Neoliberalismo en el Perú

[24]​ Beltrán, quien difundió sus planes en el diario La Prensa,[25]​ llevó a cabo medidas de ajuste y pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI).

[27]​ Sin embargo, para los siguientes años la inversión nacional se redujo hasta alcanzar su nivel más bajo en Latinoamérica antes de 1968, según Ernesto Álvarez Miranda.

[37]​ Adicionalmente, se planteó la privatización de empresas y la reforma del sistema tributario, pero estas medidas no fueron satisfactorias.

[72]​ Al crecimiento económico, las medidas consiguieron reestructurar a la clase media, con Lima concentrando aproximadamente el 46 % de su población en 2004.

[86]​ Las EPS se crearon con una participación mayoritaria de las municipalidades a largo plazo, mientras que el sector privado asumió un papel minoritario.

[100]​ Según Juan José Marthans, esta crisis económica y política fue más intensa que la ocurrida a inicios de la década.

[105]​ Esta permisividad se debió al decreto supremo 120-94 EF, que exoneraba algunos impuestos para potenciar su participación en el país.

[108]​ Además, el sector privado permitió contratar a trabajadores de las antiguas empresas que fueron adquiridas, según Javier Diez Canseco.

No obstante, aquella subvención solo se podía recibir en persona en las agencias correspondientes, por lo que la población vulnerable estuvo propensa a contraer enfermedades.

[175]​ Además, se invirtió menos dinero,[176]​ porque el sector vio al país con bajas expectativas, lo que trajo pobres resultados económicos, los peores desde la crisis financiera asiática de 1997.

[182]​ En 2024, Boluarte anunció en su mensaje a la Nación nuevas medidas para continuar fomentando la extracción de minerales e hidrocarburos sin tener en cuenta temas como la licencia social y la supervisión ambiental.

Además, ignoró las promesas contra el extractivismo en la campaña de Pedro Castillo, alegando que solo unos pocos lo respaldan.

Los comerciantes extranjeros, considerados representantes del liberalismo económico, se adaptaron rápidamente a las tradiciones conservadoras de hacer negocios.

[192]​ El analista Carlos Alberto Adrianzén afirmó que esa obra fue importante para acercar a los empresarios al poder político.

Los gabinetes están dominados por empresarios y las decisiones se basan principalmente en un enfoque de coste-beneficio, dando prioridad a los resultados financieros sobre los valores republicanos.

[205]​ El autor Francisco Miró-Quesada Rada señaló la existencia de «partidos empresa», liderados por empresarios con cualidades caudillistas y oligárquicas.

[227]​ Con el fujimorato, los sindicatos se fueron debilitando,[228]​ ya que habían tenido influencia entre los años 1970, pero entraron en decadencia en la siguiente década.

Esta medida fue rechazada inicialmente por los movimientos sindicales y denunciada por algunos trabajadores que se vieron obligados a afiliarse.

[249]​ Estos últimos tuvieron un papel importante en la atención a las necesidades del gobierno, aunque sin una representación gubernamental notable.

[270]​ El mismo estudio encontró que los propietarios dedican entre 10 y 12 horas diarias, seis o siete días a la semana.

[279]​ En 2004 se estableció la campaña Cómprale al Perú, que tenía como objetivo promover los productos fabricados por empresas locales y alentar su apreciación por parte de la sociedad peruana con miras a su exportación.

[305]​ Además, varias empresas adoptaron una actitud cortoplacista que buscaba vivir de las rentas e intentaban obtener favores económicos del gobierno.

Por eso, aunque está prohibido que las microempresas colaboren con las grandes empresas constituidas legalmente, prefieren ser informales en primer lugar.

[317]​ Además de los peruanos en general, Kent Eaton sugirió que los promotores del descentralismo regional mostraron rechazo a la corriente neoliberal.

[326]​ Por su parte, Carlos Bedoya, director ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, sostuvo que la corrupción política estaba arraigada en la Confiep.

[347]​ En una investigación sobre la Reforma Educativa Neoliberal (aquella emprendida desde 1990 con su revisión final en 1997) por la Universidad San Ignacio de Loyola se llegó a la siguiente conclusión: «[La reforma] no se apoyó en la generalizada sensación de derrota del campo progresista para descalificar las estrategias educacionales demoliberales, consignar como acabado el sistema educativo tradicional y borrar de la memoria las innumerables experiencias educacionales (que se desarrollaron a mediados y finales del siglo XX)».

[368]​ Por ende, la estrategia para generar ingresos continuó de línea económica antiguorregimental,[369]​ y el país no pudo encontrar una industria sostenible para reemplazar ese sector extractivo.

[397]​ En 2024, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó un dictamen para derogar la norma debido a las preocupaciones sobre su impacto en las comunidades indígenas.

En esta nueva etapa se le conoció como la «guerra del centavo»,[409]​[410]​ y perduró durante las décadas posteriores.

Posteriormente, la alcaldesa Susana Villarán ofreció una concesión de rutas urbanas y periféricas por al menos una década a las empresas que tuvieran un patrimonio mínimo.