[7]​ Vladimiro Montesinos, ampliamente considerado como el poder detrás del trono,[8]​ manejaba la mayor parte de esta red.

En lo judicial, el Gobierno hizo esfuerzos para evitar ser responsabilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

[16]​ En 1999, el ministro de Trabajo, Jorge Mufarech, denunció ante la oposición la corrupción profundamente arraigada, lo que estalló una crisis política.

[19]​ Personalidades políticas y periodistas atribuyen la corrupción generalizada posterior en el país al gobierno de Fujimori.

[47]​ Montesinos y su aliado Nicolás Hermoza[31]​ habrían establecido una red criminal sistemática dentro de los círculos influyentes del país.

[56]​ El apoyo judicial debilitó su sistema porque no tuvo la capacidad de sentenciar a organizaciones delincuenciales.

[63]​ El abogado Francisco Eguiguren Praeli denunció que la red recurrió a la extorsión para vender o cobrar por decisiones judiciales, incluso si carecían de fundamento jurídico.

[64]​ Durante 1997, el Parlamento logró retirar a miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a la reelección inconstitucional de Fujimori,[65]​[66]​ lo cual fue revertido en el caso del Tribunal Constitucional c. Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001.

En la sentencia del caso, los magistrados declararon que la CIDH encontró una «confabulación de los tres poderes públicos».

[79]​[80]​ Entre los beneficiados destacaron AeroPerú,[81]​ JJC Contratistas Generales —de la familia Camet Dickmann, incluido el propio Jorge—[82]​[83]​ y el Banco de Crédito.

[35]​[86]​[87]​ Por otro lado, se realizaron negociaciones con Ilan Weil Levy y socios para proveer clandestinamente armas al gobierno.

[88]​[89]​[90]​ También se realizaron negociaciones para la fabricadora W-21 Intertechnique, responsable en parte del monopolio armamentista en el país,[91]​ que supuestamente fue operado por Moshe Rothschild Chassin.

[105]​ Varios periodistas destacados que permanecieron en la televisión, incluidos Álamo Pérez-Luna, Pilar Higashi y Abraham Levy, negaron tener vínculos con el asesor Vladimiro Montesinos y afirmaron no estar al tanto de los detalles específicos relacionados con las negociaciones llevadas a cabo por la editorial.

[112]​ El fiscal José Ugaz coincidió en que los canales 4 y 5 de Lima deberían ser considerados terceros responsables en los procesos por corrupción.

[124]​[125]​[126]​ En 1992, Pedro Yauri fue encontrado sin vida, un asesinato cuya autoría se atribuye al grupo Colina.

En 1998, Angel Páez, investigador del diario La República (que ya estaba en la mira como otros periodistas)[131]​ y corresponsal del diario Clarín, fue objeto de desinformación por la prensa chicha, que lo acusó de tener una supuesta relación con el espionaje ecuatoriano.

[154]​ Sin embargo, el ministro fue involucrado en una investigación de la jueza Antonia Saquicuray por colaborar con el empresario televisivo José Enrique Crousillat.

[155]​ Posteriormente, surgieron declaraciones de Alberto Bustamante y Federico Salas, quienes confesaron recibir bienes ilícitos.

[182]​ También se recurrió a las donaciones extranjeras desde que Fujimori llegó al poder, administradas por su hermana mayor Rosa y otros integrantes.

El congresista David Waisman consiguió, en el año 2000, un informe de 700 páginas que evidenciaba su participación en esos desvíos.

[208]​ No obstante, la ex primera dama, Keiko Fujimori, negó las acusaciones de que los fondos habían sido provenientes del Estado, pese a existir discrepancias con las importantes inversiones declaradas por la Fiscalía.

[224]​ Uno de los socios íntimamente ligados a la red Fujimori-Montesinos fue el general retirado Óscar Juan Villanueva Vidal, quien se quitó la vida en 2002.

Dicho personaje adquirió posteriormente relevancia al realizar tratos con César Almeyda, asesor en aquel entonces de Alejandro Toledo, según un audio que fue filtrado por la prensa.

[226]​ Luego de una fallida investigación por el Ministerio Público en 2001, que fue archivada,[227]​ en 2010 la Quinta Sala Anticorrupción pidió doce años de prisión a Vladimiro Montesinos, el ex coronel PNP Manuel Ayvar Marca y cuatro policías por las torturas inferidas al periodista Fabián Salazar Olivares.

[230]​[231]​ Este plan, en referencia al Decreto de Urgencia n.º 081-2000,[232]​ pretendió amordazar a Montesinos ante la justicia.

[238]​[239]​ La segunda investigación se centró en el ámbito económico, específicamente en irregularidades en la privatización y financiación de empresas.

[259]​ Este colaborador le contaría su declaración a seis jueces anticorrupción,[260]​ reunidos en una sala penal.

En 2002, la investigación fue suspendida por un supuesto acuerdo interno para no indagar al involucrado de la red Agustín Mantilla.

La Sala Penal Liquidadora sentenció en 2014 a Danfer Suárez, quien fue responsable de desviar dinero mediante comisiones cuando formó parte del directorio.

[289]​ En 2015 se detuvo en Brasil al exgerente Javier Revilla, otra persona acusada de desviar los fondos.