Bajo esta ley, Fujimori podía postular para un tercer periodo presidencial en las elecciones generales de 2000, ya que había sido elegido en 1990 y 1995.
En dicho contexto, los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo resolvieron, en una aclaración, que no había tema por aclarar, resolución que no fue publicada en el diario El Peruano.
La comisión fue presidida por la congresista fujimorista Martha Hildebrandt e integrada por Javier Alva Orlandini, Gustavo Mohme Llona, Luis Delgado Aparicio, Enrique Chirinos Soto, Jorge Trelles Montero y Edith Mellado.
El 15 de mayo de 1997, la Comisión Investigadora presentó a la Comisión Permanente una denuncia constitucional contra los magistrados Rey Terry, Aguirre Roca, Revoredo Marsano y Nugent López Chávez por infracción constitucional.
La Comisión Permanente designó una subcomisión encargada de las denuncias constitucionales, la cual fue integrada por los congresistas Luz Salgado Rubianes, Dennis Vargas Marín y Aldo Estrada Choque.
El congresista Mohme renunció a la designación y protestó por el procesamiento de magistrados del Tribunal Constitucional.
Tras la exposición de Chirinos Soto, el congresista Delgado Aparicio continuó con la acusación a los magistrados del Tribunal Constitucional.