[5] El turismo sexual infantil está presente, además de Puerto Maldonado, en Iquitos y Cuzco.
Por ser zona aledaña, los traficantes operan con impunidad en ciertas regiones donde hay poca o nula presencia del gobierno.
[6][7] Tras su reclutación por organizaciones criminales, el Gobierno del Perú aún no consiguió cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, paulatinamente estableció normas para combatirlo.
Sin embargo, el gobierno no proporcionó servicios adecuados a las víctimas e hizo esfuerzos insuficientes para abordar la alta incidencia del tráfico laboral en el país.
[10] Estas sanciones son lo suficientemente estrictas y acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación, posteriormente actualizada con la norma 29918.
En comparación, las autoridades peruanas procesaron 54 casos y condenaron a cinco delincuentes de tráfico sexual el año anterior.
La unidad policial dedicada a la lucha contra la trata del gobierno estaba formada por aproximadamente 30 agentes.
[10] En 2021 la Ley 31146 modifica varios artículos de la 28950 para establecer reparaciones civiles a menores.
[3][6] El gobierno no empleó un mecanismo formal para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables, como las mujeres adultas en la prostitución.
El gobierno no brindó asistencia financiera a las ONG contra la trata de personas, aunque brindó apoyo en especie; Los servicios adecuados para las víctimas no estaban disponibles en muchas partes del país.
El gobierno continuó transmitiendo videos contra la trata en centros de transporte, advirtiendo a los viajeros sobre las consecuencias legales.
Aunque algunas áreas del país son conocidas como destinos de turismo sexual con niños y las leyes peruanas prohíben esta práctica, no se informaron condenas de turistas sexuales con niños.