Estos diez países fueron Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

- Especifica las distintas maneras en las que cada Parte del Acuerdo deberá difundir la información generada y/o recopilada, procurando que esta sea reutilizable y disponible en formatos accesibles.

- Cada parte se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales para poder implementar las disposiciones del Acuerdo.

- Establece una Conferencia de las Partes en la cual se celebrarán reuniones ordinarias a intervalos regulares que decida esta, con el propósito de examinar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo.

- Cualquier Parte puede proponer enmiendas al Acuerdo, siendo estas adoptadas por consenso sometido a votación, y requiriendo una mayoría de tres cuartos de las Partes votantes en la reunión para ser adoptada.

- Establece la entrada en vigor del Acuerdo, siendo noventa días a partir de la fecha en que haya sido depositado el onceavo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

- Determina que el Secretario General de las Naciones Unidas es el Depositario del Acuerdo.

[19]​ Aquellos países que han firmado antes de ese plazo podrán proceder a ratificarlo en cualquier momento.

[4]​ El 5 de noviembre el Senado mexicano aprobó también por unanimidad la ratificación del acuerdo.

[26]​[27]​ Argentina ha reconocido el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano para todos sus habitantes (artículo 41), en su Constitución Nacional a través de la reforma de 1994.

Para Orellana (2014), estos conflictos amenazan la gobernabilidad democrática y la estabilidad social.

[41]​ El acuerdo de Escazú se logró en un momento clave, ya que tiene como prioridad hacer frente a la emergencia sanitaria, así como las consecuencias derivadas tanto económicas como sociales.

En la Argentina disponen normativas sobre el acceso a la información en asuntos ambientales que incluye la Ley General Ambiental del Ambiente, la Ley de Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y el Decreto 1172/03 sobre Acceso a la Información Pública .

[42]​ En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, realizada en conjunto con la firma, Piñera fue enfático en destacar el compromiso de su gobierno con la protección ambiental presente y futura, haciendo incomprensible para diversos organismos nacionales e internacionales su decisión de no firmar el acuerdo, con respecto al cual tampoco realizó una mención, pese a representar a un país que lideró su promoción en América Latina en años previos.

[54]​ El 4 de noviembre del 2020 con el direccionamiento del senador Juan Diego Gómez Jiménez, se desarrolló la sesión conjunta de Cámara y Senado, en la cual se pretendía presentar tanto la ponencia negativa como la ponencia positiva del PL 057 Senado “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe; adoptado en Escazú, Costa Rica”.

[55]​ Tras 4 horas de sesión, dentro de la discusión sobre la iniciativa se presentaron varios argumentos por parte de los integrantes de esta célula legislativa, así como del Gobierno Nacional; lo que llevó a aplazar la discusión del proyecto hasta que se llevarán a cabo varias audiencias que permitan socializar con la comunidad la ratificación del Acuerdo, la Comisión Segunda Conjunta acordó que se apoyaría la propuesta planteada por el presidente, senador Juan Diego Gómez quien invitó a llevar a cabo dos foros regionales para dar curso al debate sobre el Proyecto de Ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú.

[58]​ A inicios del 2000, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó sobre los obstáculos que ambas regiones enfrentaban para alcanzar una gestión integrada del agua.

No fue hasta 2010, con la política hídrica nacional, y en 2012, con la creación de los Consejos de Cuenca, que Colombia expresó un plan para resolver los obstáculos expuestos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Precisamente estas estrategias se crearon bajo el reciente concepto de gobernanza del agua.

[59]​ Además de los obstáculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), debe considerarse también la alta contaminación del agua colombiana, en especial en las ciudades principales: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín.

[62]​ Costa Rica se negó a ratificar el acuerdo tras la llegada al poder de Rodrigo Chaves Robles en 2022.

[66]​ Durante varios meses se debatió la posibilidad de ratificar el acuerdo, pues este constituye un gran desafío para México..[66]​ Lo anterior debido a que implica una correcta modificación y compatibilidad del ordenamiento normativo mexicano con las estipulaciones de este acuerdo internacional.

[67]​ En esta se dictaminó después de una discusión y votación, la aprobación del acuerdo, por decisión unánime.

[67]​ Con esto México se convierte en el decimoprimer país en ratificar, por lo que da lugar a la entrada en vigor del mismo 90 días después de esta última ratificación.

Asimismo, otras autoridades han ofrecido sus opiniones en torno a lo que trae esta ratificación para México, y aseguran que esta cohesión de ratificaciones le traerá a América Latina y el Caribe el compromiso para fortalecer políticas públicas en materia ambiental y de Derechos Humanos[71]​.

[72]​ El presidente comandante Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y el gobierno nicaragüense apoyaron el acuerdo.

Entre 2002 y 2014, más de 50 defensores ambientales fueron asesinados en Perú ubicando al país como el cuarto país más peligroso del mundo para un protector del medio ambiente.

[116]​ En el derecho, existe un principio según el cual la carga de la prueba pesa sobre quien afirma algo ante un tribunal.

Esto quiere decir que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquella persona que rompe el estado de normalidad al afirmar poseer una nueva verdad sobre un asunto determinado.

De acuerdo al jurista Mario Peña Chacón, la carga de la prueba no ha no ha ahuyentado a nadie en particular, pese a lo argumentado por los gremios empresariales para oponerse al Acuerdo».