La ley de interpretación auténtica (Ley n.º 26 657) fue aprobada por el Congreso del Perú durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori que facultó al jefe del Estado postular por tercera vez consecutiva a la presidencia del Perú.

[1]​[2]​ Esta circunstancia constitucional impedía que Fujimori se postulase a una tercera candidatura inmediata para las elecciones generales del 2000.

En ese sentido, se argumentó que el presidente solo se había presentado como candidato una vez (en 1995), por lo que estaba habilitado para una segunda postulación en el año 2000.

Por tanto su segundo periodo solo podría justificarse asumiendo que la Constitución de 1993 (que permitía dos periodos consecutivos) se aplicaba al mandato presidencial iniciado en 1990.

El texto del artículo 112º de la Constitución no ofrece duda alguna, en relación a lo que el Constituyente de mil novecientos noventidós expresó con este dispositivo, esto es, que ningún Presidente Constitucional desempeñe el poder político, de modo legítimo, por más de diez años consecutivos (cinco correspondientes a la elección, y los cinco posteriores, a la reelección), no pudiéndose por vía diferente a la reforma constitucional, cuyo procedimiento está expresamente establecido en la vigente Carta Política, modificar tal precepto.