida en los Estados Unidos. [58]
La Cláusula de Privilegios o Inmunidades, que protege los privilegios e inmunidades de la ciudadanía nacional de la interferencia de los estados, fue diseñada a partir de la Cláusula de Privilegios e Inmunidades del Artículo IV, que protege los privilegios e inmunidades de la ciudadanía estatal de la interferencia de otros estados. [59] En los Casos del Matadero (1873), [59] la Corte Suprema concluyó que la Constitución reconocía dos tipos separados de ciudadanía: "ciudadanía nacional" y "ciudadanía estatal", y la Corte sostuvo que la Cláusula de Privilegios o Inmunidades prohíbe a los estados interferir únicamente con los privilegios e inmunidades poseídos en virtud de la ciudadanía nacional. [59] [60] La Corte concluyó que los privilegios e inmunidades de la ciudadanía nacional incluían únicamente aquellos derechos que "deben su existencia al gobierno federal, su carácter nacional, su Constitución o sus leyes". [59] La Corte reconoció pocos de esos derechos, incluyendo el acceso a puertos marítimos y vías navegables, el derecho a postularse para un cargo federal, la protección del gobierno federal mientras se está en alta mar o en la jurisdicción de un país extranjero, el derecho a viajar a la sede del gobierno, el derecho a reunirse pacíficamente y presentar peticiones al gobierno, el privilegio del recurso de hábeas corpus y el derecho a participar en la administración del gobierno. [59] [60] Esta decisión no ha sido revocada y ha sido reafirmada específicamente varias veces. [61] En gran parte como resultado de la estrechez de la opinión de Slaughter-House , esta cláusula posteriormente permaneció inactiva durante más de un siglo. [62]
En Saenz v. Roe (1999), [63] la Corte dictaminó que un componente del " derecho a viajar " está protegido por la Cláusula de Privilegios o Inmunidades:
A pesar de las opiniones fundamentalmente diferentes sobre el alcance de la cláusula de privilegios o inmunidades de la Decimocuarta Enmienda, expresadas de forma más notable en las opiniones mayoritarias y disidentes en los casos de los mataderos (1873), siempre ha habido consenso en que esta cláusula protege el tercer componente del derecho a viajar. Escribiendo para la mayoría en los casos de los mataderos , el juez Miller explicó que uno de los privilegios conferidos por esta cláusula "es que un ciudadano de los Estados Unidos puede, por su propia voluntad, convertirse en ciudadano de cualquier estado de la Unión mediante una residencia de buena fe en el mismo, con los mismos derechos que los demás ciudadanos de ese estado". (énfasis añadido)
El juez Miller escribió en los casos Slaughter-House que el derecho a convertirse en ciudadano de un estado (al residir en ese estado) "es conferido por el mismo artículo en consideración" (énfasis añadido), en lugar de por la "cláusula" en consideración. [59] [64]
En McDonald v. Chicago (2010), el juez Clarence Thomas , si bien coincidió con la mayoría en la incorporación de la Segunda Enmienda contra los estados, declaró que había llegado a esta conclusión a través de la Cláusula de Privilegios o Inmunidades en lugar de la Cláusula del Debido Proceso. Randy Barnett se ha referido a la opinión concurrente del juez Thomas como una "restauración completa" de la Cláusula de Privilegios o Inmunidades. [65]
En Timbs v. Indiana (2019), el juez Thomas y el juez Neil Gorsuch , en opiniones concurrentes separadas, declararon que la Cláusula de Multas Excesivas de la Octava Enmienda se incorporó contra los estados a través de la Cláusula de Privilegios o Inmunidades en lugar de la Cláusula del Debido Proceso. [66]
El debido proceso se ocupa de la administración de justicia y, por lo tanto, la cláusula del debido proceso actúa como una salvaguarda contra la negación arbitraria de la vida, la libertad o la propiedad por parte del gobierno fuera de la sanción de la ley. [67] [68] [69] La Corte Suprema ha descrito el debido proceso en consecuencia como "la protección del individuo contra la acción arbitraria". [70] En 1855, la Corte Suprema explicó que, para determinar si un proceso es debido, el primer paso es "examinar la constitución misma, para ver si este proceso está en conflicto con alguna de sus disposiciones". [71] En Hurtado v. California (1884), la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo: [72]
El debido proceso legal en la [Decimocuarta Enmienda] se refiere a aquella ley del país en cada estado que deriva su autoridad de los poderes inherentes y reservados del estado, ejercidos dentro de los límites de aquellos principios fundamentales de libertad y justicia que se encuentran en la base de todas nuestras instituciones civiles y políticas, y cuya mayor seguridad reside en el derecho del pueblo a hacer sus propias leyes y modificarlas a su gusto.
El debido proceso no se ha reducido a ninguna fórmula; su contenido no puede determinarse por referencia a ningún código. Lo mejor que puede decirse es que, a lo largo de las decisiones de este Tribunal, ha representado el equilibrio que nuestra Nación, construida sobre postulados de respeto a la libertad del individuo, ha logrado entre esa libertad y las demandas de la sociedad organizada. Si bien el suministro de contenido a este concepto constitucional ha sido necesariamente un proceso racional, ciertamente no ha sido uno en el que los jueces se hayan sentido libres de vagar por donde la especulación sin guía pudiera llevarlos. El equilibrio del que hablo es el equilibrio logrado por este país, teniendo en cuenta lo que la historia enseña que son las tradiciones de las que se desarrolló, así como las tradiciones de las que se separó. Esa tradición es algo vivo. Una decisión de este Tribunal que se aparte radicalmente de ella no podría sobrevivir mucho tiempo, mientras que una decisión que se base en lo que ha sobrevivido es probable que sea sólida. Ninguna fórmula podría servir como sustituto, en esta área, del juicio y la moderación.
— El juez John M. Harlan II en su opinión disidente en el caso Poe v. Ullman (1961). [73]
La cláusula del debido proceso se ha utilizado para derribar leyes . Por ejemplo, las enmiendas quinta y decimocuarta no prohíben la regulación gubernamental para el bienestar público. En cambio, sólo dirigen el proceso por el cual se lleva a cabo dicha regulación. Como la Corte ha sostenido anteriormente, dicho debido proceso "exige únicamente que la ley no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa, y que los medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con el objetivo que se busca alcanzar". [74] A pesar de la cita anterior, la cláusula del debido proceso permite a la Corte Suprema ejercer su poder de revisión judicial , "porque la Corte ha sostenido que la cláusula del debido proceso es aplicable a cuestiones de derecho sustantivo así como a cuestiones de procedimiento". [75] El juez Louis Brandeis observó en su opinión concurrente en Whitney v. California , 274 US 357, 373 (1927), que "[a] pesar de los argumentos en contrario que me habían parecido persuasivos, está establecido que la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda se aplica a cuestiones de derecho sustantivo así como a cuestiones de procedimiento. Por lo tanto, todos los derechos fundamentales comprendidos dentro del término libertad están protegidos por la Constitución Federal contra la invasión por parte de los Estados". [76]
La cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda se aplica sólo contra los estados, pero por lo demás es textualmente idéntica a la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda , que se aplica contra el gobierno federal; ambas cláusulas han sido interpretadas para abarcar doctrinas idénticas de debido proceso procesal y debido proceso sustantivo . [77] El debido proceso procesal es la garantía de un proceso legal justo cuando el gobierno intenta interferir con los intereses protegidos de una persona en la vida, la libertad o la propiedad, y el debido proceso sustantivo es la garantía de que los derechos fundamentales de los ciudadanos no serán invadidos por el gobierno. [78] Además, como observó el juez John M. Harlan II en su opinión disidente en Poe v. Ullman , 367 US 497, 541 (1961), citando Hurtado v. California , 110 US 516, 532 (1884), "las garantías del debido proceso, aunque tienen sus raíces en el 'per legem terrae' de la Carta Magna y se consideran salvaguardas procesales 'contra la usurpación y la tiranía ejecutiva', en este país 'se han convertido también en baluartes contra la legislación arbitraria'". [79] En Planned Parenthood v. Casey (1992) se observó: "Aunque una lectura literal de la Cláusula podría sugerir que rige únicamente los procedimientos por los cuales un Estado puede privar a las personas de la libertad, durante al menos 105 años, desde Mugler v. Kansas , 123 US 623, 660-661 (1887), se ha entendido que la Cláusula contiene también un componente sustantivo, uno que "prohíba ciertas acciones gubernamentales independientemente de la imparcialidad de los procedimientos utilizados para implementarlas". Daniels v. Williams , 474 US 327, 331 (1986)." [80] La Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda también incorpora la mayoría de las disposiciones de la Carta de Derechos , que originalmente se aplicaban únicamente contra el gobierno federal, y las aplica contra los estados. [81] La Corte Suprema afirmó en Zadvydas v. Davis (2001) que la libertad de no ser encarcelado (de la custodia gubernamental, la detención u otras formas de restricción física) se encuentra en el corazón de la libertad que protege la cláusula del debido proceso. [82] La cláusula del debido proceso se aplica independientemente de que uno sea ciudadano de los Estados Unidos de América o no, [20] "porque la cláusula del debido proceso se aplica a todas las "personas" dentro de los Estados Unidos, incluidos los extranjeros, ya sea que su presencia aquí sea legal, ilegal, temporal o permanente". [83]
La Corte Suprema de los Estados Unidos interpreta las cláusulas de manera amplia y concluye que estas cláusulas brindan tres protecciones: debido proceso procesal (en procedimientos civiles y penales); debido proceso sustantivo ; y como vehículo para la incorporación de la Declaración de Derechos . [84]
A partir de Allgeyer v. Louisiana (1897), [85] la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó la Cláusula del Debido Proceso como una cláusula que brinda protección sustancial a los contratos privados, prohibiendo así una variedad de regulaciones sociales y económicas; este principio se denominó " libertad de contrato ". [ cita requerida ] Un tribunal unánime sostuvo con respecto al sustantivo "libertad" mencionado en la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda:
La "libertad" mencionada en la enmienda [decimocuarta] significa no sólo el derecho del ciudadano a estar libre de la mera restricción física de su persona, como por ejemplo el encarcelamiento, sino que se considera que el término abarca el derecho del ciudadano a ser libre en el disfrute de todas sus facultades, a ser libre de usarlas de todas las formas legales, a vivir y trabajar donde quiera, a ganarse la vida mediante cualquier ocupación legal, a dedicarse a cualquier medio de vida o vocación y, con ese fin, a celebrar todos los contratos que puedan ser adecuados, necesarios y esenciales para llevar a cabo con éxito los fines mencionados anteriormente. [86]
Apoyándose en el principio de "libertad de contrato", la Corte anuló una ley que decretaba un máximo de horas para los trabajadores de una panadería en Lochner v. New York (1905) [87] y anuló una ley de salario mínimo en Adkins v. Children's Hospital (1923). [88] En Meyer v. Nebraska (1923), [89] la Corte declaró que la "libertad" protegida por la Cláusula del Debido Proceso
[s]in duda... denota no sólo la libertad de restricción corporal sino también el derecho del individuo a contratar, a participar en cualquiera de las ocupaciones comunes de la vida, a adquirir conocimiento útil, a casarse, establecer un hogar y criar hijos, a adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia y, en general, a disfrutar de aquellos privilegios reconocidos desde hace mucho tiempo en el derecho consuetudinario como esenciales para la búsqueda ordenada de la felicidad por parte de los hombres libres. [90]
Sin embargo, la Corte sí confirmó algunas regulaciones económicas, como las leyes de prohibición estatales ( Mugler v. Kansas , 1887), [91] leyes que declaraban el máximo de horas para los mineros ( Holden v. Hardy , 1898), [92] leyes que declaraban el máximo de horas para las trabajadoras ( Muller v. Oregon , 1908), [93] y la intervención del presidente Woodrow Wilson en una huelga ferroviaria ( Wilson v. New , 1917), [94] así como leyes federales que regulaban los narcóticos ( Estados Unidos v. Doremus , 1919). [95] La Corte repudió, pero no anuló explícitamente, la línea de casos de "libertad de contrato" en West Coast Hotel v. Parrish (1937). [96] En su decisión, la Corte declaró:
La Constitución no habla de libertad de contratación, sino de libertad y prohíbe la privación de la libertad sin el debido proceso legal. Al prohibir esa privación, la Constitución no reconoce una libertad absoluta e incontrolable. La libertad en cada una de sus fases tiene su historia y su connotación, pero la libertad salvaguardada es la libertad en una organización social que requiere la protección de la ley contra los males que amenazan la salud, la seguridad, la moral y el bienestar del pueblo. La libertad bajo la Constitución está, por lo tanto, necesariamente sujeta a las restricciones del debido proceso, y la regulación que es razonable en relación con su objeto y se adopta en interés de la comunidad es el debido proceso. Esta limitación esencial de la libertad en general rige la libertad de contratación en particular. [97]
La Corte ha interpretado el término "libertad" en las Cláusulas de Debido Proceso de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de manera amplia en Bolling v. Sharpe (1954):
Aunque la Corte no se ha atrevido a definir la "libertad" con gran precisión, ese término no se limita a la mera libertad de no estar sujeto a restricciones físicas. La libertad bajo la ley se extiende a toda la gama de conductas que el individuo es libre de seguir, y no puede restringirse excepto por un objetivo gubernamental adecuado. [98] [99]
En Poe v. Ullman (1961), el juez disidente John Marshall Harlan II adoptó una visión amplia de la "libertad" protegida por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda:
[E]l alcance total de la libertad garantizada por la cláusula del debido proceso no puede encontrarse en los términos precisos de las garantías específicas previstas en otras partes de la Constitución ni puede limitarse por ellos. Esta "libertad" no es una serie de puntos aislados señalados en términos de la confiscación de la propiedad; la libertad de expresión, prensa y religión; el derecho a poseer y portar armas; la libertad de registros e incautaciones irrazonables; etc. Es un continuo racional que, en términos generales, incluye la libertad de todas las imposiciones arbitrarias sustanciales y restricciones sin propósito ... y que también reconoce, como debe hacerlo un juicio razonable y sensible, que ciertos intereses requieren un escrutinio particularmente cuidadoso de las necesidades estatales alegadas para justificar su limitación. [100]
El debido proceso legal no implica, por tanto, requisitos formales, fijos ni estrechos. Es la expresión compendiosa de todos aquellos derechos que los tribunales deben hacer cumplir porque son básicos para nuestra sociedad libre. Pero los derechos básicos no se petrifican de un momento a otro, aunque, como cuestión de experiencia humana, algunos no puedan calificarse retóricamente de verdades eternas. Es propio de la naturaleza misma de una sociedad libre avanzar en sus estándares de lo que se considera razonable y correcto. Al representar un principio vivo, el debido proceso no se limita a un catálogo permanente de lo que en un momento dado puede considerarse los límites o los elementos esenciales de los derechos fundamentales.
— El juez Felix Frankfurter pronunciando la opinión del tribunal en el caso Wolf v. Colorado (1949). [101]
Aunque la "libertad de contrato" descrita anteriormente ha caído en desuso, en la década de 1960, la Corte había ampliado su interpretación del debido proceso sustantivo para incluir otros derechos y libertades que no están enumerados en la Constitución pero que, según la Corte, extienden o derivan de derechos existentes. [ cita requerida ] Por ejemplo, la Cláusula del Debido Proceso es también la base de un derecho constitucional a la privacidad . La Corte dictaminó por primera vez que la privacidad estaba protegida por la Constitución en Griswold v. Connecticut (1965), que revocó una ley de Connecticut que penalizaba el control de la natalidad . [102] Mientras que el juez William O. Douglas escribió para la mayoría que el derecho a la privacidad se encontraba en las "penumbras" de varias disposiciones de la Declaración de Derechos, los jueces Arthur Goldberg y John Marshall Harlan II escribieron en opiniones concurrentes que la "libertad" protegida por la Cláusula del Debido Proceso incluía la privacidad individual. [103] La amplia visión de la libertad antes mencionada, adoptada por el juez disidente John Marshall Harlan II en Poe v. Ullman (1961), fue adoptada por la Corte Suprema en Griswold v. Connecticut . [104]
El derecho a la privacidad fue la base del caso Roe v. Wade (1973), [105] en el que la Corte invalidó una ley de Texas que prohibía el aborto excepto para salvar la vida de la madre. Al igual que las opiniones concurrentes de Goldberg y Harlan en Griswold , la opinión mayoritaria redactada por el juez Harry Blackmun ubicó el derecho a la privacidad en la protección de la libertad de la Cláusula del Debido Proceso. La decisión desautorizó muchas restricciones estatales y federales al aborto, y se convirtió en una de las más controvertidas en la historia de la Corte. [106] En Planned Parenthood v. Casey (1992), [107] la Corte decidió que "la decisión esencial de Roe v. Wade debe mantenerse y reafirmarse una vez más". [108] La Corte anuló tanto Roe como Casey en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (2022). [109]
En Lawrence v. Texas (2003), [110] la Corte determinó que una ley de Texas contra las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo violaba el derecho a la privacidad. [111] En Obergefell v. Hodges (2015), la Corte determinó que el derecho fundamental al matrimonio incluía que las parejas del mismo sexo pudieran casarse. [112]
Cuando el gobierno intenta perjudicar el interés de libertad o propiedad protegidos de una persona, la Corte Suprema ha sostenido que el debido proceso procesal requiere que, como mínimo, el gobierno proporcione a la persona una notificación, una oportunidad de ser escuchada en una audiencia oral y una decisión por parte de un decisor neutral. Por ejemplo, dicho proceso se debe realizar cuando una agencia gubernamental busca despedir a empleados del servicio civil, expulsar a un estudiante de la escuela pública o cortar los beneficios de un beneficiario de la asistencia social. [113] [114] La Corte también ha dictaminado que la Cláusula del Debido Proceso requiere que los jueces se recusen en casos en los que el juez tenga un conflicto de intereses . Por ejemplo, en Caperton v. AT Massey Coal Co. (2009), [115] la Corte dictaminó que un juez de la Corte Suprema de Apelaciones de West Virginia tenía que recusarse de un caso que involucraba a un importante contribuyente a su campaña para la elección a esa corte. [116]
Aunque muchas constituciones estatales se basan en la Constitución de los Estados Unidos y en las leyes federales, esas constituciones estatales no necesariamente incluían disposiciones comparables a las de la Carta de Derechos . En Barron v. Baltimore (1833), [117] la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que la Carta de Derechos limitaba únicamente al gobierno federal, no a los estados. [118] Sin embargo, la Corte Suprema ha sostenido posteriormente que la mayoría de las disposiciones de la Carta de Derechos se aplican a los estados a través de la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda bajo una doctrina llamada " incorporación ". [81]
Los historiadores legales han debatido si los redactores de la enmienda, como John Bingham, tenían la intención de incorporar la legislación. [119] Según el erudito legal Akhil Reed Amar , los redactores y los primeros partidarios de la Decimocuarta Enmienda creían que garantizaría que los estados estuvieran obligados a reconocer los mismos derechos individuales que el gobierno federal; todos estos derechos probablemente se entendían como comprendidos dentro de los "privilegios o inmunidades" salvaguardados por la enmienda. [120]
En la segunda mitad del siglo XX, casi todos los derechos de la Carta de Derechos se habían aplicado a los estados. [121] La Corte Suprema ha sostenido que la Cláusula del Debido Proceso de la enmienda incorpora todas las protecciones sustantivas de la Primera , Segunda , Cuarta , Quinta (excepto su Cláusula del Gran Jurado ) y Sexta Enmiendas, junto con la Cláusula de Multas Excesivas y la Cláusula de Castigo Cruel e Inusual de la Octava Enmienda. [122] Si bien la Tercera Enmienda no ha sido aplicada a los estados por la Corte Suprema, el Segundo Circuito dictaminó que sí se aplicaba a los estados dentro de la jurisdicción de ese circuito en Engblom v. Carey . [123] Se ha sostenido que el derecho a juicio por jurado en casos civiles de la Séptima Enmienda no es aplicable a los estados, [122] [124] pero la Cláusula de Reexamen de la enmienda se aplica a "un caso juzgado ante un jurado en un tribunal estatal y llevado a la Corte Suprema en apelación". [125]
La cláusula de multas excesivas de la Octava Enmienda se convirtió en el último derecho en incorporarse cuando la Corte Suprema dictaminó en Timbs v. Indiana (2019) que ese derecho se aplicaba a los estados. [126]
La Cláusula de Igual Protección se creó en gran medida como respuesta a la falta de igualdad de protección proporcionada por la ley en los estados con Códigos Negros . Bajo los Códigos Negros, los negros no podían demandar, dar testimonio o ser testigos. También eran castigados más severamente que los blancos. [127] [128] La Corte Suprema en Strauder v. West Virginia (1880) dijo que la Decimocuarta Enmienda no solo dio ciudadanía y los privilegios de ciudadanía a las personas de color, sino que negó a cualquier Estado el poder de negarles la igualdad de protección de las leyes, y autorizó al Congreso a hacer cumplir sus disposiciones mediante la legislación apropiada. [129] En esta decisión, la Corte Suprema declaró específicamente que la Cláusula de Igual Protección era
diseñado para asegurar a la raza de color el goce de todos los derechos civiles que bajo la ley son disfrutados por las personas blancas, y para dar a esa raza la protección del gobierno general, en ese goce, siempre que sea negado por los Estados.
La cláusula de igual protección se aplica tanto a los ciudadanos como a los no ciudadanos. [20] La cláusula exige que las personas en situaciones similares sean tratadas por igual ante la ley. [130] [131] [132] El propósito de la cláusula no es sólo garantizar la igualdad tanto en las leyes para la seguridad de la persona como en los procedimientos, sino también asegurar el "derecho igual a las leyes del debido proceso y administradas imparcialmente ante los tribunales de justicia". [128] Aunque el texto de la Decimocuarta Enmienda aplica la cláusula de igual protección sólo contra los estados, la Corte Suprema, desde Bolling v. Sharpe (1954), ha aplicado la cláusula contra el gobierno federal a través de la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda bajo una doctrina llamada " incorporación inversa ". [133] [134]
En Yick Wo v. Hopkins (1886), la Corte Suprema aclaró que el significado de "persona" y "dentro de su jurisdicción" en la Cláusula de Igual Protección no se limitaría a la discriminación contra los afroamericanos, sino que se extendería a otras razas, colores y nacionalidades como (en este caso) los extranjeros legales en los Estados Unidos que son ciudadanos chinos: [135] [136]
Estas disposiciones son universales en su aplicación a todas las personas dentro de la jurisdicción territorial, sin tener en cuenta ninguna diferencia de raza, color o nacionalidad, y la igual protección de las leyes es una garantía de la protección de leyes iguales.
Las personas "dentro de su jurisdicción" tienen derecho a igual protección por parte de un estado. En gran medida debido a que la Cláusula de Privilegios e Inmunidades del Artículo IV ha garantizado desde el principio los privilegios e inmunidades de los ciudadanos en los diversos estados, la Corte Suprema rara vez ha interpretado la frase "dentro de su jurisdicción" en relación con las personas naturales. [136] En Plyler v. Doe (1982), donde la Corte sostuvo que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en un estado están dentro de su jurisdicción y, por lo tanto, pueden plantear reclamos de protección igualitaria [136] [137], la Corte explicó el significado de la frase "dentro de su jurisdicción" de la siguiente manera: "[E]l uso de la frase 'dentro de su jurisdicción' confirma la comprensión de que la protección de la Decimocuarta Enmienda se extiende a cualquier persona, ciudadano o extranjero, que esté sujeto a las leyes de un Estado, y llega a todos los rincones del territorio de un Estado". [137] La Corte llegó a esta conclusión, entre otras cosas, a partir del senador Howard, miembro del Comité Conjunto de los Quince y responsable de la enmienda en el Senado. El senador Howard fue explícito acerca de los amplios objetivos de la Decimocuarta Enmienda y la intención de hacer que sus disposiciones sean aplicables a todos los que "puedan estar" dentro de la jurisdicción de un estado: [137]
Las dos últimas cláusulas de la primera sección de la enmienda prohíben a un Estado privar no sólo a un ciudadano de los Estados Unidos, sino a cualquier persona, quienquiera que sea , de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, o negarle la protección igualitaria de las leyes del Estado. Esto suprime toda legislación de clase en los Estados y acaba con la injusticia de someter a una casta de personas a un código que no se aplica a otra. ... Si los Estados la adoptan, impedirán para siempre que cada uno de ellos apruebe leyes que afecten a los derechos y privilegios fundamentales que pertenecen a los ciudadanos de los Estados Unidos y a toda persona que pueda estar dentro de su jurisdicción . [énfasis añadido por la Corte Suprema de los Estados Unidos] [138]
La relación entre la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas fue abordada por el Juez Field en Wong Wing v. United States (1896). [139] Observó con respecto a la frase "dentro de su jurisdicción": "El término 'persona', utilizado en la Quinta Enmienda, es lo suficientemente amplio como para incluir a todos y cada uno de los seres humanos dentro de la jurisdicción de la república. Un residente, nacido en el extranjero, tiene derecho a la misma protección bajo las leyes a la que tiene derecho un ciudadano. Debe obediencia a las leyes del país en el que está domiciliado y, en consecuencia, tiene derecho a la protección igualitaria de esas leyes. ... La afirmación de que las personas dentro de la jurisdicción territorial de esta república podrían estar más allá de la protección de la ley fue escuchada con dolor en el alegato en el tribunal, frente a la gran enmienda constitucional que declara que ningún Estado negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes". [140]
La Corte Suprema también decidió si las corporaciones extranjeras también están dentro de la jurisdicción de un estado, dictaminando que una corporación extranjera que entabló una demanda en un tribunal estatal en el que no tenía licencia para hacer negocios para recuperar la posesión de una propiedad que le había sido quitada ilícitamente en otro estado estaba dentro de la jurisdicción y no podía ser sujeta a cargas desiguales en el mantenimiento de la demanda. [136] Cuando un estado ha admitido a una corporación extranjera para hacer negocios dentro de sus fronteras, esa corporación tiene derecho a igual protección de las leyes, pero no necesariamente a un trato idéntico al de las corporaciones nacionales. [136]
En el caso de Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad (1886), el taquígrafo judicial incluyó una declaración del presidente de la Corte Suprema Morrison Waite en el encabezamiento de la decisión:
El Tribunal no desea escuchar argumentos sobre la cuestión de si la disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe a un Estado negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes, se aplica a estas corporaciones. Todos opinamos que así es. [141]
Este dictamen , que establecía que las corporaciones gozaban de personalidad jurídica bajo la Cláusula de Igual Protección, fue reafirmado repetidamente por tribunales posteriores. [141] Siguió siendo la visión predominante durante todo el siglo XX, aunque fue desafiada en disidencias por jueces como Hugo Black y William O. Douglas . [142] Entre 1890 y 1910, los casos de la Decimocuarta Enmienda que involucraban a corporaciones superaron ampliamente en número a los que involucraban los derechos de los negros, 288 a 19. [143]
En las décadas posteriores a la adopción de la Decimocuarta Enmienda, la Corte Suprema anuló leyes que excluían a los negros de los jurados ( Strauder v. West Virginia , 1880) [144] o que discriminaban a los estadounidenses de origen chino en la regulación de los negocios de lavandería ( Yick Wo v. Hopkins , 1886), [135] por considerarlas violaciones de la Cláusula de Igual Protección. Sin embargo, en Plessy v. Ferguson (1896), [145] la Corte Suprema sostuvo que los estados podían imponer la segregación racial siempre que proporcionaran instalaciones similares, lo que dio origen a la doctrina de " separados pero iguales ". [146]
La Corte fue aún más lejos al restringir la Cláusula de Igual Protección en Berea College v. Kentucky (1908), [147] al sostener que los estados podían obligar a los actores privados a discriminar prohibiendo que las universidades tuvieran estudiantes blancos y negros. A principios del siglo XX, la Cláusula de Igual Protección había sido eclipsada hasta el punto de que el juez Oliver Wendell Holmes Jr. la descartó como "el último recurso habitual de los argumentos constitucionales". [148]
La Corte se mantuvo fiel a la doctrina de "separados pero iguales" durante más de cincuenta años, a pesar de numerosos casos en los que la propia Corte había determinado que las instalaciones segregadas proporcionadas por los estados casi nunca eran iguales, hasta que Brown v. Board of Education (1954) llegó a la Corte. [149] En Brown, la Corte dictaminó que incluso si las escuelas segregadas para negros y blancos tuvieran la misma calidad en instalaciones y maestros, la segregación era inherentemente dañina para los estudiantes negros y, por lo tanto, era inconstitucional. Brown se encontró con una campaña de resistencia de los sureños blancos , y durante décadas los tribunales federales intentaron hacer cumplir el mandato de Brown contra repetidos intentos de elusión. [150] Esto resultó en los controvertidos decretos de desegregación de transporte escolar dictados por los tribunales federales en varias partes de la nación. [151] En Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 (2007), la Corte dictaminó que la raza no podía ser el factor determinante para determinar a qué escuelas públicas los padres pueden transferir a sus hijos. [152] [153]
En Plyler v. Doe (1982), la Corte Suprema anuló una ley de Texas que negaba la educación pública gratuita a los inmigrantes ilegales por considerar que violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, porque la discriminación basada en la condición de inmigrante ilegal no favorecía un interés estatal sustancial. La Corte argumentó que los inmigrantes ilegales y sus hijos, aunque no sean ciudadanos de los Estados Unidos o de Texas, son personas "en cualquier sentido ordinario del término" y, por lo tanto, se les otorgan las protecciones de la Decimocuarta Enmienda. [137] [154]
En Hernandez v. Texas (1954), la Corte sostuvo que la Decimocuarta Enmienda protege a aquellos más allá de las clases raciales de blanco o " negro " y se extiende a otros grupos raciales y étnicos, como los mexicano-estadounidenses en este caso. [155] En el medio siglo posterior a Brown , la Corte extendió el alcance de la Cláusula de Igual Protección a otros grupos históricamente desfavorecidos, como las mujeres y los hijos ilegítimos, aunque ha aplicado un estándar algo menos estricto que el que ha aplicado a la discriminación gubernamental sobre la base de la raza ( Estados Unidos v. Virginia (1996); [156] Levy v. Louisiana (1968) [157] ). [158]
La Corte Suprema dictaminó en Regents of the University of California v. Bakke (1978) [159] que la acción afirmativa en forma de cuotas raciales en las admisiones a universidades públicas era una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 ; sin embargo, la raza podría usarse como uno de varios factores sin violar la Cláusula de Igual Protección o el Título VI. [160] En Gratz v. Bollinger (2003) [161] y Grutter v. Bollinger (2003), [162] la Corte consideró dos sistemas de admisión conscientes de la raza en la Universidad de Michigan . La universidad afirmó que su objetivo en sus sistemas de admisión era lograr la diversidad racial . [163] En Gratz , la Corte anuló un sistema de admisión de pregrado basado en puntos que agregaba puntos por el estado de minoría, encontrando que su rigidez violaba la Cláusula de Igual Protección; En Grutter , la Corte confirmó un proceso de admisión que tenía en cuenta la raza para la facultad de derecho de la universidad, que utilizaba la raza como uno de los muchos factores para determinar la admisión. [164] En Fisher v. University of Texas (2013), la Corte dictaminó que antes de que la raza pueda utilizarse en la política de admisión de una universidad pública, no debe haber una alternativa viable que sea neutral en cuanto a la raza. [165] [166] En Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action (2014), la Corte confirmó la constitucionalidad de una prohibición constitucional estatal sobre el uso estatal o local de la acción afirmativa. [167] [168]
Reed v. Reed (1971), [169] que anuló una ley de sucesiones de Idaho que favorecía a los hombres, fue la primera decisión en la que la Corte dictaminó que la discriminación arbitraria por motivos de género violaba la Cláusula de Igual Protección. [170] En Craig v. Boren (1976), [171] la Corte dictaminó que las clasificaciones de sexo estatutarias o administrativas tenían que estar sujetas a un estándar intermedio de revisión judicial . [172] Reed y Craig sirvieron más tarde como precedentes para anular una serie de leyes estatales que discriminaban por género. [170]
Desde Wesberry v. Sanders (1964) [173] y Reynolds v. Sims (1964), [174] la Corte Suprema ha interpretado la Cláusula de Igual Protección en el sentido de que exige que los estados distribuyan sus distritos congresuales y escaños legislativos estatales según el principio de " un hombre, un voto ". [175] La Corte también ha rechazado planes de redistribución de distritos en los que la raza era una consideración clave. En Shaw v. Reno (1993), [176] la Corte prohibió un plan de Carolina del Norte destinado a crear distritos de mayoría negra para equilibrar la subrepresentación histórica en las delegaciones congresuales del estado. [177]
En Pitts v. Black (1984), la Corte estableció que, al negar a las personas sin hogar la inscripción para votar, la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York violó la Cláusula de Igual Protección. Como resultado, se permitió a los votantes sin hogar emitir su voto. [178]
La Cláusula de Igual Protección sirvió como base para la decisión en Bush v. Gore (2000), [179] en la que la Corte dictaminó que no se podía realizar un recuento constitucionalmente válido de los votos de Florida en la elección presidencial de 2000 dentro del plazo necesario; la decisión aseguró efectivamente la victoria de Bush en la elección disputada. [180] En League of United Latin American Citizens v. Perry (2006), [181] la Corte dictaminó que el plan de redistribución de distritos de Texas del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Tom DeLay diluía intencionalmente los votos de los latinos y, por lo tanto, violaba la Cláusula de Igual Protección. [182]
Antes de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidiera el caso United States v. Cruikshank , 92 US 542 (1876), el caso se resolvió como un caso de circuito (Casos Federales No. 14897). El juez Joseph P. Bradley presidió este caso de circuito , quien escribió en la página 710 de los Casos Federales No. 14897 sobre la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: [183]
Se trata de una garantía de protección contra los actos del propio gobierno estatal. Es una garantía contra el ejercicio del poder arbitrario y tiránico por parte del gobierno y la legislatura del estado, no una garantía contra la comisión de delitos individuales, y el poder del Congreso, ya sea explícito o implícito, para legislar para la aplicación de dicha garantía no se extiende a la aprobación de leyes para la supresión del delito dentro de los estados. La aplicación de la garantía no exige ni autoriza al Congreso a cumplir "el deber que la propia garantía supone que es deber del estado cumplir, y que exige que el estado cumpla".
La cita anterior fue citada por la Corte Suprema de Estados Unidos en Estados Unidos v. Harris , 106 US 629 (1883) y complementada con una cita de la opinión mayoritaria en Estados Unidos v. Cruikshank , 92 US 542 (1876) escrita por el presidente del Tribunal Supremo Morrison Waite : [184] [185]
La Decimocuarta Enmienda prohíbe a un Estado privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal y negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes, pero no añade nada a los derechos de un ciudadano frente a otro. Simplemente proporciona una garantía adicional contra cualquier intrusión por parte de los Estados de los derechos fundamentales que pertenecen a cada ciudadano como miembro de la sociedad. El deber de proteger a todos sus ciudadanos en el disfrute de una igualdad de derechos fue asumido originalmente por los Estados, y todavía sigue siendo así. La única obligación que pesa sobre los Estados Unidos es velar por que los Estados no nieguen el derecho. Esto es lo que garantiza la Enmienda, pero no más. El poder del Gobierno nacional se limita a la aplicación de esta garantía.
Las libertades individuales garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos, aparte de la prohibición de la esclavitud de la Decimotercera Enmienda , no protegen contra las acciones de personas o entidades privadas, sino sólo contra las acciones de los funcionarios gubernamentales. [186] Con respecto a la Decimocuarta Enmienda, la Corte Suprema dictaminó en Shelley v. Kraemer (1948): [187] "[L]a acción inhibida por la primera sección de la Decimocuarta Enmienda es sólo aquella acción que puede decirse con justicia que es de los Estados. Esa Enmienda no erige ningún escudo contra la conducta meramente privada, por discriminatoria o ilícita que sea". El tribunal añadió en Civil Rights Cases (1883): [6] "Lo que está prohibido es la acción estatal de un carácter particular. La invasión individual de los derechos individuales no es el objeto de la enmienda. Tiene un alcance más profundo y amplio. Anula y deja sin efecto toda legislación estatal y toda acción estatal de cualquier tipo que menoscabe los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, o que les perjudique la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, o que niegue a cualquiera de ellos la protección igualitaria de las leyes".
La reivindicación de los derechos constitucionales federales se limita a aquellas situaciones en las que hay "acción estatal", es decir, acción de funcionarios gubernamentales que ejercen su poder gubernamental. [186] En Ex parte Virginia (1880), [188] la Corte Suprema encontró que las prohibiciones de la Decimocuarta Enmienda "se refieren a las acciones del cuerpo político denominado por un Estado, por cualesquiera instrumentos o en cualesquiera modos en que esa acción pueda ser tomada. Un Estado actúa por sus autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales. No puede actuar de ninguna otra manera. La disposición constitucional, por lo tanto, debe significar que ninguna agencia del Estado, o de los funcionarios o agentes por quienes sus poderes son ejercidos, negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Quien, en virtud de un cargo público bajo un gobierno estatal, prive a otro de propiedad, vida o libertad, sin el debido proceso legal, o niegue o quite la igual protección de las leyes, viola la inhibición constitucional; y como actúa en nombre y para el Estado, y está revestido del poder del Estado, su acto es el del Estado. Esto debe ser así, o la prohibición constitucional no tiene sentido. [...] Pero la enmienda constitucional fue ordenada con un propósito. "El objetivo era garantizar la igualdad de derechos a todas las personas y, para garantizar a todas las personas el disfrute de esos derechos, se le dio al Congreso el poder de hacer cumplir sus disposiciones mediante la legislación adecuada. Esa legislación debe actuar sobre las personas, no sobre la cosa abstracta denominada Estado, sino sobre las personas que son los agentes del Estado en la negación de los derechos que se pretendía garantizar". [189] [190]
Sin embargo, existen casos en los que las personas son víctimas de violaciones de los derechos civiles que ocurren en circunstancias que involucran tanto a funcionarios gubernamentales como a actores privados. [186] En la década de 1960, la Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó una visión expansiva de la acción estatal, abriendo la puerta a litigios de amplio alcance sobre derechos civiles contra actores privados cuando actúan como actores estatales [186] (es decir, actos realizados o de otro modo "sancionados de alguna manera" por el estado). La Corte determinó que la doctrina de la acción estatal es igualmente aplicable a las denegaciones de privilegios o inmunidades, el debido proceso y la protección igualitaria de las leyes. [136]
El factor crítico para determinar la existencia de una acción estatal no es la participación gubernamental con personas o corporaciones privadas, sino que "la investigación debe ser si existe un nexo suficientemente estrecho entre el Estado y la acción cuestionada de la entidad regulada de modo que la acción de esta última pueda ser tratada de manera justa como la del propio Estado". [190] "Sólo mediante la selección de hechos y la ponderación de circunstancias se puede atribuir a la participación no obvia del Estado en la conducta privada su verdadero significado". [191]
La Corte Suprema afirmó que los demandantes deben demostrar no sólo que una parte privada "actuó bajo el pretexto de la ley impugnada, sino también que sus acciones son atribuibles al Estado". [192] "Y las acciones deben ser atribuibles al Estado aparentemente sólo si el Estado obligó a las acciones y no si el Estado simplemente estableció el proceso a través de la ley o regulación bajo la cual actuó la parte privada". [136]
Las reglas desarrolladas por la Corte Suprema para la regulación empresarial son que (1) el "mero hecho de que una empresa esté sujeta a la regulación estatal no convierte por sí mismo su acción en la del Estado para los fines de la Decimocuarta Enmienda", [a] y (2) "un Estado normalmente puede ser considerado responsable de una decisión privada solo cuando ha ejercido poder coercitivo o ha proporcionado un estímulo tan significativo, ya sea abierto o encubierto, que la elección debe considerarse como la del Estado". [b]
Sección 2. Los representantes se distribuirán entre los distintos Estados de acuerdo con sus respectivos números, contando el número total de personas en cada Estado, excluyendo a los indios no sujetos a impuestos. Pero cuando el derecho a votar en cualquier elección para la elección de electores para Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, Representantes en el Congreso, los funcionarios ejecutivos y judiciales de un Estado, o los miembros de la Legislatura del mismo, se niegue a cualquiera de los habitantes varones de dicho Estado, que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos, o se reduzca de cualquier manera, excepto por participación en una rebelión u otro delito, la base de representación en dicho Estado se reducirá en la proporción que guarde el número de dichos ciudadanos varones con el número total de ciudadanos varones de veintiún años de edad en dicho Estado.
En virtud del Artículo I, Sección 2, Cláusula 3 , la base de representación de cada estado en la Cámara de Representantes se determinaba sumando tres quintos de la población esclava de cada estado a su población libre. Debido a que la esclavitud (excepto como castigo por un delito) había sido abolida por la Decimotercera Enmienda , a partir de entonces los esclavos liberados tendrían el peso total a los efectos de la distribución de los esclavistas. [193] Esta situación preocupaba a los líderes republicanos del Congreso, a quienes les preocupaba que aumentara el poder político de los antiguos estados esclavistas, incluso cuando dichos estados seguían negando a los esclavos liberados el derecho a votar. [193]
Se consideraron dos soluciones:
El 31 de enero de 1866, la Cámara de Representantes votó a favor de una enmienda constitucional propuesta que reduciría la representación de un estado en la Cámara en proporción a la base que ese estado utilizara para negar el derecho al voto en ese estado. [193] La enmienda fracasó en el Senado, en parte porque los republicanos radicales previeron que los estados podrían utilizar criterios ostensiblemente neutrales en cuanto a la raza, como las calificaciones educativas y de propiedad, para privar del derecho al voto a los esclavos liberados sin consecuencias negativas. Por lo tanto, la enmienda se modificó para penalizar a los estados en los que se negara el voto a los ciudadanos varones mayores de veintiún años por cualquier motivo que no fuera la participación en un delito. Más tarde, se adoptó la Decimoquinta Enmienda para garantizar que el derecho al voto no pudiera negarse por motivos de raza o color.
El efecto del artículo 2 fue doble:
La primera redistribución de distritos después de la promulgación de la Decimocuarta Enmienda ocurrió en 1873, con base en el censo de 1870. El Congreso parece haber intentado hacer cumplir las disposiciones de la Sección 2, pero no pudo identificar suficientes votantes privados de sus derechos como para marcar una diferencia en la representación de cualquier estado. [193] En el estatuto de implementación, el Congreso agregó una disposición que establece que
Si, después de la aprobación de esta Ley, cualquier Estado niega o limita el derecho de cualquiera de los habitantes varones de dicho Estado, que tengan veintiún años de edad y sean ciudadanos de los Estados Unidos, a votar en cualquier elección nombrada en las enmiendas a la Constitución, artículo catorce, sección dos, excepto por participación en rebelión u otro crimen, el número de Representantes asignado en esta Ley a dicho Estado se reducirá en la proporción que el número de dichos ciudadanos varones tenga con el número total de ciudadanos varones de veintiún años de edad en dicho Estado. [194]
Una disposición casi idéntica sigue vigente en la legislación federal hasta el día de hoy. [195]
A pesar de esta legislación, en las redistribuciones de distritos posteriores, nunca se ha realizado ningún cambio en la representación en el Congreso de ningún estado sobre la base de la Enmienda. [193] Bonfield, escribiendo en 1960, sugirió que "la naturaleza política acalorada de tales propuestas las ha condenado al fracaso". [193] Ayudados por esta falta de aplicación, los estados del sur continuaron utilizando pretextos para evitar que muchos negros votaran hasta la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de 1965. [ 196]
En el caso del Cuarto Circuito de Saunders v Wilkins (1945), [197] Saunders alegó que Virginia debería tener su representación en el Congreso reducida debido a su uso de un impuesto electoral y otras restricciones al voto. El demandante demandó por el derecho a postularse para el Congreso en general en el estado, en lugar de en uno de sus distritos electorales designados. La demanda fue desestimada por ser una cuestión política . [193]
Algunos juristas han argumentado que la Sección 2 fue derogada implícitamente por la Decimoquinta Enmienda , [198] aunque otros juristas cuestionan esta afirmación, [199] y la Corte Suprema reconoció la Sección 2 en decisiones posteriores.
En Minor v. Happersett (1875), la Corte Suprema citó la Sección 2 para apoyar su conclusión de que el derecho a votar no estaba entre los "privilegios e inmunidades de la ciudadanía" protegidos por la Sección 1. [200] Las mujeres no alcanzarían la igualdad de derechos al voto en todo Estados Unidos hasta la adopción de la Decimonovena Enmienda en 1920.
En Richardson v. Ramirez (1974), la Corte citó la Sección 2 al sostener que la Cláusula de Igual Protección de la Sección 1 no prohíbe a los estados privar del derecho al voto a los delincuentes . [201]
En Hunter v. Underwood (1985), un caso que involucraba la privación de derechos a personas negras que cometían delitos menores , la Corte Suprema concluyó que la Décima Enmienda no puede salvar la legislación prohibida por la Decimocuarta Enmienda promulgada posteriormente. Más específicamente, la Corte concluyó que las leyes aprobadas con un propósito discriminatorio no están exceptuadas de la aplicación de la Cláusula de Igual Protección por la disposición sobre "otros delitos" de la Sección 2. La Corte sostuvo que la Sección 2 "no fue diseñada para permitir la discriminación racial intencional [...] que de otra manera viola la [Sección] 1 de la Decimocuarta Enmienda". [202]
Existe un debate entre los expertos en derecho sobre si las sanciones de la Sección 2 se aplicarían si una legislatura estatal seleccionara a los electores presidenciales sin una elección popular o en contravención del resultado de una elección popular. [199] [203]
Los líderes abolicionistas criticaron el hecho de que la enmienda no prohibiera específicamente a los estados negar a las personas el derecho a votar sobre la base de la raza. [204] En 1937, el senador William Borah propuso una enmienda constitucional sustitutiva, [205] que incluía la eliminación de disposiciones que penalizaban a quienes apoyaban a la Confederación. [206]
La Sección 2 protege el derecho al voto únicamente de los hombres adultos, no de las mujeres adultas, lo que la convierte en la única disposición de la Constitución que discrimina explícitamente por motivos de sexo. [10] La Sección 2 fue condenada por las sufragistas femeninas , como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony , que durante mucho tiempo habían visto su causa vinculada a la de los derechos de los negros. La separación de los derechos civiles de los negros de los derechos civiles de las mujeres dividió a los dos movimientos durante décadas. [207]
Sección 3. No podrá ser senador ni representante en el Congreso, ni elector de presidente y vicepresidente, ni desempeñar ningún cargo civil o militar en los Estados Unidos ni en ningún estado, quien, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso o funcionario de los Estados Unidos o de cualquier legislatura estatal o funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en insurrecciones o rebeliones contra la misma o haya prestado ayuda o apoyo a sus enemigos. Pero el Congreso podrá, mediante el voto de dos tercios de cada cámara, eliminar dicha inhabilidad.
Poco después de perder la Guerra Civil en 1865, los estados que habían sido parte de la Confederación comenzaron a enviar a ex confederados "impenitentes" (como el ex vicepresidente de la Confederación, Alexander H. Stephens ) a Washington como senadores y representantes. El Congreso se negó a sentarlos y redactó la Sección 3 para perpetuar, como un imperativo constitucional, que cualquiera que viole su juramento a la Constitución debe ser excluido de un cargo público. [208] La Sección 3 descalifica para un cargo federal o estatal a cualquiera que, habiendo hecho un juramento como funcionario público de apoyar la Constitución, posteriormente haya "participado en una insurrección o rebelión" contra los Estados Unidos o haya dado "ayuda o consuelo" a sus enemigos. [209] [210] Los sureños se opusieron firmemente, argumentando que dañaría la reunificación del país. [209]
La Sección 3 no especifica cómo se debe invocar, pero la Sección 5 dice que el Congreso tiene poder de ejecución. En consecuencia, el Congreso hizo cumplir la Sección 3 al promulgar las Secciones 14 y 15 de la Ley de Ejecución de 1870 , cuya parte pertinente fue derogada en 1948; todavía hay un estatuto federal vigente ( 18 USC § 2383) que inicialmente fue parte de la Ley de Confiscación de 1862 (y revisada en 1948), que descalifica a los insurrectos de cualquier cargo federal. [c] [212] Además, cada cámara del Congreso puede expulsar o excluir a miembros por insurrección u otras razones, aunque no está claro si se pueden requerir más votos para expulsar que para excluir. [213] [214] [215] Otra forma en que el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 es a través de un juicio político , e incluso antes de la adopción de la Decimocuarta Enmienda, el Congreso enjuició y descalificó al juez federal West Humphreys por insurrección. [216] Además, en Trump v. Anderson (2024), la Corte Suprema sostuvo que solo el Congreso puede promulgar reglas de descalificación bajo esta sección.
Después de la adopción de la enmienda en 1868, la descalificación rara vez se aplicó en el Sur. [208] [209] A instancias del presidente Ulysses S. Grant , en 1872 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía , que eliminó la descalificación de todos los confederados excepto los de mayor rango. [214] En 1898, como un "gesto de unidad nacional" [209] durante la Guerra Hispano-Estadounidense , el Congreso aprobó otra ley que ampliaba la amnistía. [217] [218] El Congreso levantó póstumamente la descalificación del general confederado Robert E. Lee en 1975, [219] y del presidente confederado Jefferson Davis en 1978. [209] [210] [220] Estas exenciones no impiden que la Sección 3 se utilice hoy en día. [214]
Entre la Reconstrucción y 2021, la Sección 3 se invocó solo una vez: se utilizó para impedir que el miembro del Partido Socialista de Estados Unidos, Victor L. Berger de Wisconsin —condenado por violar la Ley de Espionaje por oponerse a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial— asumiera su escaño en la Cámara de Representantes en 1919 y 1920. [209] [215] [221] La condena de Berger fue revocada por la Corte Suprema en Berger v. United States (1921), después de lo cual fue elegido para tres mandatos sucesivos en la década de 1920; ocupó el cargo durante los tres mandatos. [222]
El 10 de enero de 2021, Nancy Pelosi , presidenta de la Cámara de Representantes , solicitó formalmente la opinión de los representantes sobre si se debe aplicar la descalificación de la Sección 3 del presidente saliente Donald Trump debido a su papel en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero . [210] [208]
El 11 de enero de 2021, la representante Cori Bush (demócrata por Missouri) y 47 copatrocinadores presentaron una resolución que pedía la expulsión, en virtud de la Sección 3, de los miembros del Congreso que votaron en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 o incitaron a los disturbios del 6 de enero. Entre los nombrados en la resolución se encontraban los representantes republicanos Mo Brooks de Alabama y Louie Gohmert de Texas, que participaron en la manifestación que precedió a los disturbios, y los senadores republicanos Josh Hawley de Missouri y Ted Cruz de Texas, que se opusieron al recuento de los votos electorales para certificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. [210] [208]
En enero de 2022, después de que el representante Madison Cawthorn (republicano de Carolina del Norte) declarara su intención de presentarse a la reelección, un grupo de votantes de Carolina del Norte del distrito de Cawthorn presentó una demanda, alegando que un discurso que pronunció inmediatamente antes del ataque al Capitolio lo incitó y que, por lo tanto, la Sección 3 lo descalificaba para ocupar un cargo federal. Un juez federal dictaminó que el entonces representante Madison Cawthorn, que había participado en el ataque al Capitolio del 6 de enero, no podía ser excluido de la boleta electoral por insurrecto debido a la Ley de Amnistía de 1872 [223] y dictó una orden judicial preliminar a favor de Cawthorn, citando la Ley de Amnistía de 1872; [224] Sin embargo, el 24 de mayo de 2022, un tribunal de apelaciones dictaminó que esta ley se aplicaba únicamente a las personas que cometieron "actos constitucionalmente ilícitos" antes de 1872. [225] [226] [227] En marzo de 2022 se presentó una impugnación similar, que un tribunal federal se negó a bloquear, contra Marjorie Taylor Greene (R-GA) [228] y se escuchó en abril de 2022 en Atlanta . [229] Un juez de derecho administrativo de Georgia dictaminó que Greene era elegible para aparecer en la boleta de las primarias republicanas de 2022 en Georgia, y el Secretario de Estado Brad Raffensperger y el Tribunal Superior del Condado de Fulton lo afirmaron. Aunque Greene presentó una demanda para anular la ley estatal por inconstitucional, un tribunal federal dijo que su queja era discutible, ya que esta ley en última instancia no le negaba la elegibilidad para la reelección. [230]
En septiembre de 2022, el juez del Tribunal de Distrito Francis Mathew le prohibió a Couy Griffin , un comisionado del condado de Otero, Nuevo México, ocupar un cargo público de por vida, al considerar que su participación como líder del grupo Cowboys for Trump durante el ataque al Capitolio fue un acto de insurrección en virtud de la Sección 3. [231] [232] Después de un proceso de apelación, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó su destitución del cargo público y su inhabilitación de por vida para volver a ocupar un cargo público estatal o local. [233] [234]
El 2 de enero de 2024, se presentó una demanda que buscaba excluir a Scott Perry (R-PA) de la boleta electoral de 2024 a través de la Sección 3. [235] [236]
El 5 de enero de 2024, se desestimó una demanda que buscaba descalificar a Burt Jones para ejercer el cargo de vicegobernador de Georgia en virtud de la Sección 3. [237]
Para el 30 de octubre de 2023, también se habían presentado demandas que buscaban descalificar a Trump de la boleta electoral de conformidad con la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda a través de tribunales estatales. [238] Algunos académicos legales especularon que se requeriría que un tribunal tomara una determinación final de que Trump estaba descalificado según la Sección 3. [209] [239] [240] La Corte Suprema de los Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre el significado o la aplicación de la cláusula de insurrección. Los expertos legales esperaban que al menos uno de estos casos estatales fuera apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. [241] [242] [243]
El 19 de diciembre de 2023, en el caso Anderson v. Griswold , la Corte Suprema de Colorado determinó que Trump está descalificado para ejercer el cargo de presidente en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda. [244] [245] Además, el tribunal determinó que sería un "acto ilícito" en virtud del Código Electoral que el Secretario de Estado de Colorado incluyera a Trump como candidato en la boleta de las primarias presidenciales. Esta decisión se suspendió hasta el 4 de enero de 2024, con la expectativa de que Trump solicitara certiorari a la Corte Suprema de los Estados Unidos. [246] El Partido Republicano de Colorado apeló el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, y el Secretario de Estado de Colorado anunció que Trump será incluido en la boleta de las primarias "a menos que la Corte Suprema de los Estados Unidos se niegue a aceptar el caso o afirme de otra manera el fallo de la Corte Suprema de Colorado". [247] [248]
El 28 de diciembre de 2023, Maine anunció que Trump no aparecería en la boleta cuando el Secretario de Estado decidió que Trump había cometido insurrección, aunque el fallo fue suspendido para revisión judicial. [249] Trump apeló ante el Tribunal Superior del Condado de Kennebec. [250] [251] El 17 de enero, el caso fue devuelto al Secretario de Estado de Maine para su reconsideración después de que la Corte Suprema de los EE. UU. dicte sentencia sobre el caso de Colorado. [252] [253]
El 3 de enero de 2024, Trump apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso de Colorado. [254] Sus abogados argumentaron que la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda no debería aplicarse a la presidencia porque el presidente no es un funcionario de los Estados Unidos . [255] La Corte Suprema anunció el 5 de enero de 2024 que escucharía el caso de Colorado y programó los argumentos orales para el 8 de febrero. [256]
El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, sugirió que el presidente Joe Biden podría ser eliminado de la boleta electoral a través de la Sección 3 debido a que su política de inmigración había permitido la "invasión". [257] El secretario de estado de Missouri, Jay Ashcroft, amenazó con tomar tal acción en represalia. [258] Tres miembros republicanos de las Cámaras de Representantes estatales anunciaron la intención de parodiar la decisión de Colorado mediante la introducción de una legislación para eliminar a Biden como insurgente de las boletas electorales de sus estados. [259]
El 30 de enero de 2024, la Junta Electoral del Estado de Illinois desestimó una impugnación que citaba la Sección 3 para argumentar en contra de la inclusión de Biden en la boleta de las primarias demócratas de Illinois . [260]
El 4 de marzo de 2024, la Corte Suprema en el caso Trump v. Anderson revocó la decisión de la Corte Suprema de Colorado, al sostener que el Congreso determina la elegibilidad en virtud de la Sección 3 para los funcionarios federales [261] y que los estados solo pueden excluir a los candidatos de cargos estatales. [262]
Sección 4. No se pondrá en tela de juicio la validez de la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, incluidas las deudas contraídas para el pago de pensiones y bonificaciones por servicios prestados en la represión de insurrecciones o rebeliones. Pero ni los Estados Unidos ni ningún Estado asumirán ni pagarán ninguna deuda u obligación contraída en ayuda de insurrecciones o rebeliones contra los Estados Unidos, ni ninguna reclamación por la pérdida o emancipación de ningún esclavo; sino que todas esas deudas, obligaciones y reclamaciones se considerarán ilegales y nulas.
La Sección 4 confirmó la legitimidad de toda la deuda pública asignada por el Congreso. También confirmó que ni los Estados Unidos ni ningún estado pagarían por la pérdida de esclavos o las deudas que hubiera contraído la Confederación. Por ejemplo, durante la Guerra Civil , varios bancos británicos y franceses habían prestado grandes sumas de dinero a la Confederación para apoyar su guerra contra la Unión . [263] En Perry v. United States (1935), la Corte Suprema dictaminó que, en virtud de la Sección 4, anular un bono de los Estados Unidos "excedía el poder del Congreso". [264]
The debt-ceiling crises of 2011, 2013, and 2023 raised the question of what the President's authority under Section 4 is.[265][266][267][268] During the 2011 crisis, former President Bill Clinton said he would invoke the Fourteenth Amendment to raise the debt ceiling if he were still in office, and force a ruling by the Supreme Court.[269]
Section 5. The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.[275]
The United States Supreme Court stated in the 2024 case Trump v. Anderson: "The terms of the Amendment speak only to enforcement by Congress, which enjoys power to enforce the Amendment through legislation pursuant to Section 5. This can hardly come as a surprise, given that the substantive provisions of the Amendment “embody significant limitations on state authority.” Fitzpatrick v. Bitzer, 427 U. S. 445, 456 (1976). Under the Amendment, States cannot abridge privileges or immunities, deprive persons of life, liberty, or property without due process, deny equal protection, or deny male inhabitants the right to vote (without thereby suffering reduced representation in the House). See Amdt. 14, §§1, 2. On the other hand, the Fourteenth Amendment grants new power to Congress to enforce the provisions of the Amendment against the States."[276] The opinion of the Supreme Court in The Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36 (1873) stated with a view to the Reconstruction Amendments and about the Fourteenth Amendment's Section 5 Enforcement Clause in light of said Amendment's Equal Protection Clause:[277]
In the light of the history of these amendments, and the pervading purpose of them, which we have already discussed, it is not difficult to give a meaning to this clause. The existence of laws in the States where the newly emancipated negroes resided, which discriminated with gross injustice and hardship against them as a class, was the evil to be remedied by this clause, and by it such laws are forbidden. If, however, the States did not conform their laws to its requirements, then by the fifth section of the article of amendment Congress was authorized to enforce it by suitable legislation.
Section 5, also known as the Enforcement Clause of the Fourteenth Amendment, enables Congress to pass laws enforcing the amendment's other provisions.[278][279] In Ex Parte Virginia (1879) the U.S. Supreme Court explained the scope of Congress's §5 power in the following broad terms: "Whatever legislation is appropriate, that is, adapted to carry out the objects the amendments have in view, whatever tends to enforce submission to the prohibitions they contain, and to secure to all persons the enjoyment of perfect equality of civil rights and the equal protection of the laws against State denial or invasion, if not prohibited, is brought within the domain of congressional power."[280] In the Civil Rights Cases (1883),[6] the Supreme Court interpreted Section 5 narrowly, stating that "the legislation which Congress is authorized to adopt in this behalf is not general legislation upon the rights of the citizen, but corrective legislation." In other words, the amendment authorizes Congress to pass laws only to combat violations of the rights protected in other sections.[281]
In Katzenbach v. Morgan (1966),[282] the Court upheld Section 4(e) of the Voting Rights Act of 1965, which prohibits certain forms of literacy requirements as a condition to vote, as a valid exercise of Congressional power under Section 5 to enforce the Equal Protection Clause. The Court ruled that Section 5 enabled Congress to act both remedially and prophylactically to protect the rights guaranteed by the amendment.[283] However, in City of Boerne v. Flores (1997),[284] the Court narrowed Congress's enforcement power, holding that Congress may not enact legislation under Section 5 that substantively defines or interprets Fourteenth Amendment rights.[278] The Court ruled that legislation is valid under Section 5 only if there is a "congruence and proportionality" between the injury to a person's Fourteenth Amendment right and the means Congress adopted to prevent or remedy that injury.[285] In Florida Prepaid Postsecondary Ed. Expense Bd. v. College Savings Bank (1999) it was observed by the Supreme Court "that for Congress to invoke § 5, it must identify conduct transgressing the Fourteenth Amendment's substantive provisions, and must tailor its legislative scheme to remedying or preventing such conduct."[286] The United States Supreme Court observed in the 2024 case Trump v. Anderson: "Senator Howard put it at the time the Amendment was framed, Section 5 “casts upon Congress the responsibility of seeing to it, for the future, that all the sections of the amendment are carried out in good faith.” Cong. Globe, 39th Cong., 1st Sess., at 2768."[287]
In the final years of the American Civil War and the Reconstruction Era that followed, Congress repeatedly debated the rights of black former slaves freed by the 1863 Emancipation Proclamation and the 1865 Thirteenth Amendment, the latter of which had formally abolished slavery. Following the passage of the Thirteenth Amendment by Congress, however, Republicans grew concerned over the increase it would create in the congressional representation of the Democratic-dominated Southern States. Because the full population of freed slaves would now be counted for determining congressional representation, rather than the three-fifths previously mandated by the Three-Fifths Compromise, the Southern States would dramatically increase their power in the population-based House of Representatives, regardless of whether the former slaves were allowed to vote.[288][289] Republicans began looking for a way to offset this advantage, either by protecting and attracting votes of former slaves, or at least by discouraging their disenfranchisement.[288][290][291]
In 1866, Congress passed the Civil Rights Act of 1866, guaranteeing citizenship without regard to race, color, or previous condition of slavery or involuntary servitude. The bill also guaranteed equal benefits and access to the law, a direct assault on the Black Codes passed by many post-war states. The Black Codes attempted to return ex-slaves to something like their former condition by, among other things, restricting their movement, forcing them to enter into year-long labor contracts, prohibiting them from owning firearms, and preventing them from suing or testifying in court.[292][293]
Although strongly urged by moderates in Congress to sign the bill, President Andrew Johnson vetoed it on March 27, 1866. In his veto message, he objected to the measure because it conferred citizenship on the freedmen at a time when 11 out of 36 states were unrepresented in the Congress, and that it discriminated in favor of African-Americans and against whites.[294][295] Three weeks later, Johnson's veto was overridden and the measure became law.[296] Despite this victory, even some Republicans who had supported the goals of the Civil Rights Act began to doubt that Congress really possessed constitutional power to turn those goals into laws.[22][23] The experience also encouraged both radical and moderate Republicans to seek Constitutional guarantees for black rights, rather than relying on temporary political majorities.[25]
More than seventy proposals for an amendment were drafted.[297] In an extensive appendix to his dissenting opinion in Adamson v. California (1947), Justice Hugo Black analyzed and detailed the statements made by "those who framed, advocated, and adopted the Amendment" and thus shed some light on the history of the amendment's adoption.[298][299][300] In late 1865, the Joint Committee on Reconstruction proposed an amendment stating that any citizens barred from voting on the basis of race by a state would not be counted for purposes of representation of that state.[301] This amendment passed the House, but was blocked in the Senate by a coalition of Radical Republicans led by Charles Sumner, who believed the proposal a "compromise with wrong", and Democrats opposed to black rights.[302] Consideration then turned to a proposed amendment by Representative John A. Bingham of Ohio, which would enable Congress to safeguard "equal protection of life, liberty, and property" of all citizens; this proposal failed to pass the House.[302] In April 1866, the Joint Committee forwarded a third proposal to Congress, a carefully negotiated compromise that combined elements of the first and second proposals as well as addressing the issues of Confederate debt and voting by ex-Confederates.[302] The House of Representatives passed House Resolution 127, 39th Congress several weeks later and sent it to the Senate for action. The resolution was debated and several amendments to it were proposed. Amendments to Sections 2, 3, and 4 were adopted on June 8, 1866, and the modified resolution passed by a 33 to 11 vote (5 absent, not voting). The House agreed to the Senate amendments on June 13 by a 138–36 vote (10 not voting). A concurrent resolution requesting the President to transmit the proposal to the governors of the states was passed by both houses of Congress on June 18.[303][304]
The Radical Republicans were satisfied that they had secured civil rights for blacks but were disappointed that the amendment would not also secure political rights for blacks; in particular, the right to vote.[305] For example, Thaddeus Stevens, a leader of the disappointed Radical Republicans, said: "I find that we shall be obliged to be content with patching up the worst portions of the ancient edifice, and leaving it, in many of its parts, to be swept through by the tempests, the frosts, and the storms of despotism."[305][306] Abolitionist Wendell Phillips called it a "fatal and total surrender".[306] This point would later be addressed by the Fifteenth Amendment.
On June 16, 1866, Secretary of State William Seward transmitted the Fourteenth Amendment to the governors of the several states for its ratification. State legislatures in every formerly Confederate state, with the exception of Tennessee, refused to ratify it. This refusal led to the passage of the Reconstruction Acts. Ignoring the existing state governments, military government was imposed until new civil governments were established and the Fourteenth Amendment was ratified.[307] It also prompted Congress to pass a law on March 2, 1867, requiring that a former Confederate state must ratify the Fourteenth Amendment before "said State shall be declared entitled to representation in Congress."[308]
The first 28 states to ratify the Fourteenth Amendment were:[309]
If rescission by Ohio and New Jersey were illegitimate, South Carolina would have been the 28th state to ratify the amendment, enough for the amendment to be a part of the Constitution. Otherwise, only 26 states ratified the amendment out of the needed 28. Ohio and New Jersey's rescissions (which occurred after Democrats retook the states legislature) caused significant controversy and debate, but as this controversy occurred ratification by other states continued:
On July 20, 1868, Secretary of State William H. Seward certified that if withdrawals of ratification by New Jersey and Ohio were illegitimate, then the amendment had become part of the Constitution on July 9, 1868, with ratification by South Carolina as the 28th state.[310] The following day, Congress declared New Jersey's recession of the amendment "scandalous", rejected the act and then adopted and transmitted to the Department of State a concurrent resolution declaring the Fourteenth Amendment to be a part of the Constitution and directing the Secretary of State to promulgate it as such, thereby establishing a precedent that a state cannot rescind a ratification.[311] Ultimately, New Jersey and Ohio were named in the congressional resolution as having ratified the amendment, as well as Alabama, making 29 states in total.[312][313]
On the same day, one more State ratified:
On July 27, Secretary Seward received the formal ratification from Georgia.[314] The following day, July 28, Secretary Seward issued his official proclamation certifying the adoption of the Fourteenth Amendment.[312] Secretary Seward stated that his proclamation was "in conformance" to the resolution by Congress, but his official list of States included both Alabama and Georgia, as well as Ohio and New Jersey.[313][315] Ultimately, regardless of the legal status of New Jersey's and Ohio's rescission, the amendment would have passed at the same time because of Alabama and Georgia's ratifications.
The inclusion of Ohio and New Jersey has led some to question the validity of the rescission of a ratification. The inclusion of Alabama and Georgia has called that conclusion into question. While there have been Supreme Court cases dealing with ratification issues, this particular question has never been adjudicated. On October 16, 1868, three months after the amendment was ratified and part of the Constitution, Oregon rescinded its ratification bringing the number of states that had the amendment actively ratified to 27 (for nearly a year), but this had no actual impact on the US Constitution or the 14th Amendment's standing.
The Fourteenth Amendment was subsequently ratified:[309]
Since Ohio and New Jersey re-ratified the Fourteenth Amendment in 2003, all U.S. states that existed during Reconstruction have ratified the amendment.
Mr. Johnson: "... Who is a citizen of the United States is an open question. The decision of the courts and doctrine of the commentators is, that every man who is a citizen of the State becomes ipso facto a citizen of the United States; but there is no definition as to how citizenship can exist in the United States except through the medium of a citizenship in a State ..."
Mr. Cowan: "I will ask whether it will not have the effect of naturalizing the children of Chinese and Gypsies born in this country?"
Mr. Trumbull: "Undoubtedly."
...
Mr. Trumbull: "I understand that under the naturalization laws the children who are born here of parents who have not been naturalized are citizens. This is the law, as I understand it, at the present time. Is not the child born in this country of German parents a citizen? I am afraid we have got very few citizens in some of the counties of good old Pennsylvania if the children born of German parents are not citizens."
Mr. Cowan: "The honorable Senator assumes that which is not the fact. The children of German parents are citizens; but Germans are not Chinese; Germans are not Australians, nor Hottentots, nor anything of the kind. That is the fallacy of his argument."
Mr. Trumbull: "If the Senator from Pennsylvania will show me in the law any distinction made between the children of German parents and the children of Asiatic parents, I may be able to appreciate the point which he makes; but the law makes no such distinction; and the child of an Asiatic is just as much of a citizen as the child of a European."
Mr. Cowan: "Therefore I think, before we assert broadly that everybody who shall be born in the United States shall be taken to be citizen of the United States, we ought to exclude others besides Indians not taxed, because I look upon Indians not taxed as being much less dangerous and much less pestiferous to a society than I look upon Gypsies. I do not know how my honorable friend from California looks upon Chinese, but I do know how some of his fellow citizens regard them. I have no doubt that now they are useful, and I have no doubt that within proper restraints, allowing that State and the other Pacific States to manage them as they may see fit, they may be useful; but I would not tie their hands by the Constitution of the United States so as to prevent them hereafter from dealing with them as in their wisdom they see fit ..."
There is, however, a vast difference between arbitrary grants of freedom and arbitrary deprivations of liberty or property. The Due Process Clause has nothing to say about the former, but its whole purpose is to prevent the latter.
The equal protection clause guarantees the right of "similarly situated" people to be treated the same way by the law.
The basic intent of equal protection is to make sure that people are treated as equally as possible under our legal system. For example, it is to see that everyone who gets a speeding ticket will face the same procedures. A further intent is to ensure that all Americans are provided with equal opportunities in education, employment, and other areas. [...] The U.S. Constitution makes a similar provision in the Fourteenth Amendment. It says that no state shall make or enforce any law that will "deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the law." These provisions require the government to treat persons equally and impartially.
Equal Protection refers to the idea that a governmental body may not deny people equal protection of its governing laws. The governing body state must treat an individual in the same manner as others in similar conditions and circumstances.
Wesberry and Reynolds made it clear that the Constitution demanded population-based representational units for the U.S. House of Representatives and both houses of state legislatures.
Why this if it was not in the power of the legislature to deny the right of suffrage to some male inhabitants? And if suffrage was necessarily one of the absolute rights of citizenship, why confine the operation of the limitation to male inhabitants? Women and children are, as we have seen, "persons." They are counted in the enumeration upon which the apportionment is to be made, but if they were necessarily voters because of their citizenship unless clearly excluded, why inflict the penalty for the exclusion of males alone? Clearly, no such form of words would have been elected to express the idea here indicated if suffrage was the absolute right of all citizens.
In recent weeks, law professors have been trying to puzzle out the meaning and relevance of the provision. Some have joined Mr. Clinton in saying it allows Mr. Obama to ignore the debt ceiling. Others say it applies only to Congress and only to outright default on existing debts. Still others say the President may do what he wants in an emergency, with or without the authority of the 14th Amendment.
