Congreso Constituyente Democrático

El gobierno asumió la totalidad del poder, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales.

[2]​ En la reunión de cancilleres, el ministro peruano Augusto Blacker Miller justificó el autogolpe a partir del riesgo que significaba para el Perú la subversión terrorista.

El oficialismo estuvo representado por una alianza formada por Cambio 90 y el recién fundado partido Nueva Mayoría (C90-NM).

La alianza oficialista resultó triunfadora, con una cómoda mayoría en el Congreso al beneficiarse del alto índice de votos blancos y viciados.

Los resultados de esta consulta popular fueron los siguientes: El gobierno obtuvo así el triunfo, pero este no fue abrumador como lo había esperado.

La mayoría del CCD (y luego el Congreso ordinario instalado en 1995) se sometió de lleno al Ejecutivo,[9]​ no escatimando en violar la Constitución que ellos mismos aprobaron (como en lo referente a la «interpretación auténtica» del artículo constitucional sobre la reelección presidencial).

El Tribunal de Garantías (que posteriormente sería el Tribunal Constitucional) no existió hasta 1995; el Ministerio Público estuvo totalmente sometido al régimen; el Poder Judicial influenciado; los mandos militares y policiales dependientes del presidente o de su entorno.

[12]​ Manuel Aguirre Roca, presidente del Tribunal Constitucional en 2001, señaló que «cualquier funcionario con legitimidad puede impugnar Carta Magna».

Valentín Paniagua[16]​ y César Hildebrandt apoyaron las reformas constitucionales, aunque para este último sugirió que estas no ahuyentaran la inversión.