La característica fundamental de esta crisis es, inicialmente, la constante pugna entre el poder Ejecutivo y las fuerzas políticas opositoras del Congreso.

[5]​ Los simpatizantes más férreos al oficialismo y la oposición, según la DINI, mostraron el interés de «cierre del congreso» y «vacancia presidencial» respectivamente;[6]​ motivo que la CIDH llamó a «delimitar con claridad» dichos mecanismos que favorecen a cualquiera de los bandos.

[37]​[38]​[39]​[40]​ La Fiscalía respondió a esta situación presentando contra el gobierno de Boluarte una denuncia por las muertes ocurridas durante la convulsión social.

[48]​ Como anticipaban las encuestadoras, la cantidad de votos nulos y viciados (18.7%) terminó siendo mayor a la del candidato ganador (15.3%).

[47]​ La campaña de la segunda vuelta estuvo caracterizada por una severa polarización en la ciudadanía, divida entre el «antifujimorismo» y «anticomunismo».

[52]​[53]​ El 15 de junio, la ONPE publicó los resultados finales, en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos.

[54]​ Este resultado fue muy similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (50.1%) derrotó también a Fujimori (49.9%) por 41 mil votos.

[112]​ Por otro lado, organizaciones religiosas intentaron reconciliar entre la izquierda y la derecha política desde la llegada de Castillo al poder.

[188]​ Más adelante, en marzo del mismo año, juramentó el nuevo ministro Nicolás Bustamante, en reemplazo de Silva.

[196]​[197]​ En marzo del mismo año, la Fiscalía abrió una investigación a funcionarios cercanos por el presunto delito de organización criminal.

Consultado sobre sus declaraciones anteriores en apoyo a esa idea, manifestó que las había emitido cuando «ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato».

Además, insistió en su propuesta para desactivar y reformar el Tribunal Constituional porque «no defienden los derechos de los ciudadanos».

[245]​ Asimismo, el Presidente de Colombia Gustavo Petro solicitó a la CIDH proteger la vida del exmandatario y restaurar sus derechos políticos.

Según la Fiscalía Peruana, Pedro Castillo sería cabecilla de una organización criminal que presuntamente involucra a la familia presidencial, congresistas, ministros, funcionarios y empresarios.

[281]​ Para 2024, Boluarte acumuló nueve denuncias relacionadas con los delitos de homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo.

[283]​ Desde el mismo día en que la presidenta Boluarte asumió la conducción del país, se reportaron las primeras protestas pacíficas en Puno, Arequipa, Lima y otras regiones.

[290]​ No obstante, las convocatorias no mermaron la fortaleza del Congreso, institución que incrementó su control político debido a un fallo del Tribunal Constitucional,[291]​[292]​[293]​ invalidando la denuncia contra el asumido acalde de Lima Rafael López Aliaga, quien en un mitin profirió amenazas de muerte contra Pedro Castillo.

[298]​ Las manifestaciones que evidenciaban el descontento social impulsaron al gobierno a adoptar medidas cada vez más autoritarias.

[301]​ El 28 de marzo, el fiscal provincial Richard Rojas incorporó a la presidenta Dina Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro en una investigación fiscal por organización criminal por supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021.

[311]​ El politólogo Martín Tanaka señaló que con la asunción de Dina Boluarte al poder, «se revelaron progresivamente extensas actitudes conservadoras entre los representantes de la izquierda y populistas en la derecha, con lo que se gestó un amplio margen para lograr acuerdos en un sentido contrario a ciertas lógicas reformistas desarrolladas en los últimos años».

[349]​ En 2024, representantes de Fuerza Popular y Perú Libre aprobaron un dictamen para impedir que los partidos políticos sean sancionados penalmente.

[375]​ Sin embargo, la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Josué Gutiérrez no criticó la contraofensiva, según el abogado Walter Albán.

[411]​[412]​ Este órgano estará conformado por individuos con experiencia previa en el Congreso, incluyendo aquellos elegidos mediante un único distrito electoral.

[410]​ Pese a las críticas expresadas por la ciudadanía sobre la bicameralidad en 2018, la líder política Keiko Fujimori defendió esta nueva configuración como un «triunfo del diálogo democrático».

[429]​ La denuncia recibió críticas por la inmediatez que fue presentada, identificando solo a los responsables de la represión policial en seis personas.

[436]​ Sin embargo, el gobierno rechazó las acusaciones de corrupción relativas al incidente[437]​ y negó que Boluarte sea responsable del complot.

[447]​ En una entrevista con la prensa, la entonces presidenta Boluarte afirmó que los relojes habían sido adquiridos mediante su «trabajo [constante] desde los 18 años».

[448]​ Esta afirmación contradijo la declaración del exasesor presidencial Henry Shimabukuro, quien indicó que Boluarte no usó relojes de lujo durante la campaña electoral.

Mientras tanto, el Gobierno optó por nombrar a la policía Ruth Ligarda Castro, la principal sospechosa del caso, como integrante de su misión diplomática en España.

[498]​ Esta designación generó duras críticas, pues consideraron que sólo se trataba de un interés político por desviar el tema.