Crisis política en Perú de 2009
[2] Estos pueblos indígenas estaban en oposición a diversos decretos impulsados por el Gobierno peruano para su adecuación con el TLC con Estados Unidos.
Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa a la que han denominado la «ley de la selva», suponemos por la intención del Gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva.
Los problemas que encuentran las organizaciones indígenas respecto de esta norma no se limitan a su contenido.
La carta magna del Perú otorga protección especial a la Amazonía dentro de todos los recursos naturales, aun así, contempla que cualquier disposición sobre la explotación y empleo de recursos naturales debe ser emitida mediante la ley orgánica, lo que supone, según otro precepto constitucional, su indelegabilidad al Poder Ejecutivo; por lo tanto la promulgación mediante decreto legislativo es inconstitucional.
[9] Posteriormente, el diario El Comercio publicó dos artículos, «El perro del hortelano» y «Receta para acabar con el perro del hortelano», en los que el presidente García explicó su política económica liberal, que promovía la inversión privada y el libre mercado.
Sobre los indígenas en aislamiento voluntario dice: «Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático "no conectado"; es decir, desconocido, pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$90 por cada barril.
Dentro de la legislación para el TLC, el Poder Ejecutivo emite decretos que tratan sobre los pueblos indígenas del Perú.
Los nativos amazónicos de los pueblos achuar, amuesha, awajunes, asháninka, bora, candoshi, cashibo-cacataibo, cashinahua, chayahuita, cocama-cocamilla, culina, ese eja, harákmbut, huambisa, jébero, machiguenga, ocaina, quechua del Napo, quechua del Pastaza-Tigre, secoya, sharanahua, shipibo-conibo, uitoto, urarina, yagua, yaminahua, yine y yora,[13] que se encontraban organizados en AIDESEP y CONAP, iniciaron protestas por estos decretos.
El Gobierno lamentó esta decisión del Congreso ya que hubieran permitido abrir las áreas tribales de la Amazonia a las compañías petroleras.
[17] Tras la falta de apoyo por otros partidos,[18] Alan García califica la derogación como un «error histórico».
[19] Alberto Pizango declaró que se trataba de «un nuevo amanecer para los pueblos indígenas del país».
El 15 de mayo, al no haberse establecido la nueva comisión, Alberto Pizango hace un llamado a la insurgencia.
Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo.
El 20 de mayo, por decreto supremo 031-2009-PCM, se crea esta comisión multisectorial para iniciar el diálogo entre el Gobierno y los indígenas.
[cita requerida] En esta agenda no se incluía la derogatoria de la ley 1090 que los amazónicos exigían.
Decide no participar más en la mesa de diálogo y exige hablar directamente con el presidente del Perú.
Según los primeros informes oficiales, al menos 24 policías y 9 indígenas habrían sido asesinados.
Hasta la fecha se han identificado 10 fallecidos civiles, de los cuales 3 pertenecerían a los pueblos indígenas involucrados en las protestas.
[26] La organización internacional Amazon Watch, que a través del joven activista defensor de los Derechos Humanos, Faunier Hernán Ríos Jaramillo, denunció que la Policía estaría haciendo desaparecer cadáveres de indígenas cuyas muertes aún no han sido contabilizadas.
Días después, el ministro de Relaciones Exteriores peruano afirmaba que Estados Unidos, Francia y Bolivia previamente le habían negado el asilo al dirigente indígena.
El presidente peruano Alan García respondió acusando a Morales de «intervencionismo político en asuntos internos del Perú».
[31] Este conflicto social dejó 33 personas muertas y aún se desconoce el paradero del mayor Felipe Bazan (2016).
