Estado de derecho en Perú

[9]​ Si bien Perú ejerce un estado democrático desde finales del siglo XIX, se apreció un riesgo de cleptocracia a partir del siguiente por los poderes fácticos u oficiosos que coactan o la corrompen.[2]​[18]​ El Tribunal Constitucional se creó para reducir la dependencia de los poderes políticos y económicos, además de controlar las resoluciones del Poder Judicial que contradijeran dicha Constitución.Esta influencia puede verse exacerbada cuando el gobierno se siente bajo escrutinio.Es posible afirmar que no se emplea la propaganda estatal como un instrumento de gobierno.Desde el año 2000, los grupos mafiosos que rodearon a Fujimori y a Montesinos permanecen al margen de las funciones del gobierno, aunque son una amenaza latente y una amenaza para el Estado de Derecho.[27]​ Existen algunas deficiencias en la estructura burocrática que pueden permitir las prácticas clientelares, como que el 15 % del presupuesto no puede ser contabilizado, las exoneraciones al proceso licitatorio son frecuentes, los problemas surgidos en los fondos extrapresupuestarios, además del cambio de meta para responder a cambios imprevistos de política.Debido a grandes necesidades sociales, una capacidad de respuesta limitada, una gran volatilidad del voto por un gran descontento de la población genera incentivos para que la administración haga cambios frecuentes por situaciones coyunturales, y usar dinero del Estado para obtener fines políticos, aunque aún no se ha aplicado políticas populistas.[30]​ Esta práctica, surgida durante la adopción del neoliberalismo por parte del Estado, que otorga a los contratos un valor constitucional,[31]​ genera inestabilidad e imprevisibilidad en el sistema tributario.El principio de generalidad se ve amenazado principalmente por la presión del sector privado, que busca influir en la legislación a través de sobornos y favoritismos.[33]​ Las normas jurídicas se publican regularmente de manera impresa y electrónico en el diario oficial El Peruano.No existe buenos comprendios oficiales que recojan en un mismo texto jurídico, la legislación vigente en determinados temas.Las normas tienen una calidad desigual y no siempre están armonizadas con el resto del ordenamiento jurídico.Todo esto se combina con una interpretación errática e impredecible por partes de los poderes públicos.No se suministran a la autoridad competente datos, análisis e informes sobre:[36]​ Desde inicios del siglo XXI Perú ha mejorado en el proceso de toma de decisiones.[38]​ En Perú, existen instituciones públicas altamente eficaces, y otras que adolecen de debilidades institucionales.[39]​ En Perú, cuenta con su particular sistema, a cargo del Poder Judicial (PJ), para juzgar eventos que infringen con las normas.Los jueces no basan sus decisiones únicamente en las afirmaciones de las partes, sino que cuentan con medios para verificar su exactitud.En los procedimiento civiles, el juez no investiga, sino que evalúa las pruebas presentadas por las partes.[40]​ El Poder Judicial se complementa con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PNP).El Ministerio Público cuenta con fiscales para garantizar que las investigaciones se realicen de manera legítima, mientras que la Policía se encarga de recabar pruebas penales.[41]​ El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García, señaló que el Ministerio Público recibió las facultades investigadoras a causa de la corrupción que se presentaba en la PNP.Es por lo que el exministro chileno Jaime Arellano Quintana consideró a la JNJ como una institución sólida.[56]​ Tanto el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría tienen problemas estructurales.