[1]​ Con posterioridad, las facultades del Congreso para promulgar normas sobre amnistía fueron objeto de diversas reformas.

[1]​ A diferencia de su antecesora, esta segunda ley impidió el pronunciamiento judicial sobre la amnistía.

[10]​ Como consecuencia, la Sala Penal de la Corte Superior declaró nula la resolución emitida por la jueza Saquicuray.

[3]​ Sin embargo, posteriormente algunos políticos plantearon revocar la nulidad y prolongar el periodo de amnistía.

En ese contexto, Javier Valle-Riestra sugirió extenderlo hasta el año 2000 tras la investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial durante la operación Chavín de Huantar.

[14]​ En el juicio a Alberto Fujimori, el acusado adujo que la norma firmada perseguía «una solución pacífica tras catorce o quince años de conflicto interno».

[15]​[16]​ Tiempo después, en 2008, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso la divulgación de un registro sonoro en el que Santiago Martín Rivas (exintegrante del Grupo Colina) y otras autoridades militares abordaron la legislación en cuestión.

[19]​ Años después, en 2010, el gobierno presidido por Alan García dictó el Decreto Legislativo 1097.

[20]​ Promovido por el Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey,[21]​[22]​ el decreto generó inquietud ante la posibilidad de que favoreciera a miembros del Grupo Colina[23]​ y a Luis Giampietri.