[1][2][3] La comisión fue dirigida por el jurista Domingo García Belaúnde, elegido vicepresidente por los demás miembros.
Sin embargo, en el mismo acto, se deberían convalidar todos los actos realizados bajo la vigencia del texto de 1993.
En ese sentido, propuso que las elecciones generales de 2001 sea reconocidas, al igual que los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, la institución de la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Finalmente, la Comisión propuso, en esta alternativa, que los cambios efectuados sean ratificados por un referéndum posterior.
[10] Con posterioridad, Javier Diez Canseco animó a convocar una nueva asamblea debido a que «los peruanos no tienen por qué aguantar el comportamiento demostrado por los parlamentarios y tienen el derecho a elegir una Constituyente para producir cambios fundamentales frente al desprestigio del sistema político y económico».