Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar

[1]​ En 1968, los militares derrocaron al presidente Fernando Belaúnde Terry y permanecieron en el poder durante toda una década.

[2]​[4]​ Los nuevos lineamientos revirtieron la política del gobierno de Velasco; se promovieron los anticonceptivos y las familias planificadas, al tiempo que se adoptaron políticas maltusianistas, argumentando que el control de la población era necesario para el crecimiento económico.

[2]​[4]​ En 1979, el gobierno de Morales Bermúdez aprobó una nueva constitución nacional y se centró en recuperar la fortaleza económica del país.

[3]​[4]​ En 1992, Perú ocupaba el 5.º lugar en cuanto a población en la región latinoamericana, con una cifra estimada de 22.767.543 habitantes.

[6]​ En el área andina, la tasa de mortalidad materna es «muy alta para la región», con 185 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

[4]​ Debido a las diversas crisis ocurridas en la época, sólo algunos de los programas pudieron implementarse.

[7]​[8]​ Las élites empresariales peruanas mantenían relaciones con los planificadores militares, dejando la impresión de que en Perú debía adoptarse una economía neoliberal.

[9]​ Entre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.

El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis».

[10]​ El Plan Verde se reformuló posteriormente para incluir a Alberto Fujimori como jefe de un gobierno cívico-militar.

[3]​ El programa estaba dirigido a las mujeres pobres que tenían «poca o ninguna educación formal».

El nuevo plan, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), seguía en gran medida el Programa Nacional de Población existente, aunque utilizaba una redacción moderna y más progresista para conseguir apoyo.

[4]​ Ese mismo año, el informe del primer ministro titulado «Lineamientos Básicos de Política Social» incidió en gran medida en la política demográfica, argumentando que las proyecciones de población dejarían al Perú incapacitado para proveer servicios sociales básicos.

[2]​ El presidente Fujimori presionó al personal del PNSRPF para que cumpliera las cuotas de esterilización y los trabajadores se enfrentaron a condiciones precarias, por lo que a menudo se produjeron abusos de los derechos humanos.

[3]​ Un antiguo médico del Ministerio de Salud (Sanidad) confirma estas prácticas: El soborno, las amenazas y el engaño a los pacientes fueron métodos utilizados en la aplicación de dichos procedimientos por parte del personal médico.

[3]​ Muchas mujeres fueron engañadas por el personal y se les dijo que los procedimientos eran operaciones distintas de la esterilización.

[2]​ Si bien no se eliminó la esterilización, las reformas para la aplicación del procedimiento incluyeron[3]​ El plan consistía en introducir más educación sexual e incluir a más varones en el proyecto para garantizar que un mínimo del 10 % empezara a utilizar medidas anticonceptivas.

[3]​ Debido a que los procedimientos del Programa Nacional de Población iban en contra de la ley constitucional peruana y violaban la legislación sobre derechos humanos, los donantes extranjeros amenazaron con suspender el apoyo a cualquier aspecto del programa relacionado con la esterilización.

[3]​ Sin el pleno apoyo de la Iglesia católica, se necesitaron fondos externos para el éxito del programa.

La presión internacional para cumplir las normas de población se hizo evidente cuando el Fondo Monetario Internacional sugirió que el gobierno peruano recortara la financiación de los servicios sociales para permitir un mayor gasto en las áreas que exigía el programa.

[24]​ Sin embargo, una investigación del Congreso de los Estados Unidos dirigida por miembros que se oponían profundamente a la esterilización, no encontró pruebas de que USAID estuviera financiando esterilizaciones forzosas.