Plan Verde
El Plan Verde (también conocido como Plan para un Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1989[1][2]) fue una supuesta operación militar clandestina concebida por las Fuerzas Armadas del Perú durante la época del terrorismo en el Perú.
Las políticas neoliberales aplicadas como parte del plan se incorporaron a la Constitución de 1993.
[16] La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.
[3][18] Las élites empresariales peruanas mantenían relaciones con los planificadores militares; las empresas aportaron las ideas económicas con las que coincidieron los militares, abogando por una agenda económica neoliberal unida al establecimiento de un régimen autoritario para imponer el orden.
[20] Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.
[20] El tomo también detalla que los militares planeaban esterilizar a los ciudadanos empobrecidos.
El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis».
[20] El tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete anexos.
[20] Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.
[23] El analista político peruano Fernando Rospigliosi señala que, aunque Montesinos no participó inicialmente en el Plan Verde, su capacidad para resolver cuestiones militares le llevó a participar en la aplicación del plan con Fujimori.
[24] En última instancia, aplicó muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde.
El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia proporcionó financiación y recursos educativos para las campañas publicitarias del ILD.
[27][34] Estas políticas provocaron dificultades inmediatas a los peruanos pobres, que vieron cómo los precios subían rápidamente, haciendo inasequibles las necesidades básicas.
[15] Tras la conclusión del PAPI en 1997, USAID señaló que el PAPI había ayudado en la preparación de textos legislativos y contribuido a la aparición de un papel consultivo del sector privado en la economía peruana.
[40] Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno pagó a los medios de comunicación por su cobertura positiva y para que le ayudaran a mantener la presidencia.
[47] En documentos facilitados por la Freedom of Information Act, los investigadores citaron a Elizabeth Liagin, quien informó de que entre 1993 y 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 los EE. UU.
[46][47] En 1998, a raíz de las investigaciones del Population Research Institute (PRI) sobre las esterilizaciones en Perú, el congresista estadounidense Todd Tiahrt promulgó en octubre de ese año la «enmienda Tiahrt», que, además de otros aspectos, garantiza que no se utilicen fondos públicos en relación con esterilizaciones forzosas en países extranjeros.
[48] Las esterilizaciones continuaron hasta que el presidente Fujimori huyó a Japón en 2000.
