[3] Sin embargo, el Poder Judicial volvió a anular el proceso y ordenó la reposición de los enjuiciados.
[20] La congresista Chirinos dio a conocer información sobre el juicio político al asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, quien fue detenido por estar involucrado en la organización criminal La Fiscal y su Cúpula del Poder.
[29] Como resultado, se propuso que el informe preliminar sea presentado antes de la invitación a los magistrados en el parlamento.
[31] En este caso la comisión parlamentaria está obligada a entregar documentación al ente judicial.
[38] Para ese día, a pesar de la suspensión, El presidente del Legislativo, Alejandro Soto, rechazó ese pedido;[39][40] además, la promotora Patricia Chirinos denunció la medida cautelar de los jueces.
[45] El presidente del organismo autónomo, Francisco Morales Saravia, respondió a los congresistas que «todos tenemos límites».
[46] Aun así, la medida generó represalias contra el ente judicial; la Procuraduría Pública del Congreso realizó una apelación, mientras que el Ministerio Público realizó una investigación en contra de las autoridades.
[51] Entre las personas que respaldaron la moción se encuentra Vladimir Cerrón, quien en septiembre de 2023 la calificó como un enfrentamiento entre la derecha promotora y los «caviares», un término que alude a personas con ideas políticas progresistas.
[53] Carlos Anderson, por su parte, cuestionó que si los cuestionamientos a la JNJ eran tan evidentes, «¿porqué ha demorado dos años y medio [...] para [que Chirinos se de] cuenta de esto?».
[62] El ex defensor del pueblo Walter Albán advirtió que la Constitución no contempla, en ningún caso, investigaciones sumarias.
Asimismo, afirmó que la adopción del término «investigación sumaria» correspondería al lenguaje coloquial de la señora Patricia Chirinos.
[64] El diario La República realizó un análisis a los cinco puntos importantes que justificó Chirinos pero dedujo que «no ha podido demostrar cuál es la injerencia de estos funcionarios y tampoco las presiones al Poder Judicial».
[77] Mientras tanto, se formó la Plataforma por la Democracia, impulsada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) e integrada por la CGTP, el CNUL, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Nuevo Perú, Patria Roja, el Partido Morado, entre otras.
[78][79] Dicha plataforma convocó movilizaciones contra el congreso en apoyo a la JNJ para el 16 de septiembre.
[83] Seguido del mensaje, el rector Alfonso López-Chau políticos como Indira Huilca, Elena Conterno, Marisol Pérez Tello, Gloria Montenegro, Gino Costa, entre otros, se manifestaron en contra de la nueva recomendación del Congreso.
[86] Además, la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán, criticó las acusaciones en su contra y comparó el suceso con la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional del Perú sustentado por Enrique Chirinos en 1997.
[88] Por otro lado, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien estuvo investigada por la JNJ en 19 expedientes que fueron archivadas en última instancia al coincidir con el proceso de investigación del organismo,[89] prefirió no estar involucrada en el juicio político por resultar «ingenuo y malicioso».
La República poniendo a algún "notable" caviar chillando en portada... los aliados fujicaviares (exfujimoristas) y vargallosistas piteando... otros "notables" caviares pontificando desde las redes [sociales]... funcionarios menores de organismos internacionales fingiendo ser la voz de los mismos... y las ONG moviendo sus redes.
En respuesta a la suspensión, la bancada de Renovación Popular solicitó tomar acciones contra Alejandro Soto, presidente del Congreso.
Algunos parlamentarios, como Maricarmen Alva[105] y Patricia Juárez,[106] expresaron sus discrepancias con las declaraciones de la Presidenta.
Tras la reunión, se realizó un nuevo comunicado por los senadores Ben Cardin y Tim Kaine contra el juicio político.
[119] La designación de Inés Tello, quien había investigado previamente el caso de la red Fujimori-Montesinos,[120] generó controversia debido a los votos emitidos por los miembros de la Comisión Permanente durante la elaboración del informe: José Luna (a favor),[121][122] José Jerí (a favor) y Edgard Reymundo (en contra).
[123] En contraste, la designación de Aldo Vásquez fue respaldada por una reconsideración que permitió a congresistas como Raúl Doroteo y Jorge Luis Flores Ancachi (investigados en el caso «Los Niños») cambiar su voto a favor.
[127] Días después, el Poder Judicial ordenó que se «suspendan los efectos jurídicos de los acuerdos adoptados» a los dos magistrados procesados debido a que el Parlamento vulneró su independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones.