Ministerio Público (Perú)

El Ministerio Público, también llamado oficialmente Fiscalía del Perú, es el organismo constitucional autónomo del Estado peruano que tiene como funciones principales en velar la legalidad del país, además de investigar casos que atenten a los derechos ciudadanos y los intereses públicos, y fomentar iniciativas para solucionar los vacíos de la legislación.

[1]​ Tiene su rol representativo e independiente de defender a los afectados dentro del sistema jurídico nacional.

A medida que el Estado Peruano recibió mejoras en su estructura, la actividad del Ministerio Público no fue claramente regulada hasta la Constitución de 1979, según el entonces Fiscal Provincial Penal de Lima Alejandro Espino Méndez.

Aparte de ello, durante mucho tiempo, al Ministerio Público fue principal defensor del Estado en juicios, parte de su rol fue movido a otros organismos futuros como la Defensoría del Pueblo.

En este último ya se legisla y regula jurídicamente acerca del Ministerio Público.

[7]​ El proceso penal se dividió en dos etapas: instrucción y juzgamiento, la primera a cargo del juez instructor y la segunda a cargo del Tribunal Correccional por el Jurado (bajo un sistema jurídico mixto).

Es decir, el Ministerio Fiscal no tenía el monopolio en el ejercicio de la acción penal, teniendo participación en el desarrollo del procedimiento como parte y después dictaminando en el juicio oral y acusando.

La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le da una regulación en la Ley Suprema, atribuyéndole personería propia, con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones, prohibiciones; conforme a sus artículos 250 y 251 del Capítulo XI.

27367, se creó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público para la reestructuración como organismo autónomo.