Criminalidad en Perú

[4]​ Perú ha experimentado cada vez más altos índices de criminalidad, especialmente en los grandes centros urbanos.

[17]​ Para 2017 la cifra aumentó a 33 %, en que el 57.5 % de las víctimas afirmó haber sufrido robos en su vivienda.

[19]​ En 2014, según la encuesta realizada por el Barómetro de las Américas la inseguridad desplazó a la economía como el principal problema más importante en el Perú.

[27]​ Según Conasec en ese año, 370 grupos están localizadas en Lima y Callao.

[38]​ En 2021, el Ministro del Interior, Avelino Guillén, implementó medidas orientadas a abordar el crimen organizado.

[44]​ El artículo 20, en el inciso 3, del Código Penal exonera de responsabilidad alguna a las personas que atacaron contra la vida de su agresor, siempre y cuando se cumpla los tres requisitos fundamentales: Si la persona está en riesgo, existe un criterio racional para defenderse y nunca debió iniciar el pleito ante el agresor.

[47]​ En cambio, el exministro del Interior Vicente Romero advirtió que aplicar este derecho «le da una chance al policía ejercer la autoridad y hacer el uso del arma adecuadamente, cuando tiene que enfrentarse a un delincuente».

[60]​ Además, el portal Global Index la incluyó en el puesto 19 de las ciudades más peligrosas del mundo junto a Tijuana (México).

[68]​ En 2022 la policía visita por lo menos dos horas en los lugares con mayor recurrencia en Lima, entre ellos los distritos de La Victoria y El Agustino.

[72]​ También, en ese año, el internacional Tren de Aragua obtuvo mayor dominio como organización criminal en el centro de la ciudad frente a otras locales,[73]​[74]​[75]​ que posteriormente se extendieron a otras regiones como Arequipa y La Libertad.

[76]​ Otras organizaciones que ocuparon parte de la ciudad corresponde a Los Tiguerones (Ecuador),[77]​ Los Bravos del Gota a Gota (Colombia)[78]​ y Los Malditos Secos del Cono Norte (local).

[85]​ Un estudio obtenido por el portal Epicentro reveló que, en el año 2007, la región de La Libertad fue la única en la que se registraron extorsiones, lo cual evidenció un incremento notable en los niveles de delincuencia en Trujillo.

[54]​ El economista Nicolas Besich, coordinador del Instituto Videnza, afirmó en 2024 que Puno cuenta con la tasa más alta del país, con un 38.4 % al primer semestre de 2024.

[89]​ Las ciudades con mayor tasa de homicidios por cada mil habitantes son Barranca (36), Trujillo (25), Tumbes (24), Chimbote (22), Pisco (12), Chincha Alta (12) y Huaraz (12).

[87]​ En 2015 por decreto legislativo 1181 se extendió como delito a los asesinatos por pedido, es decir, el sicariato.

[92]​ El año 2016, la venganza (24,5%) fue la principal presunta causa vinculada a muertes violentas asociadas a hechos delictivos, seguido de la delincuencia común (20,4%), la delincuencia organizada (16,7%) y el sicariato (12,7%), según el presunto lugar de ocurrencia destacaron la vía pública (47,4%), la vivienda de la víctima (21,2%) y el campo abierto/lugar desolado/casa abandona (11,1%).

[97]​ Con el cierre del prostíbulo Las Cucardas en 2024, la activista Angela Villón denunció que las trabajadoras sexuales estarían expuestas a grupos criminales.

[102]​ El informe del Cepal mostró que el Perú ocupa el segundo lugar en latinoamericana en feminicidios, solo superado por Colombia, durante el 2013.

[108]​ Desde la fiebre del caucho, se evidenciaron acciones hostiles hacia las comunidades nativas como la asháninca,[109]​ que carecieron de un sistema penal eficiente para atender actos criminales.

[121]​ En 2018 Perú firmó el acuerdo de Escazú para fomentar la protección a ellas; sin embargo, este acuerdo no se ratificó años después, a causa del congreso de tendencia conservadora.

[124]​ La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del hasta la actualidad, y es considerada como uno de los temas a tratar en el gobierno central (según Ipsos-El Comercio en 2020).

En el ámbito del funcionario público y las autoridades, esta se populariza en dos frases: «roba, pero hace obras» (en relación con las autoridades que recurren a los sobreingresos económicos como estímulo en obras), y «otorongo no come otorongo» (en la impunidad en cometer actos contra las leyes).

Luego del periodo fujimorista, por lo menos en dos décadas, el mandato presidencial estuvo propenso a escándalos, para 2023 seis de nueve personas que gobernaron el país fueron investigadas.

No obstante, con la regionalización, gobiernos subnacionales contribuyeron significativamente hasta la mitad de las pérdidas económicas, según la agencia EFE (2011) y El Comercio (2021).

[138]​ La Policía Nacional del Perú reconoció que algunos de sus propios agentes participaron en este delito.

[140]​ Los especialistas en seguridad señalaron que para enfrentar este problema se debe contar vigilancia preventiva como la presencia policial y del serenazgo en las calles y mecanismos de articulación con la comunidad.

[141]​ Según el Ministerio Público, se realizaron 3849 denuncias por estafa en las fiscalías penales de Lima durante el 2005.

[156]​ Sin embargo, esa medida estuvo propensa a falsificar su identidad para proceder su denuncia.

El diario español El País señaló que en 1992 se adoptaron medidas duras, como la prohibición de leer, escribir y trabajar en las celdas.

[179]​ El viceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que en 2023 los trabajadores cometieron actos de corrupción y proporcionaron un mal trato a los reclusos.