Esterilización forzosa en el Perú
Estas políticas formaban parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar dirigido por el Estado.
[17][14] Antes del programa, se realizaban menos de 15 000 esterilizaciones al año y las mujeres sólo podían someterse a la operación «si tenían un riesgo para la salud, cuatro o más hijos, o superaban cierta edad».
[14] De acuerdo con la Comisión especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), muchas mujeres que se sometieron a la esterilización sufrieron coacción, incluidas amenazas, violencia psicológica, intimidación y engaño.
A algunas incluso les ofrecieron dinero o comida para que aceptaran la intervención, especialmente durante las campañas de esterilización.
Esta inseguridad, unida a los incentivos económicos por alcanzar las cuotas, creó un clima en el que los trabajadores sanitarios se sentían presionados por las autoridades para realizar más esterilizaciones de las que podrían ser médicamente necesarias.
Asimismo, el libro destaca que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubo también otras 26 esterilizaciones no consentidas.
[34] Este organismo pudo identificar a 5097 mujeres que sufrieron esterilizaciones contra su voluntad:[38] La esterilización ocurrida bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ha sido descrita como genocidio por académicos como Ñusta Carranza Ko y Gabriella Citroni,[39] así como la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
[41] Cabe destacar que las esterilizaciones forzadas sistemáticas constituyen crímenes contra la humanidad según el Estatuto de Roma.
[42] Además, la revista Oiga ya había denunciado la existencia del Plan Verde, que habría sido desarrollado extraoficialmente por el Ejército y en el que se habrían planeado prácticas vinculadas con el genocidio.
[43] Muchas otras mujeres peruanas rurales que se sometieron a la ligadura de trompas provista por el Estado nunca fueron trasladadas a hospitales para realizar el procedimiento y, en cambio, fueron operadas en puestos de salud mal implementados.
Dado que esta generación fue incapaz de proporcionar un impulso económico crítico en estas viviendas rurales, las zonas sufrieron un mayor empobrecimiento.
[49] En 1997, un año después de haber sido esterilizada sin su consentimiento en Piura, Victoria Vigo denunció al médico responsable que le realizó la ligadira de trompas e inició una batalla legal que culminó en 2003, cuando fue indemnizada con aproximadamente 2500 dólares.
En 2015 la fiscal Marcelita Gutiérrez reabrió el caso, pero al año siguiente lo archivó nuevamente, sin embargo encontró a siete mujeres afectadas.
