El Derecho de la Unión Europea es un sistema de normas que se aplican en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Desde la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tras la Segunda Guerra Mundial, la UE ha desarrollado el objetivo de "promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos". [4] La UE tiene instituciones políticas, políticas sociales y económicas que trascienden los Estados nacionales con el propósito de la cooperación y el desarrollo humano . [5] Según su Tribunal de Justicia , la UE representa "un nuevo orden jurídico de derecho internacional ". [6]
Los fundamentos jurídicos de la UE son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , acordados actualmente por unanimidad por los gobiernos de 27 estados miembros. Los nuevos miembros pueden unirse si aceptan seguir las reglas de la unión, y los estados existentes pueden abandonarla de acuerdo con sus "propios requisitos constitucionales". [7] Los ciudadanos tienen derecho a participar a través del Parlamento , y sus respectivos gobiernos estatales a través del Consejo en la elaboración de la legislación que elabora la UE. La Comisión tiene derecho a proponer nuevas leyes ( derecho de iniciativa ), el Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos electos de los estados miembros, el Parlamento es elegido por los ciudadanos europeos y el Tribunal de Justicia tiene por objeto defender el estado de derecho y los derechos humanos . [8] Como ha dicho el Tribunal de Justicia, la UE "no es simplemente una unión económica", sino que tiene por objeto "garantizar el progreso social y buscar la mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos". [9]
Los ideales democráticos de integración para las naciones internacionales y europeas son tan antiguos como el estado nacional moderno . [11] [12] Los conceptos antiguos de unidad europea eran generalmente antidemocráticos y se basaban en la dominación, como el Imperio de Alejandro Magno , el Imperio Romano o la Iglesia Católica controlada por el Papa en Roma. En el Renacimiento , el comercio medieval floreció en organizaciones como la Liga Hanseática , que se extendía desde ciudades inglesas como Boston y Londres , hasta Frankfurt , Estocolmo y Riga . Estos comerciantes desarrollaron la lex mercatoria , difundiendo normas básicas de buena fe y trato justo a través de sus negocios. En 1517, la Reforma Protestante desencadenó cien años de crisis e inestabilidad. Martín Lutero clavó una lista de demandas en la puerta de la iglesia de Wittenberg , el rey Enrique VIII declaró una separación unilateral de Roma con el Acta de Supremacía de 1534 y los conflictos estallaron en todo el Sacro Imperio Romano Germánico hasta que la Paz de Augsburgo de 1555 garantizó a cada principado el derecho a su religión elegida ( cuius regio, eius religio ). Este inestable asentamiento se deshizo en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), matando a alrededor de una cuarta parte de la población de Europa central. El Tratado de Westfalia de 1648 , que trajo la paz de acuerdo con un sistema de derecho internacional inspirado por Hugo Grocio , es generalmente reconocido como el comienzo del sistema de estado-nación. Incluso entonces, la Guerra Civil Inglesa estalló y solo terminó con la Revolución Gloriosa de 1688, cuando el Parlamento invitó a Guillermo y María de Hannover al trono y aprobó la Declaración de Derechos de 1689 . En 1693, William Penn , un cuáquero de Londres que fundó Pensilvania en América del Norte, argumentó que para evitar las guerras en curso en Europa se necesitaba un "dique o parlamento europeo". [13]
El diplomático francés, Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre , que trabajó en la negociación del Tratado de Utrech al final de la Guerra de Sucesión Española, propuso, a través de la " Unión Perpetua ", "una paz duradera en Europa", [14] un proyecto retomado por Jean-Jacques Rousseau , [15] e Immanuel Kant después de él. [16] Después de las Guerras Napoleónicas y las Revoluciones de 1848 en el siglo XIX, Victor Hugo en el Congreso Internacional de la Paz en 1849 imaginó un día en el que habría "Estados Unidos de América y Estados Unidos de Europa cara a cara, extendiéndose el uno al otro a través de los mares". [17] La Primera Guerra Mundial devastó la sociedad y la economía de Europa, y el Tratado de Versalles no logró establecer un sistema internacional viable en la Liga de las Naciones , ninguna integración europea e impuso términos punitivos de pagos de reparación para los países perdedores. [18] Después de otro colapso económico y el ascenso del fascismo que condujo a una Segunda Guerra Mundial, la sociedad civil europea estaba decidida a crear una unión duradera para garantizar la paz mundial a través de la integración económica, social y política.
Para "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que en dos ocasiones... trajo a la humanidad un dolor indecible", [19] se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y la Conferencia de Bretton Woods estableció un nuevo sistema integrado de banca , finanzas y comercio mundiales . Además, el Consejo de Europa , formado por el Tratado de Londres de 1949 , adoptó una Convención Europea de Derechos Humanos , supervisada por un nuevo tribunal transnacional en Estrasburgo en 1950. Ya en 1946, Winston Churchill , que había sido derrotado como Primer Ministro del Reino Unido en 1945 , había pedido unos " Estados Unidos de Europa ", aunque esto no significaba que el Reino Unido cortaría sus vínculos con la Commonwealth . En 1950, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, propuso que, a partir de la integración de la producción de carbón y acero francesa y alemana, debería existir "una organización abierta a la participación de los demás países de Europa", donde la "solidaridad en la producción" haría que la guerra "no sólo fuera impensable, sino materialmente imposible". [20] El Tratado de París de 1951 creó la primera Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), firmada por Francia, Alemania Occidental, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo e Italia, con Jean Monnet como su presidente. Su teoría era simplemente que la guerra sería imposiblemente costosa si la propiedad y la producción de la economía de cada país se mezclaban. Estableció una Asamblea (ahora el Parlamento Europeo ) para representar al pueblo, un Consejo de Ministros para los estados miembros, una Comisión como ejecutivo y un Tribunal de Justicia para interpretar la ley. En el Este, la Unión Soviética había instalado gobiernos dictatoriales, controlando Alemania Oriental y el resto de Europa Oriental. Aunque Stalin murió en 1953 y el nuevo secretario general Nikita Khrushchev lo había denunciado en 1956, [21] los tanques soviéticos aplastaron la revolución democrática húngara de 1956 y reprimieron todo otro intento de su pueblo de ganar la democracia y los derechos humanos.
En Occidente, la decisión de crear la primera Comunidad Económica Europea se tomó mediante el Tratado de Roma de 1957. Compartía la Asamblea y el Tribunal con la Comunidad del Carbón y del Acero, pero creó órganos paralelos para el Consejo y la Comisión. Basándose en el Informe Spaak de 1956, pretendía derribar todas las barreras al comercio en un mercado común de bienes, servicios, trabajo y capital, y evitar la distorsión de la competencia y regular áreas de interés común como la agricultura, la energía y el transporte. [22] Se firmó un tratado independiente para una Comunidad Europea de la Energía Atómica para gestionar la producción nuclear. En 1961, el Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y Noruega solicitaron su adhesión, pero fueron vetados en 1963 por el francés Charles de Gaulle . España también solicitó su ingreso y fue rechazada porque todavía estaba dirigida por la dictadura de Franco . El mismo año, el Tribunal de Justicia proclamó que la Comunidad constituía un "nuevo orden jurídico de derecho internacional". [6] El Tratado de Fusión finalmente colocó a la CECA y al Euratom dentro de la CEE. Poco después, De Gaulle boicoteó la comisión, que creía que estaba llevando el supranacionalismo demasiado lejos. El compromiso de Luxemburgo en 1966 acordó que Francia (u otros países) podrían vetar cuestiones de "interés nacional muy importante", en particular relacionadas con la Política Agrícola Común , en lugar de tomar decisiones por " mayoría cualificada ". Pero después de los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia y la renuncia de De Gaulle, el camino quedó libre para que el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se unieran en 1973. Noruega había rechazado unirse en un referéndum de 1972 , mientras que el Reino Unido confirmó su membresía en un referéndum de 1975. [23 ]
Aparte de la propia Comunidad Económica Europea, el continente europeo experimentó una profunda transición hacia la democracia. Los dictadores de Grecia y Portugal fueron depuestos en 1974, y el dictador de España murió en 1975, lo que permitió su adhesión en 1981 y 1986. En 1979, el Parlamento Europeo celebró sus primeras elecciones directas, lo que reflejaba un creciente consenso sobre la necesidad de que la CEE fuera menos una unión de estados miembros y más una unión de pueblos. El Acta Única Europea de 1986 aumentó el número de cuestiones de tratados en las que se utilizaría la votación por mayoría cualificada (en lugar del consenso) para legislar, como una forma de acelerar la integración comercial. El Acuerdo de Schengen de 1985 (que inicialmente no firmaron Italia, el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca o Grecia) permitió el movimiento de personas sin ningún control fronterizo. Mientras tanto, en 1987, el presidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov anunció políticas de "transparencia" y "reestructuración" ( glasnost y perestroika ). Esto reveló las profundidades de la corrupción y el despilfarro. En abril de 1989, la República Popular de Polonia legalizó la organización Solidaridad, que obtuvo el 99% de los escaños parlamentarios disponibles en las elecciones de junio. Estas elecciones, en las que los candidatos anticomunistas obtuvieron una victoria sorprendente, inauguraron una serie de revoluciones anticomunistas pacíficas en Europa central y oriental que finalmente culminaron en la caída del comunismo. En noviembre de 1989, los manifestantes en Berlín comenzaron a derribar el Muro de Berlín , que se convirtió en un símbolo de la caída de la Cortina de Hierro , y la mayor parte de Europa del Este declaró su independencia y se dispuso a celebrar elecciones democráticas en 1991.
El Tratado de Maastricht rebautizó a la CEE como " Unión Europea " y amplió sus poderes para incluir un capítulo social , establecer un Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio y limitar el gasto público. El Reino Unido inicialmente optó por no participar en las disposiciones sociales y luego en la unión monetaria después de la crisis de la libra esterlina de 1992 ("Miércoles Negro"), donde los especuladores apostaron contra la moneda británica . Suecia, Finlandia y Austria se unieron en 1995, pero Noruega nuevamente decidió no hacerlo después de su referéndum de 1994 , y en su lugar siguió siendo parte del Área Europea de Libre Comercio (AELC) y, por lo tanto, del Espacio Económico Europeo (EEE), cumpliendo con la mayor parte de la legislación de la UE pero sin ningún derecho de voto. En el Tratado de Ámsterdam , con un nuevo gobierno laborista , el Reino Unido se unió al capítulo social. Una UE recién confiada buscó entonces expandirse. Primero, el Tratado de Niza hizo que el peso del voto fuera más proporcional a la población. Segundo, la moneda del euro entró en circulación en 2002. Tercero vino la adhesión de Malta, Chipre, Eslovenia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania. En cuarto lugar, en 2005 se propuso un Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa . Esta propuesta de "constitución" era en gran medida simbólica, pero fue rechazada en referendos en Francia y los Países Bajos . La mayoría de sus disposiciones técnicas se insertaron en el Tratado de Lisboa , sin los símbolos emotivos del federalismo ni la palabra "constitución". Ese mismo año se adhirieron Bulgaria y Rumania.
Durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la crisis financiera de 2007-2008 , los bancos europeos que invertían en derivados se vieron sometidos a una fuerte presión. Los gobiernos británico, francés, alemán y otros se vieron obligados a convertir algunos bancos en bancos de propiedad estatal parcial o total. Algunos gobiernos, en cambio, garantizaron las deudas de sus bancos. A su vez, la crisis de la deuda europea se desarrolló cuando la inversión internacional se retiró y Grecia, España, Portugal e Irlanda vieron cómo los mercados internacionales de bonos cobraban tasas de interés insosteniblemente altas sobre la deuda gubernamental. Los gobiernos de la eurozona y el personal del Banco Central Europeo creyeron que era necesario salvar a sus bancos asumiendo la deuda griega e imponiendo medidas de " austeridad " y " ajuste estructural " a los estados deudores. Esto exacerbó aún más la contracción de las economías. En 2011 se firmaron dos nuevos tratados, el Pacto Fiscal Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad entre los diecinueve estados de la eurozona . En 2013, Croacia ingresó a la unión. Sin embargo, se desencadenó una nueva crisis después de que el gobierno conservador del Reino Unido decidiera celebrar un referéndum en 2016, y los partidarios del "brexit" obtuvieron el 51,89 por ciento de los votos con una participación del 72,2 por ciento. [24] Este referéndum no fue políticamente concluyente dado el sistema de soberanía parlamentaria del Reino Unido , sin acuerdo después de las elecciones de 2017, hasta que las elecciones generales del Reino Unido de 2019 trajeron una mayoría conservadora con un compromiso manifiesto de impulsar el Brexit. El Reino Unido abandonó la membresía de la UE en febrero de 2020, con consecuencias económicas, territoriales y sociales inciertas.
.JPG/1280px-H%C3%A9mycicle_du_Parlement_europ%C3%A9en_(Bruxelles).JPG)
Aunque la Unión Europea no tiene una constitución codificada , [28] como todo cuerpo político tiene leyes que "constituyen" su estructura básica de gobierno. [29] Las principales fuentes constitucionales de la UE son el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que han sido acordados o adheridos entre los gobiernos de los 27 estados miembros. Los Tratados establecen las instituciones de la UE, enumeran sus poderes y responsabilidades y explican las áreas en las que la UE puede legislar con Directivas o Reglamentos . La Comisión Europea tiene el derecho de proponer nuevas leyes, formalmente llamado derecho de iniciativa legislativa . [30] Durante el procedimiento legislativo ordinario , el Consejo (que son ministros de los gobiernos de los estados miembros) y el Parlamento Europeo (elegido por los ciudadanos) pueden hacer enmiendas y deben dar su consentimiento para que las leyes se aprueben. [31]
La Comisión supervisa los departamentos y las distintas agencias que ejecutan o hacen cumplir la legislación de la UE. El " Consejo Europeo " (en lugar del Consejo de la Unión Europea , formado por diferentes ministros de gobierno) está compuesto por los primeros ministros o presidentes ejecutivos de los estados miembros. Nombra a los comisarios y al consejo del Banco Central Europeo . El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano judicial supremo que interpreta el derecho de la UE y lo desarrolla a través de precedentes. El Tribunal puede revisar la legalidad de las acciones de las instituciones de la UE, de conformidad con los Tratados. También puede decidir sobre las reclamaciones por incumplimiento de las leyes de la UE presentadas por los estados miembros y los ciudadanos.
El Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) son las dos principales fuentes del derecho de la UE. El TUE, que representa los acuerdos entre todos los Estados miembros, se centra más en los principios de la democracia y los derechos humanos y resume las instituciones , mientras que el TFUE amplía todos los principios y campos de política en los que la UE puede legislar. En principio, los tratados de la UE son como cualquier otro acuerdo internacional, que normalmente se interpretará de acuerdo con los principios codificados por la Convención de Viena de 1969. [ 32] Puede modificarse por acuerdo unánime en cualquier momento, pero el propio TUE, en el artículo 48, establece un procedimiento de enmienda mediante propuestas a través del Consejo y una Convención de representantes de los Parlamentos nacionales. [33] Según el artículo 5(2) del TUE, el "principio de atribución" dice que la UE no puede hacer nada excepto las cosas para las que tiene autoridad expresa. Los límites de su competencia están regidos por el Tribunal de Justicia y los tribunales y los Parlamentos de los Estados miembros. [34]
A medida que la Unión Europea ha crecido de 6 a 27 estados miembros, el artículo 49 del TUE establece un procedimiento claro para la adhesión de miembros. La Unión Europea solo está abierta a un estado "europeo" que respete los principios de " dignidad humana , libertad , democracia, igualdad , estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías ". Por lo tanto, no pueden postularse países cuyo territorio esté totalmente fuera del continente europeo. [35] Tampoco puede postularse ningún país sin instituciones políticas plenamente democráticas que aseguren que prevalezcan los estándares de " pluralismo , no discriminación, tolerancia , justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres". [36] El artículo 50 dice que cualquier estado miembro puede retirarse de acuerdo "con sus propios requisitos constitucionales", mediante acuerdos negociados "para su retirada, teniendo en cuenta el marco de su futura relación con la Unión". Esto indica que la UE no tiene derecho a exigir una retirada, y que los estados miembros deben seguir los procedimientos constitucionales, por ejemplo, a través del Parlamento o un documento constitucional codificado. [7] Una vez que se activa el artículo 50, hay un límite de tiempo de dos años para completar las negociaciones, un procedimiento que dejaría a un miembro secesionista sin ningún poder de negociación en las negociaciones, porque los costos de no tener un tratado comercial serían proporcionalmente mayores para el estado individual que para el bloque restante de la UE. [37]
El artículo 7 permite suspender a los Estados miembros por un "riesgo claro de violación grave" de los valores del artículo 2 (por ejemplo, democracia, igualdad, derechos humanos) con un voto de cuatro quintos del Consejo de la Unión Europea y el consentimiento del Parlamento . [38] Dentro del marco de los tratados, los subgrupos de Estados miembros pueden establecer reglas adicionales que solo se aplican a aquellos Estados miembros que las desean. Por ejemplo, los Acuerdos de Schengen de 1985 y 1990 permiten a las personas moverse sin ningún pasaporte o control de identidad en cualquier lugar de la UE, pero no se aplicaron al Reino Unido o Irlanda. Durante la crisis de la deuda europea , el Tratado por el que se establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad de 2012 y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de 2012 (el "Pacto Fiscal") se adoptaron solo para los Estados miembros que tenían el euro (es decir, no Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, Polonia, República Checa, Hungría, Rumania o Bulgaria). Entre otras cosas, se exigía el compromiso de equilibrar el presupuesto público y limitar los déficit estructurales al 0,5% del PIB, con multas en caso de incumplimiento. La competencia para aplicar estas normas sigue estando en manos del Tribunal de Justicia. [39]
La Comisión Europea es el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea . [40] El artículo 17(1) del Tratado de la Unión Europea establece que la Comisión debe "promover el interés general de la Unión", mientras que el artículo 17(3) añade que los Comisarios deben ser "completamente independientes" y no "recibir instrucciones de ningún Gobierno". Según el artículo 17(2), "los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse sobre la base de una propuesta de la Comisión, salvo que los Tratados dispongan otra cosa". Esto significa que la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa del procedimiento legislativo, aunque el Consejo o el Parlamento son los " catalizadores de facto de muchas iniciativas legislativas". [41]
.jpg/1280px-Blockupy_2015_(16237761803).jpg)
La presidenta de la comisión (a partir de 2021 Ursula von der Leyen ) establece la agenda de su trabajo. [43] Las decisiones se toman por mayoría simple de votos, [44] a menudo mediante un "procedimiento escrito" de circulación de la propuesta y adopción si no hay objeciones. [ cita requerida ] En respuesta al rechazo inicial de Irlanda al Tratado de Lisboa , se acordó mantener el sistema de un comisario de cada uno de los Estados miembros, incluidos el presidente y el alto representante de Política Exterior y de Seguridad (actualmente Josep Borrell ) [45] El comisario presidente es elegido por el Parlamento Europeo por mayoría absoluta de sus miembros, tras las elecciones parlamentarias cada cinco años, sobre la base de una propuesta del Consejo Europeo. Este último debe tener en cuenta los resultados de las elecciones europeas, en las que los partidos políticos europeos anuncian el nombre de su candidato para este puesto. Así, en 2014, Juncker, el candidato del Partido Popular Europeo que obtuvo la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, fue propuesto y elegido.[update]
Los demás comisarios son designados por acuerdo entre el presidente electo y cada gobierno nacional, y luego, como bloque, están sujetos a una votación por mayoría cualificada del consejo para su aprobación, y a la aprobación por mayoría del Parlamento. [46] El Parlamento sólo puede aprobar o rechazar a toda la comisión, no a comisarios individuales, sino que lleva a cabo audiencias públicas con cada uno de ellos antes de su votación, lo que en la práctica a menudo desencadena cambios en nombramientos o carteras individuales. El artículo 248 del TFUE dice que el presidente puede reorganizar a los comisarios, aunque esto es poco común, sin la aprobación del Estado miembro. Una propuesta de que los comisarios sean elegidos del Parlamento electo, no fue adoptada en el Tratado de Lisboa , aunque en la práctica varios invariablemente lo son, renunciando a su asiento para servir. Los comisarios tienen varios privilegios, como estar exentos de impuestos de los estados miembros (pero no de los impuestos de la UE), [47] y tener inmunidad de enjuiciamiento por realizar actos oficiales. [48] En ocasiones se ha comprobado que algunos comisarios han abusado de sus funciones, en particular desde que la Comisión Santer fue censurada por el Parlamento en 1999 y finalmente dimitió debido a acusaciones de corrupción. Esto dio lugar a un caso principal, Comisión contra Edith Cresson [49], en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostuvo que un comisario que le había dado un trabajo a su dentista, para el que claramente no estaba cualificado, de hecho no había infringido ninguna ley. En contraste con el enfoque estrictamente legalista del TJUE, un Comité de Expertos Independientes concluyó que se había desarrollado una cultura en la que pocos comisarios tenían «el más mínimo sentido de la responsabilidad». [50] Esto condujo a la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude . En 2012, investigó al comisario maltés de Sanidad, John Dalli , que dimitió rápidamente tras las acusaciones de que había recibido un soborno de 60 millones de euros en relación con una Directiva sobre productos del tabaco . [ cita requerida ]
Más allá de la Comisión, el Banco Central Europeo tiene una relativa autonomía ejecutiva en la conducción de la política monetaria con el fin de gestionar el euro . [51] Tiene un consejo de seis personas nombradas por el Consejo Europeo , por recomendación del Consejo . El presidente del Consejo y un comisario pueden asistir a las reuniones del BCE, pero no tienen derecho a voto.
Mientras que la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea tienen poderes de enmienda y veto durante el proceso legislativo. [53] Según los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea , la UE observa "el principio de igualdad de sus ciudadanos" y se supone que se basa en la "democracia representativa". En la práctica, la igualdad y la democracia aún están en desarrollo porque los representantes elegidos en el Parlamento no pueden iniciar legislación contra los deseos de la Comisión, [54] los ciudadanos de los países más pequeños tienen mayor peso de voto en el Parlamento que los ciudadanos de los países más grandes, [55] y se requieren "mayorías cualificadas" o consenso del Consejo para legislar. [56] Este " déficit democrático " ha alentado numerosas propuestas de reforma y generalmente se percibe como un vestigio de los días anteriores de la integración liderada por los Estados miembros. Con el tiempo, el Parlamento gradualmente asumió más voz: de ser una asamblea no elegida, a sus primeras elecciones directas en 1979, a tener cada vez más derechos en el proceso legislativo. [57] Por tanto, los derechos de los ciudadanos son limitados en comparación con los sistemas democráticos de todos los Estados miembros europeos: en virtud del artículo 11 del TUE, los ciudadanos y las asociaciones tienen derecho a hacer públicas sus opiniones y a presentar una iniciativa que la Comisión debe tener en cuenta si ha recibido al menos un millón de firmas. El artículo 227 del TFUE contiene otro derecho de los ciudadanos a presentar peticiones al Parlamento sobre cuestiones que les afecten. [58]
Las elecciones al Parlamento Europeo tienen lugar cada cinco años y las votaciones para los miembros del Parlamento Europeo (MEP) en los estados miembros deben organizarse por representación proporcional o por un voto único transferible . [59] Hay 750 eurodiputados y su número es "degresivamente proporcional" según el tamaño del estado miembro. [60] Esto significa que, aunque se supone que el consejo es el organismo que representa a los estados miembros, en el Parlamento los ciudadanos de los estados miembros más pequeños tienen más voz que los ciudadanos de los estados miembros más grandes. [61] Los eurodiputados se dividen, como lo hacen en los parlamentos nacionales, según las líneas de los partidos políticos: el conservador Partido Popular Europeo es actualmente el más grande y el Partido de los Socialistas Europeos lidera la oposición. Los partidos no reciben fondos públicos de la UE, ya que el Tribunal de Justicia sostuvo en Parti écologiste "Les Verts" v Parlamento Europeo que esto era completamente una cuestión que debía ser regulada por los estados miembros. [62] Los poderes del Parlamento incluyen solicitar investigaciones sobre mala administración o nombrar un Defensor del Pueblo en espera de cualquier procedimiento judicial. [63] Puede exigir a la Comisión que responda a preguntas y, por una mayoría de dos tercios, puede censurar a toda la Comisión (como ocurrió con la Comisión Santer en 1999). [64] En algunos casos, el Parlamento tiene derechos explícitos de consulta, que la Comisión debe respetar realmente. [65] Sin embargo, su participación en el proceso legislativo sigue siendo limitada porque ningún miembro puede realmente aprobar leyes sin la Comisión y el Consejo, lo que significa que el poder ("kratia") no está en manos de representantes directamente elegidos del pueblo ("demos"): en la UE todavía no es cierto que "la administración esté en manos de la mayoría y no de unos pocos". [66]
El segundo órgano legislativo principal es el Consejo de la Unión Europea, que está compuesto por diferentes ministros de los estados miembros. Los jefes de gobierno de los estados miembros también convocan un " Consejo Europeo " (un órgano distinto) que el artículo 15 del TUE define como el que proporciona "el impulso necesario para su desarrollo y definirá las orientaciones y prioridades políticas generales". Se reúne cada seis meses y su presidente (actualmente el ex primer ministro belga Charles Michel ) tiene por objeto "impulsar su trabajo", [67] pero no ejerce por sí mismo "funciones legislativas". [68] El Consejo hace esto: en efecto, se trata de los gobiernos de los estados miembros, pero habrá un ministro diferente en cada reunión, dependiendo del tema discutido (por ejemplo, para cuestiones ambientales, los ministros de medio ambiente de los estados miembros asisten y votan; para asuntos exteriores, los ministros de asuntos exteriores, etc.). El ministro debe tener la autoridad para representar y vincular a los estados miembros en las decisiones. [69] Cuando se lleva a cabo la votación, se pondera inversamente al tamaño del estado miembro, por lo que los estados miembros más pequeños no están dominados por los estados miembros más grandes. [70] En total, hay 352 votaciones, pero para la mayoría de los actos debe haber una mayoría cualificada , si no consenso. El artículo 16(4) del TUE y el artículo 238(3) del TFUE definen esto como al menos el 55 por ciento de los miembros del Consejo (no votos) que representen al 65 por ciento de la población de la UE: actualmente esto significa alrededor del 74 por ciento, o 260 de los 352 votos. Esto es crítico durante el proceso legislativo. [71]
Para elaborar una nueva legislación, el artículo 294 del TFUE define el " procedimiento legislativo ordinario " que se aplica a la mayoría de los actos de la UE. [73] La esencia es que hay tres lecturas, empezando por una propuesta de la Comisión, donde el Parlamento debe votar por una mayoría de todos los diputados al Parlamento Europeo (no sólo los presentes) para bloquear o sugerir cambios, y el Consejo debe votar por mayoría cualificada para aprobar los cambios, pero por unanimidad para bloquear la enmienda de la Comisión. [74] Cuando las diferentes instituciones no pueden ponerse de acuerdo en ninguna etapa, se convoca un " Comité de Conciliación ", que representa a los diputados al Parlamento Europeo, los ministros y la Comisión para tratar de llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto: si esto funciona, se enviará de nuevo al Parlamento y al Consejo para su aprobación por mayoría absoluta y cualificada. Esto significa que la legislación puede ser bloqueada por una mayoría en el Parlamento, una minoría en el Consejo y una mayoría en la Comisión: es más difícil cambiar la legislación de la UE que mantenerla igual. Existe un procedimiento diferente para los presupuestos. [75] Para la "cooperación reforzada" entre un subconjunto de al menos Estados miembros, el Consejo debe dar la autorización. [76] La Comisión debería informar a los gobiernos de los Estados miembros antes de que cualquier propuesta inicie el procedimiento legislativo. [77] La UE en su conjunto sólo puede actuar dentro del marco de sus competencias, que le confieren los Tratados. Los artículos 4 y 5 del TUE establecen que los poderes siguen correspondiendo a los Estados miembros, a menos que se les hayan conferido, aunque existe un debate sobre la cuestión Kompetenz-Kompetenz : quién tiene en última instancia la "competencia" para definir la "competencia" de la UE. Muchos tribunales de los Estados miembros creen que son ellos los que deciden, otros parlamentos de los Estados miembros creen que son ellos los que deciden, mientras que dentro de la UE, el Tribunal de Justicia cree que tiene la última palabra.
El poder judicial de la UE ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del derecho de la UE. Interpreta los tratados y ha acelerado la integración económica y política. [78] Hoy en día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el principal órgano judicial, dentro del cual hay un Tribunal de Justicia superior que se ocupa de los casos que contienen más importancia pública, y un Tribunal General que se ocupa de cuestiones de detalle pero sin importancia general, y luego un Tribunal de Cuentas separado . Según el artículo 19(2) del Tratado de la Unión Europea, hay un juez de cada estado miembro en el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (27 en cada uno en la actualidad [79] ). Los jueces deben "poseer las cualificaciones requeridas para el nombramiento a los más altos cargos judiciales" (o para el Tribunal General, la "capacidad requerida para el nombramiento a altos cargos judiciales"). [80] Un presidente es elegido por los jueces por tres años. Aunque el artículo 19(3) del TUE dice que el Tribunal de Justicia es el tribunal supremo para interpretar cuestiones de derecho de la UE, en la práctica, la mayor parte del derecho de la UE es aplicado por tribunales de los Estados miembros (por ejemplo, el Tribunal de Apelación inglés, el Bundesgerichtshof alemán , el Cour du travail belga , etc.). [81] Los tribunales de los Estados miembros pueden remitir cuestiones al TJUE para una decisión prejudicial . El deber del TJUE es "garantizar que en la interpretación y aplicación de los Tratados se respete el derecho", aunque de manera realista tiene la capacidad de ampliar y desarrollar el derecho de acuerdo con los principios que desarrolla de manera coherente con los valores democráticos. Algunos ejemplos de sentencias históricas y frecuentemente controvertidas incluyen Van Gend en Loos (que sostiene que el derecho de la UE creó un nuevo orden jurídico y los ciudadanos podían demandar por los derechos del tratado), [82] Mangold v Helm (que establece la igualdad como principio general del derecho de la UE ), [83] y Kadi v Commission (que confirma que el derecho internacional tenía que ajustarse a los principios básicos del derecho de la UE). [84] Hasta 2016, existía el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea , que se ocupaba de las cuestiones relacionadas con el personal de las instituciones de la UE.
.jpg/1280px-Quartier_Europ%C3%A9en_Nord,_Kirchberg_(2846812066).jpg)
El Estatuto del Tribunal y el TFUE exigen que los jueces sean nombrados únicamente si no tienen una ocupación política, con independencia "fuera de toda duda". [85] Son seleccionados para períodos renovables de seis años por "común acuerdo" de los gobiernos, con el asesoramiento de siete jueces de la UE o de los Estados miembros que el Consejo y el Parlamento seleccionan. [86] El Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia , artículo 11, dice que el tribunal suele estar organizado en salas de 3 o 5 jueces cada una. Una "gran sala" de 15 jueces más antiguos se reúne para tratar cuestiones de "dificultad o importancia", o aquellas solicitadas por los Estados miembros. [87] El presidente y el vicepresidente del tribunal son elegidos por otros jueces por períodos renovables de 3 años mediante votación secreta. Los jueces solo pueden ser destituidos si todos los demás jueces y los abogados generales están de acuerdo por unanimidad. Los abogados generales son nombrados por el tribunal para presentar alegatos razonados sobre los casos, especialmente los que implican nuevos puntos de derecho. A diferencia de los jueces del Tribunal, escriben opiniones por sí mismos, en lugar de hacerlo colectivamente, y a menudo con un dominio de la prosa y la razón, y aunque no son vinculantes, a menudo se siguen en la práctica. [88] Además, cada juez tiene secretarios o referentes que investigan y escriben. A diferencia del Reino Unido, donde los jueces siempre escriben sus propias opiniones, los referentes a menudo ayudan a redactar las sentencias en el Tribunal de Justicia. La Dirección de Traducción del Tribunal traducirá cada sentencia definitiva a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea . Los tres tipos principales de sentencias que dicta el Tribunal de Justicia son (1) resoluciones preliminares, solicitadas por los tribunales de los Estados miembros, [89] (2) acciones de ejecución, interpuestas por la Comisión o los Estados miembros contra la UE, un Estado miembro o cualquier otra parte que supuestamente viole el derecho de la UE, [90] y (3) otras acciones directas, en las que la UE o el Estado miembro participan como parte en la disputa, y emite resoluciones finales. [91] El Reglamento de Procedimiento de la Corte de Justicia, inspirado en el de la Corte Internacional de Justicia , comienza con la presentación de casos escritos a la corte, seguida de una breve audiencia oral. En cada caso se designa a un juez para que gestione activamente la audiencia (llamado relator ) y redacte la sentencia (probablemente con la ayuda de referendarios) .). El tribunal siempre delibera y vota antes de redactar y publicar el dictamen final. Los asuntos del Tribunal General pueden ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Si bien no existe un procedimiento formal de recurso ante el Tribunal de Justicia, en la práctica sus acciones están sujetas al escrutinio tanto de los tribunales supremos de los Estados miembros como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , incluso si el equilibrio de poder final no está resuelto.
Desde su fundación, la UE ha operado entre una pluralidad cada vez mayor de sistemas jurídicos de los Estados miembros y en proceso de globalización . [92] Esto ha significado que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como los tribunales supremos de los Estados han tenido que desarrollar principios para resolver los conflictos de leyes entre diferentes sistemas. Dentro de la propia UE, la opinión del Tribunal de Justicia es que si el derecho de la Unión entra en conflicto con una disposición del derecho estatal, entonces el derecho de la Unión tiene primacía . En el primer caso importante en 1964, Costa v ENEL , un abogado milanés y ex accionista de una empresa de energía, llamado Sr. Costa, se negó a pagar su factura de electricidad a Enel , como protesta contra la nacionalización de las corporaciones energéticas italianas. [93] Sostuvo que la ley de nacionalización italiana entraba en conflicto con el Tratado de Roma , [94] y solicitó que se presentara una remisión tanto al Tribunal Constitucional italiano como al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 del TFUE. [95] El Tribunal Constitucional italiano dictaminó que, dado que la ley de nacionalización era de 1962 y el tratado estaba en vigor desde 1958, Costa no tenía derecho a presentar una reclamación. Por el contrario, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en última instancia, el Tratado de Roma no impedía en modo alguno la nacionalización de la energía y, en cualquier caso, con arreglo a las disposiciones del Tratado, solo la Comisión podría haber presentado una reclamación, no el Sr. Costa. Sin embargo, en principio, el Sr. Costa tenía derecho a alegar que el Tratado entraba en conflicto con el derecho nacional, y el tribunal tendría el deber de considerar su reclamación de presentar una remisión si no hubiera recurso contra su decisión. El Tribunal de Justicia, repitiendo su opinión en Van Gend en Loos , [96] dijo que los Estados miembros "han limitado sus derechos soberanos, aunque dentro de ámbitos limitados, y han creado así un cuerpo de leyes que vincula tanto a sus nacionales como a ellos mismos" [97] sobre la "base de la reciprocidad". [97] El derecho de la UE no "quedaría anulado por disposiciones jurídicas nacionales, independientemente de su forma... sin que se pusiera en tela de juicio la base jurídica de la propia comunidad". Esto significaba que cualquier "acto unilateral posterior" del Estado miembro era inaplicable. [98] De manera similar, en Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA , una empresa, Simmenthal SpA, afirmó que una tasa de inspección de salud pública en virtud de una ley italiana de 1970 para importar carne de vacuno de Francia a Italia era contraria a dos ReglamentosDe 1964 a 1968. "De conformidad con el principio de la primacía del Derecho comunitario", dijo el Tribunal de Justicia, las "medidas directamente aplicables de las instituciones" (como los Reglamentos del caso) "hacen automáticamente inaplicable cualquier disposición contraria del Derecho nacional vigente". Esto era necesario para evitar una "denegación correspondiente" de las "obligaciones del Tratado asumidas incondicional e irrevocablemente por los Estados miembros", que podría "poner en peligro los fundamentos mismos de la" UE. [99] Pero a pesar de las opiniones del Tribunal de Justicia, los tribunales nacionales de los Estados miembros no han aceptado el mismo análisis. [ cita requerida ]
En términos generales, si bien todos los Estados miembros reconocen que el derecho de la UE prima sobre el derecho nacional cuando así se ha acordado en los Tratados, no aceptan que el Tribunal de Justicia tenga la última palabra sobre cuestiones constitucionales fundamentales que afectan a la democracia y los derechos humanos. En el Reino Unido, el principio básico es que el Parlamento, como expresión soberana de la legitimidad democrática, puede decidir si desea legislar expresamente contra el derecho de la UE. [100] Sin embargo, esto sólo ocurriría en el caso de un deseo expreso del pueblo de retirarse de la UE. En el caso R (Factortame Ltd) contra el Secretario de Estado de Transporte se sostuvo que "cualquier limitación de su soberanía que el Parlamento aceptó cuando promulgó la Ley de las Comunidades Europeas de 1972 fue completamente voluntaria" y, por lo tanto, "siempre ha quedado claro" que los tribunales del Reino Unido tienen el deber de "anular cualquier norma de derecho nacional que se considere en conflicto con cualquier norma de derecho comunitario directamente ejecutable". [101] En 2014, el Tribunal Supremo del Reino Unido señaló que en R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport , [102] aunque la constitución del Reino Unido no está codificada, podría haber "principios fundamentales" de derecho consuetudinario, y el Parlamento "no contempló ni autorizó la derogación" de esos principios cuando promulgó la Ley de Comunidades Europeas de 1972. La opinión del Tribunal Constitucional alemán a partir de las decisiones Solange I y Solange II es que si la UE no cumple con sus derechos y principios constitucionales básicos (en particular la democracia, el estado de derecho y los principios del estado social [103] ), entonces no puede anular la ley alemana. [104] Sin embargo, como dicen los apodos de las sentencias, "mientras" la UE trabaje por la democratización de sus instituciones y tenga un marco que proteja los derechos humanos fundamentales, no revisaría la legislación de la UE para comprobar su compatibilidad con los principios constitucionales alemanes. [105] La mayoría de los demás Estados miembros han expresado reservas similares. Esto sugiere que la legitimidad de la UE se basa en la autoridad última de los Estados miembros, su compromiso fáctico con los derechos humanos y la voluntad democrática del pueblo. [ cita requerida ]
A diferencia de los Estados miembros, se debate la relación entre el derecho de la UE y el derecho internacional, en particular en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros individuales de la UE son parte de ambas organizaciones a través de tratados internacionales. El artículo 6(2) del Tratado de la Unión Europea exige que la UE se adhiera al CEDH, pero "no afectará a las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados". Esto se consideró necesario antes del Tratado de Lisboa para garantizar que la UE brindara una protección adecuada a los derechos humanos, supervisados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos externo en Estrasburgo . Sin embargo, en el Dictamen 2/13 , después de una solicitud de la Comisión para que revisara su plan de adhesión, el Tribunal de Justicia (en Luxemburgo ) presentó cinco razones principales por las que consideró que el acuerdo de adhesión en su forma actual era incompatible con los tratados. [107] La mayoría de los comentaristas consideraron que el razonamiento era un intento apenas velado del Tribunal de Justicia de aferrarse a su propio poder, [108] pero ha significado que la Comisión está redactando de nuevo un nuevo acuerdo de adhesión. En virtud de los artículos 3(5), 21, 34 y 42 del TUE, la UE también debe respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas . Después de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center en la ciudad de Nueva York , el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para congelar los activos de los presuntos terroristas, vinculados a Osama bin Laden . Esto incluía a un ciudadano saudí , el Sr. Kadi. Suecia congeló sus activos de conformidad con un Reglamento de la UE, que dio efecto a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU . En Kadi v. Comisión , el Sr. Kadi afirmó que no había pruebas de que estuviera relacionado con el terrorismo y que no había tenido un juicio justo : un derecho humano fundamental. [109] La opinión del Fiscal General Maduro recordó a Aharon Barak , del Tribunal Supremo de Israel , que "es cuando rugen los cañones que especialmente necesitamos las leyes". El Tribunal de Justicia sostuvo que incluso los miembros de la ONU no pueden contravenir "los principios que forman parte del propio ordenamiento jurídico comunitario". [110] En efecto, la UE ha desarrollado una norma según la cual, dentro de los límites de ciertos principios de ius cogens , otros tribunales pueden tener primacía. El contenido de esos principios básicos sigue abierto al diálogo judicial permanente entre los tribunales superiores de la Unión. [ cita requerida ]
Mientras que el derecho constitucional se ocupa de la estructura de gobernanza de la Unión Europea , el derecho administrativo obliga a las instituciones de la UE y a los gobiernos de los estados miembros a cumplir la ley. Tanto los estados miembros como la Comisión tienen un derecho legal general o "legitimación" ( locus standi ) para presentar demandas contra las instituciones de la UE y otros estados miembros por incumplimiento de los tratados. Desde la fundación de la UE, el Tribunal de Justicia también sostuvo que los Tratados permitían a los ciudadanos o corporaciones presentar demandas contra las instituciones de la UE y de los estados miembros por violación de los Tratados y Reglamentos , si se interpretaban correctamente como creadores de derechos y obligaciones. Sin embargo, en virtud de las Directivas , se dijo en 1986 que los ciudadanos o corporaciones no podían presentar demandas contra otras partes no estatales. [112] Esto significaba que los tribunales de los estados miembros no estaban obligados a aplicar una ley de la Unión cuando una ley estatal entraba en conflicto, aunque el gobierno del estado miembro podía ser demandado, si imponía una obligación a otro ciudadano o corporación. Estas reglas sobre el " efecto directo " limitan el alcance en el que los tribunales de los estados miembros están obligados a administrar el derecho de la UE. Todas las acciones de las instituciones de la UE pueden ser objeto de revisión judicial y juzgadas según criterios de proporcionalidad , en particular cuando se trata de principios generales del derecho o de derechos fundamentales. El remedio para un demandante cuando se ha producido una infracción de la ley suele ser una indemnización pecuniaria, pero los tribunales también pueden exigir el cumplimiento específico o conceder una orden judicial para garantizar que la ley sea lo más eficaz posible. [113]
Aunque se acepta generalmente que el derecho de la UE tiene primacía, no todas las leyes de la UE otorgan a los ciudadanos legitimidad para presentar reclamaciones: es decir, no todas las leyes de la UE tienen " efecto directo ". [114] En Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen [115] se sostuvo que las disposiciones de los Tratados (y los Reglamentos de la UE ) son directamente efectivas, si son (1) claras e inequívocas (2) incondicionales, y (3) no requieren que las autoridades de la UE o nacionales tomen medidas adicionales para implementarlas. Van Gend en Loos , una empresa postal, afirmó que lo que ahora es el artículo 30 del TFUE impedía a las autoridades aduaneras holandesas cobrar aranceles, [116] cuando importó plásticos de urea-formaldehído de Alemania a los Países Bajos. Después de que un tribunal holandés hiciera una referencia, el Tribunal de Justicia sostuvo que aunque los Tratados no conferían "expresamente" un derecho a los ciudadanos o empresas a presentar reclamaciones, podían hacerlo. Históricamente, los tratados internacionales sólo permitían a los Estados presentar demandas legales para su aplicación, pero el Tribunal de Justicia proclamó que "la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de derecho internacional". Como el artículo 30 establecía clara, incondicional e inmediatamente que no se podían imponer restricciones cuantitativas al comercio sin una buena justificación, Van Gend en Loos podía recuperar el dinero que había pagado por el arancel. Los reglamentos de la UE son lo mismo que las disposiciones del Tratado en este sentido, porque, como establece el artículo 288 del TFUE, son "directamente aplicables en todos los Estados miembros". Los Estados miembros tienen la obligación de no reproducir los reglamentos en su propia legislación, para evitar confusiones. Por ejemplo, en el caso Comisión contra Italia, el Tribunal de Justicia sostuvo que Italia había incumplido una obligación en virtud de los Tratados, tanto por no aplicar un plan para pagar a los agricultores una prima por sacrificar vacas (para reducir la sobreproducción lechera) como por reproducir las normas en un decreto con diversos añadidos. El Tribunal de Justicia ha sostenido que los «reglamentos» «entran en vigor únicamente en virtud de su publicación» y su aplicación puede tener el efecto de «poner en peligro su aplicación simultánea y uniforme en el conjunto de la Unión». [117] Por otra parte, algunos reglamentos pueden exigir expresamente medidas de aplicación, en cuyo caso deben respetarse esas normas específicas. [118]
Aunque los Tratados y Reglamentos tendrán efecto directo (si son claros, incondicionales e inmediatos), las Directivas no suelen dar a los ciudadanos (a diferencia de los Estados miembros) legitimidad para demandar a otros ciudadanos. En teoría, esto se debe a que el artículo 288 del TFUE dice que las Directivas están dirigidas a los Estados miembros y normalmente "dejan a las autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos" para implementarlas. En parte, esto refleja que las directivas a menudo crean estándares mínimos, [120] dejando que los Estados miembros apliquen estándares más altos. Por ejemplo, la Directiva sobre el tiempo de trabajo requiere que cada trabajador tenga al menos 4 semanas de vacaciones pagadas cada año, pero la mayoría de los Estados miembros requieren más de 28 días en la legislación nacional. [121] Sin embargo, en la posición actual adoptada por el Tribunal de Justicia, los ciudadanos tienen legitimidad para presentar reclamos basados en leyes nacionales que implementan Directivas, pero no en las Directivas mismas. [122] Las Directivas no tienen el llamado efecto directo "horizontal" (es decir, entre partes no estatales). [123] Esta visión fue inmediatamente controvertida y a principios de los años 1990 tres Abogados Generales argumentaron de manera convincente que las Directivas deberían crear derechos y deberes para todos los ciudadanos. [124] El Tribunal de Justicia se negó, pero hay cinco grandes excepciones.
En primer lugar, si no se cumple el plazo de aplicación de una Directiva, el Estado miembro no puede hacer cumplir las leyes contrarias, y un ciudadano puede invocar la Directiva en tal acción (el llamado efecto directo "vertical"). Así, en el caso Pubblico Ministero v Ratti, debido a que el gobierno italiano no había aplicado una Directiva 73/173/CEE sobre envasado y etiquetado de disolventes antes de la fecha límite, no podía hacer cumplir una ley nacional contraria de 1963 contra el negocio de disolventes y barnices del Sr. Ratti . [125] Un Estado miembro no podía "invocar, frente a particulares, su propio incumplimiento de las obligaciones que implica la Directiva". [126] En segundo lugar, un ciudadano o una empresa también pueden invocar una Directiva como defensa en una disputa con otro ciudadano o empresa (no sólo una autoridad pública) que esté intentando hacer cumplir una ley nacional que entre en conflicto con una Directiva. Así, en el caso CIA Security contra Signalson y Securitel, el Tribunal de Justicia sostuvo que una empresa llamada CIA Security podía defenderse de las acusaciones de sus competidores de que no había cumplido un decreto belga de 1991 sobre sistemas de alarma , sobre la base de que no había sido notificada a la Comisión como lo exige una Directiva. [127] En tercer lugar, si una Directiva expresa un "principio general" del Derecho de la UE, puede invocarse entre partes privadas no estatales antes de su fecha límite de implementación. Esto se desprende del caso Kücükdeveci contra Swedex GmbH & Co KG , donde el Código Civil alemán, artículo 622, establecía que los años trabajados por personas menores de 25 años no computarían para el aumento del preaviso legal antes del despido. La Sra. Kücükdeveci trabajó durante 10 años, desde los 18 a los 28 años, para Swedex GmbH & Co KG antes de su despido. Afirmó que la ley que no computaba sus años antes de los 25 años era una discriminación ilegal por edad según la Directiva marco sobre igualdad en el empleo . El Tribunal de Justicia sostuvo que la Directiva podía ser invocada por ella porque la igualdad era también un principio general del Derecho de la UE . [128] En cuarto lugar, si el demandado es una emanación del Estado, incluso si no es el gobierno central, aún puede estar vinculado por las Directivas. En Foster v British Gas plc el Tribunal de Justicia sostuvo que la Sra. Foster tenía derecho a presentar una demanda por discriminación sexual contra su empleador, British Gas plc , que obligaba a las mujeres a jubilarse a los 60 años y a los hombres a los 65, si (1) en virtud de una medida estatal, (2) prestaba un servicio público y (3) tenía poderes especiales. [129] Esto también podría ser cierto si la empresa esprivatizada , ya que estaba en manos de una compañía de agua que era responsable del suministro básico de agua. [130]
En quinto lugar, los tribunales nacionales tienen el deber de interpretar el derecho interno "en la medida de lo posible a la luz de la redacción y el propósito de la directiva". [131] Los libros de texto (aunque no el propio Tribunal) a menudo llamaban a esto " efecto indirecto ". En Marleasing SA v La Comercial SA el Tribunal de Justicia sostuvo que un tribunal español tenía que interpretar sus disposiciones generales del Código Civil , sobre contratos carentes de causa o que defraudaran a los acreedores, para ajustarse al artículo 11 de la Primera Directiva de Derecho de Sociedades , [132] que exigía que las constituciones sólo se anularan por una lista fija de razones. [133] El Tribunal de Justicia reconoció rápidamente que el deber de interpretación no puede contradecir palabras sencillas en una ley nacional. Pero, si un Estado miembro no ha implementado una Directiva, un ciudadano puede no poder presentar demandas contra otras partes no estatales. En su lugar, debe demandar al propio Estado miembro por no implementar la ley. [134] En resumen, la posición del Tribunal de Justicia sobre el efecto directo significa que los gobiernos y los contribuyentes deben soportar el costo de las partes privadas, en su mayoría corporaciones, por negarse a cumplir la ley.
Los litigios suelen iniciarse y resolverse en los tribunales de los Estados miembros, que interpretan y aplican el derecho de la UE y conceden compensaciones y restituciones (para reparar pérdidas o despojar ganancias), medidas cautelares y cumplimiento específico (obligar a alguien a dejar de hacer algo o a hacerlo). Sin embargo, si la posición en el derecho de la UE parece poco clara, los tribunales de los Estados miembros pueden remitir cuestiones al Tribunal de Justicia para que éste emita una " decisión prejudicial " sobre la interpretación adecuada del derecho de la UE. El artículo 267 del TFUE dice que el tribunal "podrá" remitir el asunto "si lo considera" necesario para poder dictar sentencia", y "someterá el asunto al Tribunal" si no hay posibilidad de apelación y reparación ulteriores. Cualquier "tribunal de un Estado miembro" puede remitir el asunto. Esto se interpreta de forma amplia. Obviamente, incluye organismos como el Tribunal Supremo del Reino Unido , un Tribunal Superior o un Tribunal Laboral . En Vaassen v Beambtenfonds Mijnbedrijf [135], el Tribunal de Justicia también sostuvo que un tribunal de arbitraje de pensiones de trabajadores mineros podía hacer una remisión. Por el contrario, y curiosamente, en el caso Miles v European Schools [136] el Tribunal de Justicia sostuvo que una Comisión de Reclamaciones de las Escuelas Europeas, creada en virtud del acuerdo internacional Convenio sobre las Escuelas Europeas, no podía remitir un asunto porque, aunque era un tribunal, no era "de un Estado miembro" (aunque todos los Estados miembros habían firmado dicho Convenio).
.jpg/1280px-Reichsgerichtsgeb%C3%A4ude_(3452722046).jpg)
Por otra parte, los juzgados y tribunales tienen teóricamente el deber de remitir cuestiones. En el Reino Unido, por ejemplo, Lord Denning MR consideró apropiado remitir si el resultado de un caso dependía de una respuesta correcta, [138] y las Reglas de Procedimiento Civil facultan al Tribunal Superior a remitir en cualquier etapa del procedimiento. [139] La opinión del Tribunal de Justicia en el caso principal, CILFIT v Ministry of Health es que un tribunal nacional no tiene el deber de remitir si la ley es un acte clair (una norma clara), o "tan obvia que no deja lugar a ninguna duda razonable sobre la manera en que se debe resolver la cuestión planteada". [140] En Kenny Roland Lyckeskog el Tribunal de Justicia sostuvo que el deber de remitir existía para el Tribunal de Apelación sueco, el hovrätt , ya que el Tribunal Supremo de Suecia ( Högsta domstol ) tenía que dar permiso para que las apelaciones continuaran. [141] La dificultad práctica es que los jueces difieren en sus puntos de vista sobre si la ley es clara o no. En un caso significativo, Three Rivers DC v Governor of the Bank of England [142] la Cámara de los Lores del Reino Unido se sintió segura de que estaba claro bajo la Primera Directiva Bancaria que los depositantes no tenían derechos directos para demandar al Banco de Inglaterra por un supuesto incumplimiento de la regulación prudencial adecuada. Sus Señorías destacaron que si bien podría existir cierta incertidumbre, los costos de la demora en hacer una referencia superaban los beneficios de la certeza total. Por el contrario, en ParkingEye Ltd v Beavis , una mayoría del Tribunal Supremo aparentemente se sintió capaz de declarar que la ley bajo la Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo era acte clair , y se negó a hacer una referencia, a pesar de que un Lord de la Ley de alto rango emitió un disenso poderosamente razonado. [143] Sin embargo, además de una renuencia a hacer referencias, ha crecido un escepticismo general entre los altos poderes judiciales de los estados miembros sobre el modo de razonamiento utilizado por el Tribunal de Justicia . El Tribunal Supremo del Reino Unido, en el caso R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport, dedicó gran parte de su sentencia a criticar, en su opinión, un modo de razonamiento "teleológico" impredecible que podría reducir la confianza en el mantenimiento de un diálogo dentro de un sistema judicial plural y transnacional. [102] Añadió que no podía interpretar la Ley de las Comunidades Europeas de 1972.para acortar los principios básicos y la comprensión del funcionamiento constitucional, lo que implica en efecto que podría negarse a seguir sentencias irrazonables del Tribunal de Justicia sobre cuestiones importantes. De manera similar, el Tribunal Constitucional alemán, en el caso Outright Monetary Transactions, planteó una cuestión prejudicial sobre si el plan del Banco Central Europeo de comprar bonos gubernamentales griegos y de otros países en mercados secundarios, a pesar de la prohibición del Tratado de comprarlos directamente, era ilegal. [144] En una medida muy inusual, los dos jueces de mayor antigüedad disintieron en cuanto a que el plan del BCE pudiera ser legal, mientras que la mayoría guió de cerca al Tribunal de Justicia sobre el modo apropiado de razonamiento.
Si se hacen referencias, el Tribunal de Justicia emitirá una decisión prejudicial, para que el tribunal del estado miembro concluya el caso y otorgue una reparación. El derecho a un recurso efectivo es un principio general del derecho de la UE, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales . La mayoría de las veces, los reglamentos y directivas establecerán las reparaciones pertinentes que se concederán, o se interpretarán a partir de la legislación de acuerdo con las prácticas del estado miembro. [145] También podría ser que el gobierno sea responsable de no implementar correctamente una directiva o reglamento y, por lo tanto, deba pagar daños y perjuicios. En Francovich v. Italia , el gobierno italiano no había creado un fondo de seguro para que los empleados reclamaran los salarios impagos si sus empleadores se habían declarado insolventes, como lo exigía la Directiva de protección de la insolvencia . [146] Por lo tanto, a Francovich, el ex empleado de una empresa veneciana en quiebra, se le permitió reclamar 6 millones de liras al gobierno italiano en concepto de daños y perjuicios por su pérdida. El Tribunal de Justicia sostuvo que si una Directiva confería derechos identificables a individuos y existe un nexo causal entre la violación de la UE por parte de un estado miembro y la pérdida de un demandante, se deben pagar daños y perjuicios. El hecho de que la ley incompatible sea una ley del Parlamento no es una defensa. [147] Por lo tanto, en Factortame era irrelevante que el Parlamento hubiera legislado para exigir una cuota de propiedad británica de buques pesqueros en la legislación primaria. De manera similar, en Brasserie du Pêcheur v. Germany el gobierno alemán era responsable ante una empresa cervecera francesa por daños y perjuicios por prohibir sus importaciones, que no cumplían con la legendaria ley de pureza de la cerveza . No era decisivo que el Parlamento alemán no hubiera actuado de manera deliberada o negligente. [148] Era simplemente necesario que hubiera (1) una norma destinada a conferir derechos, (2) que una infracción fuera suficientemente grave y (3) que hubiera un nexo causal entre la infracción y el daño. El Tribunal de Justicia recomendó que una infracción se considere "suficientemente grave" ponderando una serie de factores, como si fue voluntaria o persistente. [149] En Köbler v Republik Österreich, el Tribunal de Justicia agregó que la responsabilidad de los Estados miembros también podría derivar de los jueces que no implementan adecuadamente la ley. [150] Por otra parte, también está claro que las instituciones de la UE, como la Comisión, pueden ser responsables según los mismos principios por el incumplimiento de la ley. [151] La única institución cuyas decisiones parecen incapaces de generar una demanda por daños y perjuicios es el propio Tribunal de Justicia.
Además de las decisiones prejudiciales sobre la correcta interpretación del derecho de la UE, una función esencial del Tribunal de Justicia es el control judicial de los actos de la propia UE. En virtud del artículo 263(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal puede controlar la legalidad de cualquier "acto" legislativo o de otro tipo de la UE en relación con los Tratados o los principios generales, como los de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . Esto incluye la legislación y la mayoría de los demás actos que tienen consecuencias jurídicas para las personas. Por ejemplo, en el caso Société anonyme Cimenteries CBR Cementsbedrijven NV contra la Comisión [152], la Comisión tomó la decisión de retirar una garantía a una empresa cementera holandesa de que estaría exenta de multas en virtud de la legislación sobre competencia por acuerdos verticales. La empresa cementera impugnó la decisión y la Comisión argumentó que no se trataba realmente de un "acto" y, por lo tanto, no podía impugnarse. El Tribunal de Justicia sostuvo que se podía impugnar y que se trataba de un acto, porque "privaba [a la empresa cementera] de las ventajas de una situación jurídica... y la exponía a un grave riesgo financiero". [153] De manera similar, en el caso Deutsche Post/Comisión, la Comisión exigió información sobre la ayuda estatal concedida por Alemania a Deutsche Post en un plazo de 20 días. Cuando ambos países impugnaron esta petición, la Comisión alegó que la exigencia de información no podía ser un acto, puesto que no existía sanción alguna. El Tribunal de Justicia no estuvo de acuerdo y sostuvo que podía procederse a una revisión judicial porque la solicitud producía "efectos jurídicos vinculantes", puesto que la información facilitada o no podía servir de prueba para una decisión final. [154] Por el contrario, en el caso IBM/Comisión [155] el Tribunal de Justicia sostuvo que una carta de la Comisión a IBM en la que se le comunicaba que demandaría a IBM por abuso de posición dominante contrario a la competencia no era un acto revisable, sino simplemente una declaración preliminar de intención de actuar. En cualquier caso, si un acto revisable de una institución de la UE no se considera compatible con la ley, en virtud del artículo 264, será declarado nulo.
Sin embargo, sólo un número limitado de personas pueden presentar demandas de revisión judicial. De conformidad con el artículo 263(2) del TFUE, un Estado miembro, el Parlamento, el Consejo o la Comisión tienen derecho automático a solicitar una revisión judicial. Pero de conformidad con el artículo 263(4), una "persona física o jurídica" debe tener un "interés directo e individual" en el acto reglamentario. El interés "directo" significa que alguien se ve afectado por un acto de la UE sin "la interposición de una voluntad autónoma entre la decisión y su efecto", por ejemplo por parte de un organismo gubernamental nacional. [157] En Piraiki-Patraiki contra Comisión , un grupo de empresas textiles griegas, que exportaban productos de algodón a Francia, impugnó una decisión de la Comisión que permitía a Francia limitar las exportaciones. La Comisión argumentó que los exportadores no estaban directamente afectados, porque Francia podría decidir no limitar las exportaciones, pero el Tribunal de Justicia sostuvo que esta posibilidad era "completamente teórica". [158] Se podía presentar una impugnación. En cambio, en el caso Municipio de Differdange contra Comisión [159], un municipio quiso impugnar la decisión de la Comisión de ayudar a las empresas siderúrgicas que redujeron su producción: esto probablemente reduciría su recaudación de impuestos. Pero el Tribunal de Justicia sostuvo que, como Luxemburgo tenía discreción y su decisión de reducir la capacidad no era inevitable, el municipio no tenía una implicación "directa" (su queja se dirigió al gobierno de Luxemburgo). La implicación "individual" requiere que alguien se vea afectado específicamente, no como miembro de un grupo. En el caso Plaumann & Co contra Comisión [156], el Tribunal de Justicia sostuvo que un importador de clementinas no se vio afectado individualmente cuando la Comisión denegó a Alemania el permiso para suspender los derechos de aduana de importación. Esto hizo que fuera más caro para el Sr. Plaumann importar clementinas, pero era igualmente caro para todos los demás. Esta decisión restringió en gran medida el número de personas que podían solicitar una revisión judicial. En el caso Unión de Pequeños Agricultores , el Abogado General Jacobs propuso una prueba más amplia que permitiera a cualquier persona presentar una reclamación si había un "efecto adverso sustancial" sobre los intereses del demandante. [160] En este caso, un grupo de productores españoles de aceite de oliva impugnó el Reglamento nº 1638/98 del Consejo, que suprimía las subvenciones. Como los reglamentos no se incorporan al Derecho nacional, sino que tienen efecto directo, argumentaron que el requisito de la afectación individual les negaría una protección judicial efectiva. El Tribunal de Justicia sostuvo que las acciones directas seguían sin estar permitidas: si esto no era satisfactorio, los Estados miembros tendrían que modificar los tratados. [161] Sin embargo, no se necesita la afectación individual, según el artículo 263(4),Si un acto no es legislación, sino simplemente un "acto reglamentario".En el asunto Inuit Tapiriit Kanatami contra Parlamento y Consejo, el Tribunal de Justicia afirmó que un reglamento no se considera un "acto reglamentario" en el sentido del Tratado: sólo está destinado a actos de menor importancia. En este caso, un grupo canadiense que representaba a los inuit quiso impugnar un reglamento sobre productos derivados de las focas , pero no se le permitió. Tendrían que demostrar una afectación directa e individual como es habitual. [162] Por tanto, sin una modificación del Tratado, el Derecho administrativo de la UE sigue siendo uno de los más restrictivos de Europa. [163]
Aunque el acceso a la revisión judicial está restringido para las cuestiones de derecho ordinarias, el Tribunal de Justicia ha desarrollado gradualmente un enfoque más abierto a la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos también se han vuelto esenciales en la correcta interpretación y construcción de todo el derecho de la UE. Si hay dos o más interpretaciones plausibles de una norma, debe elegirse la que sea más coherente con los derechos humanos. El Tratado de Lisboa de 2007 hizo que los derechos sustentaran la competencia del Tribunal de Justicia y requirió la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos , supervisado por el Tribunal externo de Estrasburgo . [164] Inicialmente, reflejando su naturaleza económica primitiva, los tratados no hacían referencia a los derechos. Sin embargo, en 1969, particularmente después de la preocupación de Alemania, el Tribunal de Justicia declaró en Stauder v City of Ulm que los "derechos humanos fundamentales" estaban "consagrados en los principios generales del derecho comunitario". Esto significaba que el Sr. Stauder, que recibía mantequilla subvencionada en virtud de un programa de bienestar de la UE únicamente mostrando un cupón con su nombre y dirección, tenía derecho a alegar que esto violaba su dignidad: tenía derecho a no tener que pasar por la humillación de demostrar su identidad para obtener comida. Si bien esos "principios generales" no estaban escritos en el derecho de la UE, y el tribunal simplemente declaró su existencia, esto coincide con la opinión filosófica mayoritaria de que las reglas "en letra negra", o el derecho positivo , existen necesariamente por razones que la sociedad que las creó desea: estas dan lugar a principios, que informan el propósito de la ley. [165] Además, el Tribunal de Justicia ha aclarado que su reconocimiento de derechos estaba "inspirado" en las propias "tradiciones constitucionales" de los Estados miembros, [166] y en los tratados internacionales. [167] Entre estos derechos se incluyen los que se encuentran en las constituciones de los Estados miembros, las declaraciones de derechos, las leyes fundamentales del Parlamento, los casos judiciales emblemáticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos , la Carta Social Europea de 1961 , la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo . La propia UE debe adherirse al CEDH , aunque en el Dictamen 2/13 el Tribunal de Justicia se retrasó, debido a las dificultades percibidas para mantener un equilibrio adecuado de competencias. [168]
Muchos de los derechos más importantes fueron codificados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2000. Si bien el Reino Unido ha optado por no aplicar directamente la Carta, esto tiene poca relevancia práctica ya que la Carta simplemente refleja principios preexistentes y el Tribunal de Justicia utiliza la Carta para interpretar toda la legislación de la UE. Por ejemplo, en Test-Achats ASBL v Conseil des ministres , el Tribunal de Justicia sostuvo que el artículo 5(2) de la Directiva sobre igualdad de trato en bienes y servicios de 2004 , que pretendía permitir una excepción a la igualdad de trato, de modo que a hombres y mujeres se les pudieran cobrar diferentes tarifas de seguro de automóvil, era ilegal. [170] Contravenía el principio de igualdad de los artículos 21 y 23 de la CDFUE de 2000 , y debía considerarse ineficaz después de un período de transición. Por el contrario, en el caso Deutsches Weintor eG contra Land Rheinland-Pfalz, los productores de vino alegaron que una orden para dejar de comercializar sus marcas como "fácilmente digeribles" ( bekömmlich ) por parte del regulador estatal de alimentos (actuando con arreglo al derecho de la UE [171] ) contravenía su derecho a la libertad profesional y empresarial conforme a los artículos 15 y 16 de la CDFUE de 2000. [169] El Tribunal de Justicia sostuvo que, de hecho, el derecho a la salud de los consumidores en el artículo 35 también debe tenerse en cuenta y se le debe dar mayor peso, en particular dados los efectos del alcohol sobre la salud. Sin embargo, algunos derechos de la Carta no están expresados con suficiente claridad como para ser considerados directamente vinculantes. En el caso AMS contra Union locale des syndicats CGT, un sindicato francés afirmó que el Código de Trabajo francés no debería excluir a los trabajadores eventuales del cómputo del derecho a crear un comité de empresa al que una entidad empleadora debe informar y consultar. [172] Dijeron que esto contravenía la Directiva sobre información y consulta a los trabajadores y también el artículo 27 de la CDFUE. El Tribunal de Justicia estuvo de acuerdo en que el Código de Trabajo francés era incompatible con la Directiva, pero sostuvo que el artículo 27 estaba expresado de manera demasiado general como para crear derechos directos. Desde este punto de vista, era necesaria una legislación para hacer concretos y jurídicamente exigibles los principios abstractos de derechos humanos.
Además de los derechos humanos, el Tribunal de Justicia ha reconocido al menos otros cinco "principios generales" del Derecho de la UE. Las categorías de principios generales no son cerradas y pueden evolucionar en función de las expectativas sociales de los ciudadanos europeos.
.jpg/1280px-Maasmond_(13726300363).jpg)
Aunque el concepto de " economía social de mercado " recién se incluyó en la legislación de la UE con el Tratado de Lisboa de 2007 , [176] la libre circulación y el comercio fueron fundamentales para el desarrollo europeo desde el Tratado de Roma en 1957. [177] [178] La teoría estándar de la ventaja comparativa dice que dos países pueden beneficiarse del comercio incluso si uno de ellos tiene una economía menos productiva en todos los aspectos. [179] Al igual que la Asociación de Libre Comercio de América del Norte o la Organización Mundial del Comercio , la legislación de la UE rompe las barreras al comercio al crear derechos a la libre circulación de bienes, servicios, mano de obra y capital . Esto tiene como objetivo reducir los precios al consumidor y elevar los niveles de vida. Los primeros teóricos argumentaron que una zona de libre comercio daría paso a una unión aduanera , que condujo a un mercado común , luego a una unión monetaria , luego a una unión de política monetaria y fiscal y, finalmente, a una unión completa característica de un estado federal . [180] Pero en Europa esas etapas fueron mixtas, y no está claro si el " final del juego " debería ser el mismo que el de un estado. El libre comercio , sin derechos que aseguren un comercio justo , puede beneficiar a algunos grupos dentro de los países (particularmente a las grandes empresas) más que a otros, y pone en desventaja a las personas que carecen de poder de negociación en un mercado en expansión, particularmente a los trabajadores , consumidores, pequeñas empresas , industrias en desarrollo y comunidades. [181] Por esta razón, la Unión Europea se ha convertido "no simplemente en una unión económica", sino que crea derechos sociales vinculantes para que las personas "aseguren el progreso social y busquen la mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos". [182] Los artículos 28 a 37 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen el principio de libre circulación de bienes en la UE, mientras que los artículos 45 a 66 requieren la libre circulación de personas , servicios y capital. Se pensaba que estas "cuatro libertades" estaban inhibidas por barreras físicas (por ejemplo, aduanas), barreras técnicas (por ejemplo, diferentes leyes sobre seguridad, consumo o normas ambientales) y barreras fiscales (por ejemplo, diferentes tasas del Impuesto al Valor Agregado ). [183] La libre circulación y el comercio no están destinados a ser una licencia para obtener ganancias comerciales sin restricciones. [184] Cada vez más, los Tratados y el Tribunal de JusticiaEl objetivo es garantizar que el libre comercio sirva a valores superiores, como la salud pública, la protección del consumidor, los derechos laborales , la competencia leal y la mejora del medio ambiente.
La libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea se logra mediante una unión aduanera y el principio de no discriminación. [185] [186] La UE gestiona las importaciones de estados no miembros, los aranceles entre estados miembros están prohibidos y las importaciones circulan libremente. [187] Además, en virtud del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , " Quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y todas las medidas de efecto equivalente ". En Procureur du Roi v Dassonville [188] el Tribunal de Justicia sostuvo que esta regla significaba que todas las "normas comerciales" que son "promulgadas por los Estados miembros" que podrían obstaculizar el comercio "directa o indirectamente, real o potencialmente" estarían sujetas al artículo 34. [189] Esto significaba que una ley belga que exigiera que las importaciones de whisky escocés tuvieran un certificado de origen era poco probable que fuera legal. Discriminaba a los importadores paralelos como el Sr. Dassonville, que no podían obtener certificados de las autoridades en Francia, donde compraban el whisky escocés . Esta "prueba amplia", [190] para determinar qué podría ser potencialmente una restricción ilegal al comercio, se aplica igualmente a las acciones de organismos cuasi gubernamentales, como la antigua empresa " Buy Irish " que tenía funcionarios designados por el gobierno. [191] También significa que los estados pueden ser responsables de actores privados. Por ejemplo, en la causa Comisión contra Francia, los vigilantes agrícolas franceses saboteaban continuamente los envíos de fresas españolas e incluso las importaciones de tomates belgas. Francia fue responsable de estos obstáculos al comercio porque las autoridades "se abstuvieron manifiesta y persistentemente" de impedir el sabotaje. [192]
En términos generales, si un Estado miembro tiene leyes o prácticas que discriminan directamente las importaciones (o exportaciones en virtud del artículo 35 del TFUE), entonces debe justificarse en virtud del artículo 36. Las justificaciones incluyen la moralidad pública , la política o la seguridad, la "protección de la salud y la vida de las personas, los animales o las plantas", los "tesoros nacionales" de "valor artístico, histórico o arqueológico" y la "propiedad industrial y comercial". Además, aunque no se enumera claramente, la protección del medio ambiente puede justificar restricciones al comercio como un requisito imperativo derivado del artículo 11 del TFUE. [193] De manera más general, se ha reconocido cada vez más que los derechos humanos fundamentales deben tener prioridad sobre todas las normas comerciales. Así, en Schmidberger v Austria [194] el Tribunal de Justicia sostuvo que Austria no infringió el artículo 34 al no prohibir una protesta que bloqueaba el tráfico pesado que pasaba por la A13, Brenner Autobahn , en ruta hacia Italia. Aunque a muchas empresas, incluida la alemana del Sr. Schmidberger, se les impidió operar, el Tribunal de Justicia argumentó que la libertad de asociación es uno de los «pilares fundamentales de una sociedad democrática», frente al cual debe equilibrarse la libre circulación de mercancías [195] y probablemente estaba subordinada. Si un Estado miembro apela a la justificación del artículo 36, las medidas que adopte deben aplicarse de manera proporcionada . Esto significa que la norma debe perseguir un objetivo legítimo y (1) ser adecuada para alcanzar el objetivo, (2) ser necesaria, de modo que una medida menos restrictiva no pueda lograr el mismo resultado, y (3) ser razonable a la hora de equilibrar los intereses del libre comercio con los intereses del artículo 36. [196]
A menudo, las normas se aplican a todos los bienes de forma neutral, pero pueden tener un mayor efecto práctico sobre las importaciones que los productos nacionales. Para estas medidas discriminatorias "indirectas" (o "indistintamente aplicables"), el Tribunal de Justicia ha desarrollado más justificaciones: ya sean las del artículo 36, o requisitos "obligatorios" o "imperantes" adicionales como la protección del consumidor , la mejora de las normas laborales , [198] la protección del medio ambiente, [199] la diversidad de la prensa, [200] la equidad en el comercio, [201] y más: las categorías no están cerradas. [202] En el conocido caso Rewe-Zentral AG v Bundesmonopol für Branntwein , [203] el Tribunal de Justicia determinó que una ley alemana que exigía que todos los licores (no solo los importados) tuvieran un contenido mínimo de alcohol del 25 por ciento era contraria al artículo 34 del TFUE, porque tenía un mayor efecto negativo sobre las importaciones. Los licores alemanes tenían más del 25 por ciento de alcohol, pero el Cassis de Dijon , que Rewe-Zentrale AG quería importar de Francia, sólo tenía entre el 15 y el 20 por ciento de alcohol. El Tribunal de Justicia rechazó los argumentos del gobierno alemán de que la medida protegía proporcionalmente la salud pública en virtud del artículo 36 del TFUE [204] , porque había bebidas más fuertes disponibles y un etiquetado adecuado sería suficiente para que los consumidores entendieran lo que compraban [205] . Esta regla se aplica principalmente a los requisitos sobre el contenido o el empaquetado de un producto. En Walter Rau Lebensmittelwerke v De Smedt PVBA [206], el Tribunal de Justicia determinó que una ley belga que exigía que toda la margarina se presentara en envases con forma de cubo infringía el artículo 34 y no estaba justificada por la búsqueda de la protección del consumidor. El argumento de que los belgas creerían que era mantequilla si no tuviera forma de cubo era desproporcionado: "excedería considerablemente los requisitos del objeto en cuestión" y el etiquetado protegería a los consumidores "con la misma eficacia". [207]
En un caso de 2003, Comisión contra Italia [208], la ley italiana exigía que los productos de cacao que incluían otras grasas vegetales no pudieran etiquetarse como "chocolate". Tenía que ser "sucedáneo del chocolate". Todo el chocolate italiano se elaboraba únicamente con manteca de cacao , pero los fabricantes británicos, daneses e irlandeses utilizaban otras grasas vegetales. Afirmaban que la ley infringía el artículo 34. El Tribunal de Justicia sostuvo que un bajo contenido de grasa vegetal no justificaba una etiqueta de "sucedáneo del chocolate". Esto era despectivo a los ojos de los consumidores. Una "declaración neutral y objetiva" era suficiente para proteger a los consumidores. Si los Estados miembros ponen obstáculos considerables al uso de un producto, esto también puede infringir el artículo 34. Así, en un caso de 2009, Comisión contra Italia , el Tribunal de Justicia sostuvo que una ley italiana que prohibía que las motocicletas o ciclomotores arrastraran remolques infringía el artículo 34. [209] Una vez más, la ley se aplicaba de forma neutral a todos, pero afectaba desproporcionadamente a los importadores, porque las empresas italianas no fabricaban remolques. No se trataba de un requisito del producto, pero el Tribunal razonó que la prohibición disuadiría a las personas de comprarlo: tendría "una influencia considerable en el comportamiento de los consumidores" que "afecta el acceso de ese producto al mercado ". [210] Requeriría una justificación conforme al artículo 36, o como requisito obligatorio.
A diferencia de los requisitos de productos u otras leyes que obstaculizan el acceso al mercado , el Tribunal de Justicia desarrolló una presunción de que se presumiría que los "acuerdos de venta" no caen dentro del ámbito de aplicación del artículo 34 del TFUE, si se aplicaban por igual a todos los vendedores y los afectaban de la misma manera en la realidad. En Keck y Mithouard [211] dos importadores afirmaron que su persecución en virtud de una ley de competencia francesa , que les impedía vender cerveza Picon a precio de mayorista, era ilegal. El objetivo de la ley era evitar la competencia feroz , no obstaculizar el comercio. [212] El Tribunal de Justicia sostuvo que, como "de derecho y de hecho" era un "acuerdo de venta" igualmente aplicable (no algo que modifica el contenido de un producto [213] ), estaba fuera del ámbito de aplicación del artículo 34 y, por lo tanto, no necesitaba ser justificado. Se puede sostener que los acuerdos de venta tienen un efecto desigual "de hecho", en particular cuando los comerciantes de otro Estado miembro intentan entrar en el mercado, pero existen restricciones a la publicidad y el marketing. En el caso Konsumentombudsmannen v De Agostini [214], el Tribunal de Justicia examinó las prohibiciones suecas de publicidad dirigida a niños menores de 12 años y de publicidad engañosa de productos para el cuidado de la piel. Si bien las prohibiciones se han mantenido (justificables en virtud del artículo 36 o como requisito obligatorio), el Tribunal destacó que las prohibiciones totales de comercialización podrían ser desproporcionadas si la publicidad fuera "la única forma eficaz de promoción que permite [a un comerciante] penetrar" en el mercado. En el caso Konsumentombudsmannen v Gourmet AB [215], el Tribunal sugirió que una prohibición total de la publicidad de bebidas alcohólicas en la radio, la televisión y las revistas podría estar comprendida en el artículo 34, cuando la publicidad fuera la única forma de que los vendedores superaran las "prácticas sociales tradicionales y los hábitos y costumbres locales" de los consumidores para comprar sus productos, pero nuevamente los tribunales nacionales decidirían si estaba justificada en virtud del artículo 36 para proteger la salud pública. En virtud de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales , la UE armonizó las restricciones a las restricciones a la comercialización y la publicidad, para prohibir las conductas que distorsionan el comportamiento medio del consumidor , son engañosas o agresivas, y establece una lista de ejemplos que se consideran desleales. [216] Cada vez más, los Estados tienen que reconocer mutuamente las normas de regulación de los demás, mientras que la UE ha intentado armonizar los ideales mínimos de las mejores prácticas. Se espera que el intento de elevar las normas evite una " carrera a la baja " regulatoria, permitiendo al mismo tiempo que los consumidores accedan a bienes de todo el continente.
Desde su fundación, los Tratados buscaron permitir a las personas perseguir sus metas de vida en cualquier país a través de la libre circulación. [217] [218] Reflejando la naturaleza económica del proyecto, la Comunidad Europea se centró originalmente en la libre circulación de trabajadores : como un " factor de producción ". [219] [ se necesita una mejor fuente ] Sin embargo, a partir de la década de 1970, este enfoque se desplazó hacia el desarrollo de una Europa más "social". [9] La libre circulación se basó cada vez más en la " ciudadanía ", de modo que las personas tenían derechos que las capacitaban para volverse económica y socialmente activas, en lugar de que la actividad económica fuera una condición previa para los derechos. Esto significa que los derechos básicos de los "trabajadores" en el artículo 45 del TFUE funcionan como una expresión específica de los derechos generales de los ciudadanos en los artículos 18 a 21 del TFUE. Según el Tribunal de Justicia , un "trabajador" es cualquier persona económicamente activa, lo que incluye a todos los que tienen una relación laboral, "bajo la dirección de otra persona" por "remuneración". [220] Sin embargo, no es necesario que un trabajo se pague en dinero para que alguien esté protegido como trabajador. Por ejemplo, en Steymann v Staatssecretaris van Justitie , un alemán reclamó el derecho a la residencia en los Países Bajos, mientras trabajaba como voluntario en tareas domésticas y de fontanería en la comunidad Bhagwan , que cubría las necesidades materiales de todos independientemente de sus contribuciones. [221] El Tribunal de Justicia sostuvo que el Sr. Steymann tenía derecho a quedarse, siempre que hubiera al menos un "quid pro quo indirecto" por el trabajo que hacía. Tener el estatus de "trabajador" significa protección contra todas las formas de discriminación por parte de los gobiernos y los empleadores en el acceso al empleo, los impuestos y los derechos de seguridad social . Por el contrario, un ciudadano, que es "toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro" (artículo 20(1) del TFUE), tiene derecho a buscar trabajo, votar en las elecciones locales y europeas, pero derechos más restringidos para reclamar la seguridad social . [222] En la práctica, la libre circulación se ha convertido en un tema políticamente polémico, ya que los partidos políticos nacionalistas han manipulado los temores de que los inmigrantes se lleven los empleos y los beneficios de la gente (paradójicamente, al mismo tiempo). Sin embargo, prácticamente "todas las investigaciones disponibles encuentran poco impacto" de la "movilidad laboral en los salarios y el empleo de los trabajadores locales". [223]
Los artículos 1 a 7 del Reglamento sobre la libre circulación de los trabajadores establecen las principales disposiciones sobre la igualdad de trato de los trabajadores. En primer lugar, los artículos 1 a 4 exigen en general que los trabajadores puedan aceptar un empleo, celebrar contratos y no sufrir discriminación en comparación con los nacionales del Estado miembro. [225] En un caso famoso, la Asociación Belga de Fútbol contra Bosman , un futbolista belga llamado Jean-Marc Bosman afirmó que debería poder transferirse del RFC de Lieja a la USL Dunkerque cuando terminara su contrato, independientemente de si el Dunkerque podía permitirse pagar a Lieja las tasas de transferencia habituales. [226] El Tribunal de Justicia sostuvo que "las normas de transferencia constituyen un obstáculo a la libre circulación" y eran ilegales a menos que pudieran justificarse en interés público, pero esto era poco probable. En Groener contra el Ministro de Educación [227] el Tribunal de Justicia aceptó que un requisito de hablar gaélico para enseñar en una escuela de diseño de Dublín podía justificarse como parte de la política pública de promoción de la lengua irlandesa, pero solo si la medida no era desproporcionada. En cambio, en Angonese v Cassa di Risparmio di Bolzano SpA [228], a un banco de Bolzano (Italia) no se le permitió exigir al Sr. Angonese que tuviera un certificado bilingüe que sólo podía obtenerse en Bolzano. El Tribunal de Justicia, al dar un efecto directo "horizontal" al artículo 45 del TFUE, argumentó que las personas de otros países tendrían pocas posibilidades de obtener el certificado y, dado que era "imposible presentar pruebas de los conocimientos lingüísticos requeridos por cualquier otro medio", la medida era desproporcionada. En segundo lugar, el artículo 7(2) exige un trato igualitario en materia fiscal. En Finanzamt Köln Altstadt v Schumacker [229], el Tribunal de Justicia sostuvo que contravenía el artículo 45 del TFUE denegar beneficios fiscales (por ejemplo, para parejas casadas y deducciones de gastos de seguridad social) a un hombre que trabajaba en Alemania, pero residía en Bélgica, cuando otros residentes alemanes obtenían los beneficios. En cambio, en el caso Weigel v. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, el Tribunal de Justicia rechazó la alegación del Sr. Weigel de que el pago de una tasa por la nueva matriculación al traer su vehículo a Austria violaba su derecho a la libre circulación. Aunque el impuesto era "probable que tuviera una influencia negativa en la decisión de los trabajadores migrantes de ejercer su derecho a la libre circulación", dado que se aplicaba por igual a los austriacos, en ausencia de legislación de la UE sobre la materia, debía considerarse justificado. [230] En tercer lugar, las personas deben recibir un trato igual en lo que respecta a las "ventajas sociales", aunque el Tribunal ha aprobado los períodos de residencia.EnEn el caso Hendrix v Employee Insurance Institute, el Tribunal de Justicia sostuvo que un nacional holandés no tenía derecho a seguir recibiendo prestaciones por incapacidad cuando se trasladaba a Bélgica, porque la prestación estaba "estrechamente vinculada a la situación socioeconómica" de los Países Bajos. [231] Por el contrario, en el caso Geven v Land Nordrhein-Westfalen, el Tribunal de Justicia sostuvo que una mujer holandesa que vivía en los Países Bajos, pero trabajaba entre 3 y 14 horas semanales en Alemania, no tenía derecho a recibir prestaciones alemanas por hijo, [232] aunque la esposa de un hombre que trabajaba a tiempo completo en Alemania pero residía en Austria podía tener derecho a ello. [233] Las justificaciones generales para limitar la libre circulación en el artículo 45(3) del TFUE son "el orden público, la seguridad pública o la salud pública", [234] y también hay una excepción general en el artículo 45(4) para "el empleo en el servicio público".
Más allá del derecho a la libre circulación para trabajar, la UE ha buscado cada vez más garantizar los derechos de los ciudadanos, y los derechos por el mero hecho de ser un ser humano . [235] Pero aunque el Tribunal de Justicia declaró que "la ciudadanía está destinada a ser el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros", [236] sigue habiendo un debate político sobre quién debería tener acceso a los servicios públicos y a los sistemas de bienestar financiados por los impuestos. [237] Hasta ahora, se critica la ciudadanía de la Unión por no ser lo suficientemente inclusiva y por no haber logrado establecer un espacio verdaderamente sin fronteras de solidaridad social. [238] En 2008, solo 8 millones de personas de los 500 millones de ciudadanos de la UE (1,7 por ciento) habían ejercido de hecho los derechos de libre circulación, la gran mayoría trabajadores. [239] Según el artículo 20 del TFUE , la ciudadanía de la UE deriva de la nacionalidad de un Estado miembro. El artículo 21 confiere derechos generales a la libre circulación en la UE y a residir libremente dentro de los límites establecidos por la legislación. Esto se aplica a los ciudadanos y a sus familiares directos. [240] Esto desencadena cuatro grupos principales de derechos: (1) entrar, salir y regresar, sin restricciones indebidas, (2) residir, sin convertirse en una carga irrazonable para la asistencia social, (3) votar en las elecciones locales y europeas, y (4) el derecho a la igualdad de trato con los nacionales del Estado anfitrión, pero a la asistencia social sólo después de 3 meses de residencia.
En primer lugar, el artículo 4 de la Directiva sobre los derechos de los ciudadanos de 2004 dice que todo ciudadano tiene derecho a salir de un Estado miembro con un pasaporte válido. Esto tiene importancia histórica para Europa central y oriental, cuando la Unión Soviética y el Muro de Berlín negaban a sus ciudadanos la libertad de salir. [241] El artículo 5 otorga a todo ciudadano el derecho de entrada, sujeto a los controles fronterizos nacionales. Los países del espacio Schengen (excepto el Reino Unido e Irlanda) abolieron por completo la necesidad de mostrar documentos y los registros policiales en las fronteras. Esto refleja el principio general de libre circulación del artículo 21 del TFUE. En segundo lugar, el artículo 6 permite a todo ciudadano permanecer tres meses en otro Estado miembro, ya sea económicamente activo o no. El artículo 7 permite estancias superiores a tres meses con pruebas de "recursos suficientes... para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social". Los artículos 16 y 17 otorgan el derecho a la residencia permanente después de 5 años sin condiciones. En tercer lugar, el artículo 10(3) del TUE exige el derecho a votar en las circunscripciones locales para el Parlamento Europeo dondequiera que viva un ciudadano.
En cuarto lugar, y más debatido, el artículo 24 exige que cuanto más tiempo permanezca un ciudadano de la UE en un Estado de acogida, más derechos tendrá para acceder a los servicios públicos y de bienestar, sobre la base de la igualdad de trato . Esto refleja los principios generales de igualdad de trato y ciudadanía de los artículos 18 y 20 del TFUE. En un caso sencillo, en Sala v Freistaat Bayern, el Tribunal de Justicia sostuvo que una mujer española que había vivido en Alemania durante 25 años y tenía un bebé tenía derecho a la manutención de los hijos , sin necesidad de un permiso de residencia, porque los alemanes no lo necesitan. [242] En Trojani v Centre public d'aide sociale de Bruxelles , un francés que vivió en Bélgica durante dos años tenía derecho a la prestación "minimex" del Estado para un salario mínimo vital. [243] En Grzelczyk v Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignes-Louvain-la-Neuve [244] un estudiante francés, que había vivido en Bélgica durante tres años, tenía derecho a recibir la ayuda económica "minimex" para su cuarto año de estudio. De manera similar, en R (Bidar) v London Borough of Ealing el Tribunal de Justicia sostuvo que era legal exigir que un estudiante francés de economía de la UCL viviera en el Reino Unido durante tres años antes de recibir un préstamo estudiantil, pero no que tuviera que tener un "estatus de asentado" adicional. [245] De manera similar, en Commission v Austria , Austria no tenía derecho a restringir sus plazas universitarias a estudiantes austriacos para evitar "problemas estructurales, de personal y financieros" si las solicitaban estudiantes extranjeros (principalmente alemanes), a menos que probara que había un problema real. [246] Sin embargo, en Dano v Jobcenter Leipzig , el Tribunal de Justicia sostuvo que el gobierno alemán tenía derecho a denegar la manutención infantil a una madre rumana que había vivido en Alemania durante tres años, pero nunca había trabajado. Como vivió en Alemania durante más de tres meses, pero menos de cinco años, tuvo que demostrar que contaba con "recursos suficientes", ya que el Tribunal razonó que el derecho a la igualdad de trato en el artículo 24 dentro de ese tiempo dependía de la residencia legal en virtud del artículo 7. [247]
Además de crear derechos para los "trabajadores" que generalmente carecen de poder de negociación en el mercado, [248] el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también protege la "libertad de establecimiento" en el artículo 49 y la "libre prestación de servicios" en el artículo 56. [249] [250] En Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano [251] el Tribunal de Justicia sostuvo que estar "establecido" significa participar en la vida económica "de manera estable y continua", mientras que prestar "servicios" significaba ejercer la actividad de manera más "temporal". Esto significaba que un abogado de Stuttgart , que había establecido un bufete en Milán y fue censurado por el Colegio de Abogados de Milán por no haberse registrado, debería reclamar por violación de la libertad de establecimiento, en lugar de la libertad de servicio. Sin embargo, los requisitos de estar registrado en Milán antes de poder ejercer se permitirían si no fueran discriminatorios, "estaran justificados por necesidades imperativas de interés general" y se aplicaran de manera proporcionada. [252] Todas las personas o entidades que ejercen una actividad económica, en particular los autónomos o las "empresas" como las sociedades o firmas, tienen derecho a crear una empresa sin restricciones injustificadas. [253] El Tribunal de Justicia ha sostenido que tanto un gobierno de un Estado miembro como una parte privada pueden obstaculizar la libertad de establecimiento, [254] por lo que el artículo 49 tiene un efecto directo tanto "vertical" como "horizontal". En Reyners v Belgium [255] el Tribunal de Justicia sostuvo que la negativa a admitir a un abogado en el colegio de abogados belga porque carecía de la nacionalidad belga era injustificada. El artículo 49 del TFUE dice que los Estados están exentos de infringir la libertad de establecimiento de otros cuando ejercen "autoridad oficial". Pero la regulación del trabajo de un abogado (a diferencia de la de un tribunal) no era oficial. [256] Por el contrario, en Commission v Italy el Tribunal de Justicia sostuvo que el requisito de que los abogados en Italia cumplan con las tarifas máximas a menos que exista un acuerdo con un cliente no era una restricción. [257] La Gran Sala del Tribunal de Justicia sostuvo que la Comisión no había probado que esto tuviera por objeto o efecto limitar la entrada de profesionales en el mercado. [258] Por lo tanto, no existía ninguna infracción prima facie de la libertad de establecimiento que fuera necesario justificar.
En lo que respecta a las empresas, el Tribunal de Justicia sostuvo en R (Daily Mail and General Trust plc) v HM Treasury que los Estados miembros podían restringir que una empresa trasladara su sede comercial, sin infringir el artículo 49 del TFUE. [261] Esto significaba que la empresa matriz del periódico Daily Mail no podía evadir impuestos trasladando su residencia a los Países Bajos sin liquidar primero sus facturas fiscales en el Reino Unido. El Reino Unido no necesitaba justificar su acción, ya que las normas sobre sedes de empresas aún no estaban armonizadas. Por el contrario, en Centros Ltd v Erhversus-og Selkabssyrelsen el Tribunal de Justicia sostuvo que no se podía exigir a una sociedad anónima del Reino Unido que operara en Dinamarca que cumpliera las normas de capital social mínimo de Dinamarca . La legislación del Reino Unido solo exigía 1 libra de capital para crear una empresa, mientras que la legislatura de Dinamarca consideraba que las empresas solo debían crearse si contaban con 200.000 coronas danesas (alrededor de 27.000 euros) para proteger a los acreedores en caso de que la empresa fracasara y se declarara insolvente . El Tribunal de Justicia sostuvo que la ley de capital mínimo de Dinamarca infringía la libertad de establecimiento de Centros Ltd y no podía justificarse, porque una empresa en el Reino Unido podía ciertamente proporcionar servicios en Dinamarca sin estar establecida allí, y había medios menos restrictivos para lograr el objetivo de protección de los acreedores. [262] Este enfoque fue criticado por abrir potencialmente la UE a una competencia regulatoria injustificada , y a una carrera hacia el abismo en los estándares legales, como el estado estadounidense de Delaware , que se argumenta que atrae a empresas con los peores estándares de rendición de cuentas y un impuesto corporativo irrazonablemente bajo. [263] En un aparente intento de responder a la preocupación, en Überseering BV v Nordic Construction GmbH el Tribunal de Justicia sostuvo que un tribunal alemán no podía negar a una empresa de construcción holandesa el derecho a hacer cumplir un contrato en Alemania, simplemente porque no estaba constituida válidamente en Alemania. Las restricciones a la libertad de establecimiento podrían justificarse por la protección de los acreedores, los derechos de los trabajadores a participar en el trabajo o el interés público en recaudar impuestos. Pero en este caso la negación de capacidad fue demasiado lejos: fue una "negación absoluta" del derecho de establecimiento. [264] Fijando un límite adicional, en Cartesio Oktató és Szolgáltató btEl Tribunal de Justicia sostuvo que, dado que las sociedades anónimas se crean por ley, deben estar sujetas a cualquier norma de constitución que el Estado de constitución desee imponer. Esto significaba que las autoridades húngaras podían impedir que una sociedad trasladara su administración central a Italia, mientras siguiera funcionando y estuviera constituida en Hungría. [265] Así, el Tribunal establece una distinción entre el derecho de establecimiento de las sociedades extranjeras (en cuyo caso las restricciones deben estar justificadas) y el derecho del Estado a determinar las condiciones para las sociedades constituidas en su territorio, [266] aunque no está del todo claro por qué. [267]
La "libre prestación de servicios" en virtud del artículo 56 del TFUE se aplica a las personas que prestan servicios "a cambio de una remuneración", especialmente actividades comerciales o profesionales. [268] Por ejemplo, en el caso Van Binsbergen v Bestuur van de Bedrijfvereniging voor de Metaalnijverheid, un abogado holandés se trasladó a Bélgica mientras asesoraba a un cliente en un caso de seguridad social , y le dijeron que no podía continuar porque la legislación holandesa decía que sólo las personas establecidas en los Países Bajos podían prestar asesoramiento jurídico. [269] El Tribunal de Justicia sostuvo que la libertad de prestación de servicios se aplicaba, era directamente efectiva y la norma probablemente no estaba justificada: tener una dirección en el Estado miembro sería suficiente para perseguir el objetivo legítimo de una buena administración de justicia. [270] El Tribunal de Justicia sostuvo que la educación secundaria queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 56 porque normalmente la financia el Estado, [271] pero no así la educación superior. [272] La asistencia sanitaria generalmente se considera un servicio. En Geraets-Smits v Stichting Ziekenfonds, la Sra. Geraets-Smits alegó que el seguro social holandés debería reembolsarle los costos de recibir tratamiento en Alemania. [273] Las autoridades sanitarias holandesas consideraron que el tratamiento era innecesario, por lo que argumentó que esto restringía la libertad (de la clínica de salud alemana) para proporcionar servicios. Varios gobiernos argumentaron que los servicios hospitalarios no deberían considerarse económicos y no deberían estar incluidos en el artículo 56. Pero el Tribunal de Justicia sostuvo que la salud era un "servicio" aunque el gobierno (en lugar del receptor del servicio) pagara por el servicio. [274] Las autoridades nacionales podrían estar justificadas al negarse a reembolsar a los pacientes por servicios médicos en el extranjero si la atención médica recibida en el país se realizó sin demora indebida y siguió la "ciencia médica internacional" según la cual los tratamientos se consideraban normales y necesarios. [275] El Tribunal requiere que las circunstancias individuales de un paciente justifiquen las listas de espera, y esto también es cierto en el contexto del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido . [276] Además de los servicios públicos, otro campo sensible de servicios son los clasificados como ilegales. Josemans v Burgemeester van Maastricht sostuvo que la regulación del consumo de cannabis en los Países Bajos, incluidas las prohibiciones impuestas por algunos municipios a los turistas (pero no a los nacionales holandeses) que van a los coffee shops [277] , quedaban totalmente fuera del ámbito de aplicación del artículo 56. El Tribunal de Justicia argumentó que los estupefacientes estaban controlados en todos los Estados miembros, por lo que esto difería de otros casos en los que la prostitución u otra actividad cuasi legal estaba sujeta a restricciones.
Si una actividad cae dentro del ámbito del artículo 56, una restricción puede justificarse en virtud del artículo 52, o por requisitos imperativos desarrollados por el Tribunal de Justicia. En Alpine Investments BV v Minister van Financiën [278] una empresa que vendía futuros de materias primas (con Merrill Lynch y otras firmas bancarias) intentó impugnar una ley holandesa que prohibía las llamadas en frío a los clientes. El Tribunal de Justicia sostuvo que la prohibición holandesa perseguía un objetivo legítimo para prevenir "desarrollos indeseables en el comercio de valores", incluyendo la protección del consumidor de tácticas de venta agresivas, manteniendo así la confianza en los mercados holandeses. En Omega Spielhallen GmbH v Bonn [279] un negocio de "laserdrome" fue prohibido por el ayuntamiento de Bonn . Compraba servicios de pistolas láser falsas de una empresa del Reino Unido llamada Pulsar Ltd, pero los residentes habían protestado contra el entretenimiento de "jugar a matar". El Tribunal de Justicia sostuvo que el valor constitucional alemán de la dignidad humana , que sustentaba la prohibición, contaba como una restricción justificada a la libertad de proporcionar servicios. En el asunto Liga Portuguesa de Futebol v Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, el Tribunal de Justicia también sostuvo que el monopolio estatal sobre los juegos de azar y la sanción impuesta a una empresa de Gibraltar que había vendido servicios de juegos de azar por Internet estaban justificados para prevenir el fraude y los juegos de azar en un contexto en el que las opiniones de los ciudadanos eran muy divergentes. [280] La prohibición era proporcionada, ya que se trataba de una forma adecuada y necesaria de abordar los graves problemas de fraude que surgen a través de Internet. En la Directiva de Servicios se codificó un grupo de justificaciones en el artículo 16, que la jurisprudencia ha desarrollado. [281]
La libre circulación de capitales se consideraba tradicionalmente como la cuarta libertad, después de las de bienes, trabajadores y personas, servicios y establecimiento. El Tratado de Roma original exigía que las restricciones a la libre circulación de capitales sólo se eliminaran en la medida necesaria para el mercado común. A partir del Tratado de Maastricht , ahora en el artículo 63 del TFUE , "se prohibirán todas las restricciones a la circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países". [283] Esto significa que se prohíben los controles de capital de diversos tipos, incluidos los límites a la compra de divisas, los límites a la compra de acciones de empresas o activos financieros, o los requisitos de aprobación gubernamental para la inversión extranjera . Por el contrario, la tributación del capital, incluido el impuesto de sociedades , el impuesto sobre las ganancias de capital y el impuesto sobre las transacciones financieras , no se ven afectados siempre que no discriminen por nacionalidad. Según la Directiva sobre circulación de capitales de 1988, Anexo I, se cubren 13 categorías de capital que deben circular libremente. [284] En Baars v Inspecteur der Belastingen Particulieren, el Tribunal de Justicia sostuvo que, en el caso de las inversiones en empresas, se aplicaban las normas de capital, en lugar de las normas de libertad de establecimiento, si una inversión no permitía una "influencia definida" a través del voto de los accionistas u otros derechos del inversor. [285] Ese caso sostuvo que una Ley de Impuesto sobre el Patrimonio de los Países Bajos de 1964 eximía injustificadamente del impuesto a las inversiones holandesas, pero no a las inversiones del Sr. Baars en una empresa irlandesa: el impuesto sobre el patrimonio, o las exenciones, debían aplicarse por igual. Por otra parte, el artículo 65(1) del TFUE no impide los impuestos que distinguen a los contribuyentes en función de su residencia o la ubicación de una inversión (ya que los impuestos se centran comúnmente en la fuente real de beneficios de una persona) o cualquier medida para prevenir la evasión fiscal . [286] Aparte de los casos fiscales, en gran medida derivados de casos originados en el Reino Unido, [287] una serie de casos sostuvieron que las acciones de oro propiedad del gobierno eran ilegales. En el caso Comisión v Alemania, la Comisión afirmó que la Ley Volkswagen alemana de 1960 violaba el artículo 63, ya que el §2(1) restringía a cualquier parte que tuviera derechos de voto superiores al 20% de la empresa, y el §4(3) permitía una minoría del 20% de las acciones en manos de Baja Sajonia.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la prohibición de la compra de acciones por parte del Gobierno no era un impedimento para la adquisición de acciones o la percepción de dividendos por parte de los accionistas. Aunque esto no suponía un impedimento para la adquisición efectiva de acciones o la percepción de dividendos por parte de los accionistas, la Gran Sala del Tribunal de Justicia ha considerado que era desproporcionado para el objetivo declarado del Gobierno de proteger a los trabajadores o a los accionistas minoritarios. [288] De manera similar, en el asunto Comisión/Portugal el Tribunal de Justicia ha sostenido que Portugal ha infringido la libre circulación de capitales al conservar acciones de oro en Portugal Telecom que permitían derechos de voto desproporcionados, creando un "efecto disuasorio sobre las inversiones de cartera" y reduciendo "el atractivo de una inversión". [289] Esto sugiere que el Tribunal prefiere que un Gobierno, si busca la propiedad o el control públicos, nacionalice en su totalidad la proporción deseada de una empresa de conformidad con el artículo 345 del TFUE. [290]
Se pensaba que la etapa final de la libre circulación de capitales requería una moneda y una política monetaria únicas , eliminando los costes de transacción y las fluctuaciones del cambio de divisas entre los Estados miembros, pero no entre los Estados miembros y terceros países ( artículo 63 del TFUE ). Tras un informe de la Comisión Delors en 1988, [291] el Tratado de Maastricht hizo de la unión económica y monetaria un objetivo, primero completando el mercado interior, segundo creando un Sistema Europeo de Bancos Centrales para coordinar la política monetaria común, y tercero bloqueando los tipos de cambio e introduciendo una moneda única, el euro . Hoy, 19 Estados miembros han adoptado el euro, mientras que 9 Estados miembros han decidido optar por no hacerlo o su adhesión se ha retrasado, en particular desde la crisis de la deuda europea . Según los artículos 119 y 127 del TFUE, el objetivo del Banco Central Europeo y otros bancos centrales debería ser la estabilidad de precios . Esto ha sido criticado por ser aparentemente superior al objetivo del pleno empleo en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. [292]
Aunque la Comunidad Económica Europea se centró originalmente en la libre circulación y el desmantelamiento de las barreras al comercio, hoy en día la legislación de la UE se ocupa más de la regulación de la "economía social de mercado". [295] En 1976, el Tribunal de Justicia dijo en Defrenne v Sabena que el objetivo no era "simplemente una unión económica", sino "garantizar el progreso social y buscar la mejora constante de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos". [296] Desde este punto de vista, las partes interesadas de cada Estado miembro podrían no tener la capacidad de aprovechar la expansión del comercio en una economía en proceso de globalización . Los grupos con mayor poder de negociación pueden explotar derechos legales más débiles en otros Estados miembros. Por ejemplo, una corporación podría trasladar la producción a Estados miembros con un salario mínimo más bajo , para aumentar las ganancias de los accionistas, incluso si la producción cuesta más y los trabajadores reciben un salario menor. Esto significaría una pérdida agregada de riqueza social y una " carrera hacia el abismo " en el desarrollo humano . Para que la globalización sea justa, la UE establece un piso mínimo de derechos para las partes interesadas en la empresa: para los consumidores , los trabajadores , los inversores, los accionistas , los acreedores y el público . Cada ámbito jurídico es amplio, por lo que el Derecho de la UE está diseñado para ser subsidiario de las normas generales de cada Estado miembro. Los Estados miembros pueden ir más allá del mínimo armonizado, actuando como " laboratorios de la democracia ". [297]
El derecho de la UE establece normas básicas de "salida" (donde operan los mercados), derechos (ejecutables en los tribunales) y "voz" (especialmente a través de votos ) en las empresas. [298] Las normas del derecho de la competencia equilibran los intereses de diferentes grupos, generalmente para favorecer a los consumidores, para el propósito más amplio del artículo 3(3) del Tratado de la Unión Europea de una " economía social de mercado altamente competitiva ". [299] La UE está obligada por el artículo 345 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a "no prejuzgar en modo alguno las normas de los Estados miembros que rijan el sistema de propiedad ". [290] Esto significa que la UE está obligada a ser neutral ante la decisión de los Estados miembros de convertir las empresas en propiedad pública o privatizarlas . Si bien ha habido propuestas académicas para un Código Civil Europeo y proyectos para enmarcar principios no vinculantes de contrato y agravio , la armonización solo ha ocurrido para el conflicto de leyes y la propiedad intelectual.
La protección de los consumidores europeos ha sido un elemento central del desarrollo del mercado interior de la UE. El artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea permite a la UE seguir el procedimiento legislativo ordinario para proteger la "salud, la seguridad y los intereses económicos" de los consumidores y promover los derechos a la "información, la educación y la organización para la defensa de sus intereses". [300] Todos los Estados miembros pueden conceder una mayor protección, y un "alto nivel de protección del consumidor" se considera un derecho fundamental. [301] Más allá de estos principios generales, y fuera de los sectores específicos, hay cuatro Directivas principales: la Directiva de responsabilidad por los productos de 1985 , la Directiva de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores de 1993 , la Directiva de prácticas comerciales desleales de 2005 y la Directiva de derechos de los consumidores de 2011 , que exigen derechos de información y cancelación para los consumidores. En su conjunto, la ley está diseñada para garantizar que los consumidores en la UE tengan derecho a los mismos derechos mínimos dondequiera que compren, y en gran medida sigue la inspiración de las teorías de protección del consumidor desarrolladas en California y la Carta de Derechos del Consumidor proclamada por John F. Kennedy en 1962. El Tribunal de Justicia ha afirmado continuamente que la necesidad de más derechos del consumidor (que en los contratos comerciales) tanto porque los consumidores tienden a carecer de información , como porque tienen menos poder de negociación . [302]
La Directiva de 1985 sobre responsabilidad por productos defectuosos fue la primera medida de protección del consumidor. Establece una responsabilidad empresarial estricta para todos los productores y minoristas por cualquier daño que los productos puedan causar a los consumidores, como una forma de promover estándares básicos de salud y seguridad. [303] Cualquier productor, o proveedor si el productor final es insolvente , de un producto es estrictamente responsable de indemnizar al consumidor por cualquier daño causado por un producto defectuoso. [304] Un "defecto" es cualquier cosa que esté por debajo de lo que un consumidor tiene derecho a esperar, y esto significa esencialmente que los productos deben ser seguros para su propósito. Existe una defensa limitada disponible si un productor puede demostrar que un defecto no podría ser conocido por ningún método científico, aunque esto nunca se ha invocado con éxito, porque generalmente se piensa que una empresa con fines de lucro no debería ser capaz de externalizar los riesgos de sus actividades.
The Unfair Terms in Consumer Contracts Directive 1993 was the second main measure.[305] Under article 3(1) a term is unfair, and not binding, if it is not "individually negotiated| and "if, contrary to the requirement of good faith, it causes a significant imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer". The Court of Justice has continually affirmed that the Directive, as recital 16 states, "is based on the idea that the consumer is in a weak position vis-à-vis the seller or supplier, as regards both his bargaining power and his level of knowledge".[306] Terms which are very skewed, are to be conclusively regarded as contrary to "good faith" and therefore unfair.[307] For example, in RWE AG v Verbraucherzentrale NRW eV clauses in gas supply contracts enabling corporation, RWE, to unilaterally vary prices were advised by the Court of Justice to be not sufficiently transparent, and therefore unfair.[308] In Brusse v Jahani BV[309] the Court of Justice advised that clauses in a tenancy contract requiring tenants pay €25 per day were likely unfair, and would have to be entirely void without replacement, if they were not substituted with more precise mandatory terms in national legislation. In Aziz v Caixa d'Estalvis de Catalunya, following the financial crisis of 2007–2008, the European Court of Justice advised that even terms regarding repossession of homes in Spain had to be assessed for fairness by national courts.[310] In Kušionová v SMART Capital a.s., the Court of Justice held that consumer law was to be interpreted in the light of fundamental rights, including the right to housing, if a home could be repossessed.[311] Because consumer law operates through Directives, national courts have the final say on applying the general principles set out by the Court of Justice's case law.
While free movement of workers was central to the first European Economic Community agreement, the development of European labour law has been a gradual process. Originally, the Ohlin Report of 1956 recommended that labour standards did not need to be harmonised, although a general principle of anti-discrimination between men and women was included in the early Treaties. Increasingly, the absence of labour rights was seen as inadequate given the capacity for a "race to the bottom" in international trade if corporations can shift jobs and production to countries with low wages. Today, the EU is required under TFEU article 147 to contribute to a "high level of employment by encouraging cooperation between Member States".[312] This has not resulted in legislation, which usually requires taxation and fiscal stimulus for significant change, while the European Central Bank's monetary policy has been acutely controversial during the European debt crisis. Under article 153(1), the EU is able to use the ordinary legislation procedure on a list of labour law fields. This notably excludes wage regulation and collective bargaining.[313] Generally, four main fields of EU regulation of labour rights touch (1) individual labour rights, (2) anti-discrimination regulations, (3) rights to information, consultation, and participation at work, and (4) rights to job security. In virtually all cases, the EU follows the principle that member states can always create rights more beneficial to workers. This is because the fundamental principle of labour law is that employees' unequal bargaining power justifies substitution of rules in property and contract with positive social rights so that people may earn a living to fully participate in a democratic society.[314] The EU's competences generally follow principles codified in the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 1989,[315] introduced in the "social chapter" of the Treaty of Maastricht. Initially the UK had opted-out, because of opposition by the Conservative Party, but was acceded to when the Labour Party won the 1997 general election in the Treaty of Amsterdam.
The first group of Directives create a range of individual rights in EU employment relationships. The Employment Information Directive 1991 requires that every employee (however defined by member state law) has the right to a written statement of their employment contract. While there is no wage regulation, the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive 2003 requires that pension benefits are protected through a national insurance fund, that information is provided to beneficiaries, and minimum standards of governance are observed.[319] Most member states go far beyond these requirements, particularly by requiring a vote for employees in who manages their money.[320] Reflecting basic standards in the Universal Declaration of Human Rights and ILO Conventions,[321] the Working Time Directive 2003 requires a minimum of 4 weeks (totalling 28 days) paid holidays each year,[322] a minimum of 20-minute paid rest breaks for 6-hour work shifts, limits on night work or time spent on dangerous work,[323] and a maximum 48-hour working week unless a worker individually consents.[324] The Parental Leave Directive 2010 creates a bare minimum of 4 months of unpaid leave for parents (mothers, fathers, or legal guardians) to care for children before they turn 8 years old, and the Pregnant Workers Directive 1992 creates a right for mothers to a minimum of 14 weeks' paid leave to care for children.[325] Finally, the Safety and Health at Work Directive 1989 requires basic requirements to prevent and insure against workplace risks, with employee consultation and participation,[326] and this is complemented by specialised Directives, ranging from work equipment to dangerous industries.[327] In almost all cases, all member states go significantly beyond this minimum. The objective of transnational regulation is therefore to progressively raise the minimum floor in line with economic development. Second, equality was affirmed by the Court of Justice in Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co KG[328] to be a general principle of EU law. Further to this, the Part-time Work Directive 1997, Fixed-term Work Directive 1999 and Temporary Agency Work Directive 2008 generally require that people who do not have ordinary full-time, permanent contracts are treated no less favourably than their colleagues. However, the scope of the protected worker is left to member state law, and the TAWD 2008 only applies to "basic working conditions" (mostly pay, working hours and participation rights) and enabled member states to have a qualifying period. The Race Equality Directive 2000, Equality Framework Directive 2000 and Equal Treatment Directive 2006 prohibit discrimination based on sexual orientation, disability, religion or belief, age, race and gender. As well as "direct discrimination", there is a prohibition on "indirect discrimination" where employers apply a neutral rule to everybody, but this has a disproportionate impact on the protected group. The rules are not consolidated, and on gender pay potentially limited in not enabling a hypothetical comparator, or comparators in outsourced business. Equality rules do not yet apply to child care rights, which only give women substantial time off, and consequently hinder equality in men and women caring for children after birth, and pursuing their careers.
Third, the EU is formally not enabled to legislate on collective bargaining, although the EU, with all member states, is bound by the jurisprudence of the European Court of Human Rights on freedom of association.[329] In Wilson and Palmer v United Kingdom[330] the Court held that any detriment for membership of a trade union was incompatible with article 11, and in Demir and Baykara v Turkey[331] the Court held "the right to bargain collectively with the employer has, in principle, become one of the essential elements" of article 11.[332] This approach, which includes affirmation of the fundamental right to strike in all democratic member states,[333] has been seen as lying in tension with some of the Court of Justice's previous case law, notably ITWF v Viking Line ABP[334] and Laval Un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareforbundet.[335] These controversial decisions, quickly disapproved by legislative measures,[336] suggested the fundamental right of workers to take collective action was subordinate to business freedom to establish and provide services. More positively, the Information and Consultation Directive 2002 requires that workplaces with over 20 or 50 staff have the right to set up elected work councils with a range of binding rights, the European Works Council Directive 2009 enables work councils transnationally, and the Employee Involvement Directive 2001 requires representation of workers on company boards in some European Companies. If a company transforms from a member state corporation to incorporate under the European Company Regulation 2001, employees are entitled to no less favourable representation than under the member state's existing board participation laws. This is practically important as a majority of EU member states require employee representation on company boards. Fourth, minimum job security rights are provided by three Directives. The Collective Redundancies Directive 1998 specifies that minimum periods of notice and consultation occur if more than a set number of jobs in a workplace are at risk. The Transfers of Undertakings Directive 2001 require that staff retain all contractual rights, unless there is an independent economic, technical or organisational reason, if their workplace is sold from one company to another. Last, the Insolvency Protection Directive 2008 requires that employees' wage claims are protected in case their employer falls insolvent. This last Directive gave rise to Francovich v Italy, where the Court of Justice affirmed that member states which fail to implement the minimum standards in EU Directives are liable to pay compensation to employees who should have rights under them.[337]
Like labour regulation, European company law is not a complete system and there is no such thing as a self-standing European corporation. Instead, a series of Directives require minimum standards, usually protecting investors, to be implemented in national corporate laws. The largest in Europe remain member state incorporations, such as the UK "plc", the German "AG" or the French "SA". There is however, a "European Company" (or Societas Europaea, abbreviated to "SE") created by the Statute for a European Company Regulation 2001.[338] This sets out basic provisions on the method of registration (e.g. by merger or reincorporation of an existing company) but then states that wherever the SE has its registered office, the law of that member state supplements the rules of the Statute.[339] The Employee Involvement Directive 2001also adds that, when an SE is incorporated, employees have the default right to retain all existing representation on the board of directors that they have, unless the negotiate by collective agreement a different or better plan than is provided for in existing member state law.[340] Other than this, most important standards in a typical company law are left to member state law, so long as they comply with further minimum requirements in the company law directives. Duties owed by the board of directors to the company and its stakeholders,[341] or the right to bring derivative claims to vindicate constitutional rights, are not generally regulated by EU law. Nor are rights of pre-emption to buy shares, nor rights of any party regarding claims by tort, contract or piercing the corporate veil to hold directors and shareholders accountable.[342] However, Directives do require minimum rights on company formation, capital maintenance, accounting and audit, market regulation, board neutrality in a takeover bid,[343] rules on mergers, and management of cross-border insolvency.[344] The omission of minimum standards is important since the Court of Justice held in Centros that freedom of establishment requires companies operate in any member state they choose.[345] This has been argued to risk a "race to the bottom" in standards, although the Court of Justice soon affirmed in Inspire Art that companies must still comply with proportionate requirements that are in the "public interest".[346]
Among the most important governance standards are rights vote for who is on the board of directors for investors of labour and capital. A Draft Fifth Company Law Directive proposed in 1972, which would have required EU-wide rights for employees to vote for boards stalled mainly because it attempted to require two-tier board structures,[348] although most EU member states have codetermination today with unified boards. The Shareholder Rights Directive 2007 requires shareholders be able to make proposals, ask questions at meetings, vote by proxy and vote through intermediaries. This has become increasingly important as most company shares are held by institutional investors (primarily asset managers or banks, depending on the member state) who are holding "other people's money".[347] A large proportion of this money comes from employees and other people saving for retirement, but who do not have an effective voice. Unlike Switzerland after a 2013 people's initiative, or the U.S. Dodd-Frank Act 2010 in relation to brokers,[349] the EU has not yet prevented intermediaries casting votes without express instructions of beneficiaries. This concentrates power into a small number of financial institutions, and creates the potential for conflicts of interest where financial institutions sell retirement, banking or products to companies in which they cast votes with other people's money. A series of rights for ultimate investors exist in the Institutions for Occupational Retirement Provision Directive 2003. This requires duties of disclosure in how a retirement fund is run, funding and insurance to guard against insolvency,[350] but not yet that voting rights are only cast on the instructions of investors. By contrast, the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive 2009 does suggest that investors in a mutual fund or ("collective investment scheme") should control the voting rights.[351] The UCITS Directive 2009 is primarily concerned with creating a "passport". If a firm complies with rules on authorisation, and governance of the management and investment companies in an overall fund structure, it can sell its shares in a collective investment scheme across the EU. This forms a broader package of Directives on securities and financial market regulation, much of which has been shaped by experience in the financial crisis of 2007–2008.[352] Additional rules on remuneration practices, separating depositary bodies in firms from management and investment companies, and more penalties for violations were inserted in 2014.[353] These measures are meant to decrease the risk to investors that an investment goes insolvent. The Markets in Financial Instruments Directive 2004 applies to other businesses selling financial instruments. It requires similar authorisation procedures to have a "passport" to sell in any EU country, and transparency of financial contracts through duties to disclose material information about products being sold, including disclosure of potential conflicts of interest with clients.[354] The Alternative Investment Fund Managers Directive 2011 applies to firms with massive quantities of capital, over €100 million, essentially hedge funds and private equity firms.[355] Similarly, it requires authorisation to sell products EU wide, and then basic transparency requirements on products being sold, requirements in remuneration policies for fund managers that are perceived to reduce "risk" or make pay "performance" related. They do not, however, require limits to pay. There are general prohibitions on conflicts of interest, and specialised prohibitions on asset stripping.[356] The Solvency II Directive 2009 is directed particularly at insurance firms, requiring minimum capital and best practices in valuation of assets, again to avoid insolvency.[357] The Capital Requirements Directives contain analogous rules, with a similar goals, for banks. To administer the new rules, the European System of Financial Supervision was established in 2011, and consists of three main branches: the European Securities and Markets Authority in Paris, the European Banking Authority in London and the European Insurance and Occupational Pensions Authority in Frankfurt.
.jpg/1280px-Microsoft_Store_@_Metropolis_(32458694837).jpg)
Competition law aims "to prevent competition from being distorted to the detriment of the public interest, individual undertakings and consumers", especially by limiting big business power.[359] It covers all types of enterprise or "undertaking" regardless of legal form, or "every entity engaged in an economic activity",[360] but not non-profit organisations based on the principle of solidarity,[361] or bodies carrying out a regulatory function. Employees and trade unions are not undertakings, and are outside the scope of competition law,[362] and so are solo self-employed workers,[363] because on long-standing consensus in international law labour is not a commodity, and workers have structurally unequal bargaining power compared to business and employers.[364] A legal professional body setting regulatory standards was held to be outside competition law,[365] and so were the rules of the International Olympic Committee and the International Swimming Federation in prohibiting drugs, because although drugs might increase "competition", the "integrity and objectivity of competitive sport" was more important.[366] EU competition law only regulates activities where trade between member states is affected to an "appreciable" degree,[367] but member states may have higher standards that comply with social objectives.[368] The four most important sets of rules relate to monopolies and enterprises with a dominant position, mergers and takeovers, cartels or collusive practices, and state aid.
First, Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits "abuse by one or more undertakings of a dominant position". A "dominant position" is presumed to exist with over a 50% market share,[369] and may exist with a 39.7% market share.[370] There may also be dominance through control of data, or by a group of undertakings acting collectively,[371] and a corporate group will be treated as a "single economic unit" for the purpose of calculating market share.[372] The prohibited categories of "abuse" are unlimited,[373] but article 102 explicitly spells out the bans on (a) "unfair purchase or selling prices", (b) "limiting production", (c) "applying dissimilar conditions to equivalent transactions", and (d) imposing unconnected "supplementary obligations" to contracts. In a leading case on (a) unfair prices, United Brands Co v Commission held that, although a banana company had a dominant position in its product and geographic markets (because bananas were not easily substituted with other fruit, and its relevant market share was 40 to 45%), prices 7% higher than rivals were not enough to be an abuse.[374] By contrast prices 25% higher than a company's estimated costs were found to be unfair.[375] Unfair pricing also includes predatory pricing, where a company cuts its own selling prices to bankrupt a competitor: there is a presumption of abuse if a company prices "below average variable costs", namely "those which vary depending on the quantities produced".[376] There is no requirement to show losses might be recouped.[377] A leading case on (b) limiting production is AstraZeneca plc v Commission, where a drug company was fined €60 million for misleading public authorities to secure a longer patent for a medicine it called Losec, so limiting public use.[378] In 2022, in Google LLC v Commission the General Court upheld a €4.125 billion fine against Google for the "obstruction of development and distribution of competing Android operating systems" by paying manufacturers to not install any version other than Google's own.[379] Refusal to supply goods or services may also be abusive, as in Commercial Solvents Corporation v Commission where the subsidiary of CSC stopped selling an ingredient for a drug to combat tuberculosis to a competitor after it itself entered the drug market.[380] Similarly in Microsoft Corp v Commission, Microsoft was fined €497 million for, among other things, refusing to give Sun Microsystems and other competitors information needed to build servers after Microsoft itself entered the server market.[381]
.jpg/1280px-Foldable_smartphone_(Android_OS).jpg)
Under the third type of abuse, (c) unlawful discrimination, in British Airways plc v Commission it was held that British Airways abused its dominant position by giving some travel agents extra payment to promote its tickets over others. This made "market entry very difficult" and frustrated the ability of "co-contractors to choose between various sources of supply or commercial partners".[382] Under (d) examples of the abuse of imposing supplementary obligations include the Microsoft Corp v Commission case, where Microsoft bundled a pre-installed media player into Windows OS sales, which had the effect of damaging competitor businesses such as RealPlayer.[383] By contrast, in Intel Corp v Commission, Intel was fined €1.06 billion by the commission for giving rebates on x86 computer processors if manufacturers bought over 80% of their chips only from Intel. This had the effect of "tying customers to the undertaking in a dominant position". However the fine was annulled on the ground that the commission had not adequately proven an anti-competitive effect,[384] so in 2023 the Commission imposed a smaller €376 million fine. Second, the Merger Regulation 2004 applies to "concentrations" (any merger or acquisition), that generally have a value of at least €100 million turnover in the EU if it "would significantly impede effective competition" by creating or strengthening a dominant position.[385] While mergers between direct ("horizontal") competitors are carefully scrutinised upon mandatory notification to the commission, vertical or conglomerate mergers are often allowed where a competitor is not removed.[386] This has led to increasingly large business groups, with ever greater power.[387]
Third, Article 101 of the TFEU prohibits cartels or collusive practices, including competitors engaging in (a) price fixing, (b) limiting production, (c) sharing markets, (d) applying dissimilar conditions to equivalent transactions, and (e) making contracts subject to unconnected obligations. According to Article 101(2) any such agreements between undertakings are automatically void. Article 101(3) establishes exemptions, if the collusion is for distributional or technological innovation, gives consumers a "fair share" of the benefit and does not include unreasonable restraints that risk eliminating competition anywhere. For example, in Parker ITR Srl v Commission eleven corporations that manufactured marine hoses for offshore oil rigs were fined €131 million for rigging bids and sharing markets worldwide - they would designate a "bid champion" in each case to raise prices.[388] Secret cartels are often hard to prove, so the courts allow competition regulators to establish collusion where there is no other plausible explanation for price rises.[389] Some agreements among businesses, however, can be highly beneficial. For instance, in a decision on the Conseil Européen de la Construction d'Appareils Domestiques, the Commission held an agreement among washing machine makers to phase out production of low-efficiency machines was lawful, especially since it would lead to "reduced pollution from electricity generation".[390] Fourth, TFEU article 106(1) requires that the state may not grant special or exclusive rights for undertakings that distort competition, and states that (2) competition law applies to services of general economic interest, unless it obstructs their tasks in law or fact (e.g. in providing public services). Under TFEU art 107(1) no state aid that distorts competition is allowed, but aid is allowed (2) for individual consumers, without discrimination, and (3) for economic development, particularly to tackle underemployment. The Procurement Directive 2014/24/EU, on government procurement in the EU sets standards for open tenders when outsourcing public services to private companies.
While EU law has not yet developed a civil code for contracts, torts, unjust enrichment, real or personal property, or commerce in general,[391] European legal scholars have drafted common principles, including Principles of European Contract Law and Principles of European Tort Law that are common to member states. In absence of harmonisation, there is a comprehensive system of conflicts of laws to settle the jurisdiction of courts, and the applicable law, for most commercial disputes. The Brussels I Regulation 2012 determines the jurisdiction of courts depending upon where a person is domiciled or has operations.[392] The applicable law for consensual obligations is then determined by the Rome I Regulation, where article 3 states the principle that a choice of law can be made expressly in a contract, unless this affects provisions that cannot be derogated from, such as employment, consumer, tenancy or other rights.[393] The Rome II Regulation determines applicable law in the case of non-consensual obligations, such as torts and unjust enrichment. Under article 4 the general rule is that the law applies where "the damage occurred", although under article 7 in the case of "environmental damage or damage sustained by persons or property as a result" there is a choice to bring an action under the law of the tortfeasor.[394]
Unlike other property forms, intellectual property rights are comprehensively regulated by a series of directives on copyrights, patents and trademarks. The Copyright Term Directive 2006 article 1 states the principle that copyrights last for 70 years after the death of the author.[395] The Copyright and Information Society Directive 2001 was passed to regulate copyright over the internet, and the effect of article 5 is that internet service providers are not liable for data they transmit even if it infringes copyright. However under article 6, member states must give "adequate legal protection" for copyrights.[396] The Resale Rights Directive creates a right to royalties for authors where works are resold. The Enforcement Directive requires member states have effective remedies and legal processes. Under the European Patent Convention, which is separate from the EU, the general patent term is 20 years from the date that a patent (of an invention) is filed with an official register, and the development of an EU patent attempts to harmonise standards around these norms. The Trade Marks Directive enables a common system of trade mark registration so that, with exceptions, a registered trade mark applies across all EU member states.[397]
A major part of EU law, and most of the EU's budget, concerns public regulation of enterprise and public services. A basic norm of the Treaty on the Functioning of the EU, in article 345, is that the "Treaties shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership", meaning the EU remains neutral between private or public ownership, but that it can require common standards. In the cases of education and health, member states generally organise public services and the EU requires free movement. There is a unified European Central Bank that funds private banks, and adopts a common monetary policy for price stability, employment and sustainability. The EU's policies on energy, agriculture and forestry, transport and buildings are crucial to end climate damage and shift completely to clean energy that does not heat the planet. Among these, 33% of the entire EU budget is spent on agricultural subsidies to farm corporations and owners. The EU also has an increasing number of policies to raise standards for communications, the internet, data protection, and online media. It has limited involvement in the military and security, but a Common Foreign and Security Policy.
Education and health are provided mainly by member states, but shaped by common minimum standards in EU law. In the case of education, the European Social Charter, like the Universal Declaration, the International Bill of Human Rights, say that "everyone" has the right to education, and that primary, secondary and higher education should be made "free",[400] for instance "by reducing or abolishing any fees or charges" and "granting financial assistance".[401] While the history of education was confined to a wealth elite,[402] today most member states have tuition free university. There are no common rules for university finance or governance, although there is a right to free movement and universities have voluntarily harmonised standards. In 1987, the Erasmus Programme was created to fund students to study in other countries, and with a budget of €30 billion from 2021 to 2027. From 1999, the Bologna Declaration and Process led to the creation of the European Higher Education Area where member state universities adopted a common degree structure (bachelor, master, and doctoral degree) with a goal to have similar expectations in learning outcomes.[403] Member states may not impose different fees on students from other member states or limit their numbers,[404] and this appears to have worked even without a system for countries to reimburse one another if costs differ widely.[405] However, if member states have grants or student loans, R (Bidar) v London Borough of Ealing held there may be a minimum residency requirement, such as three years.[406] Most of the world's best universities enable majority staff, and significant alumni or student voice in university governance. For instance, the French Education Code requires that universities have a board of management with 24 to 36 members, and 8 to 16 elected by professors, 4 to 6 by non-academic staff, 4 to 6 by students, and 8 external members,[407] and have an academic council elected by staff with powers to set important rules, such as on training or examinations.[408] Secondary, primary, and pre-school are generally free from fees. More successful school systems tend to be well-funded and public, and do not have barriers to children based on wealth, such as private fees for school.[409] Most schools enable staff and parents to vote for representatives on their children's school governing bodies.
As in education, there is a universal human right to 'health and well-being' including 'medical care and necessary social services',[410] although human rights law does not say what the best system of health governance is. Among EU member states there are two main traditions of health care provision, based on public service or insurance. First, healthcare may be seen as a public service free at the point of use, with hospitals largely owned by the public health service and doctors publicly funded (the "Beveridge model".[411]) This is the system, for example, in Finland, Sweden, Denmark, Spain, Italy, Portugal, Greece or Ireland. Second, healthcare can be provided through insurance, where hospitals and doctors are separately owned and run from the service provider (the "Bismarck model"). There is a large spectrum between systems based mainly on public insurance and usually creating public option hospitals or requiring no profit (such as France, Belgium, Luxembourg, Slovenia, the Czech Republic or Estonia) and those that allow substantial private and profit-making insurance and hospital or doctor provision (the Netherlands and Germany[412]). In all cases, health is universal, and subsidised or free wherever people cannot afford insurance premiums, unlike the notorious case of the United States which still does not have universal healthcare. The healthcare outcomes vary greatly between different systems, so that while there is generally higher life expectancy with more investment, healthcare tends to have worse outcomes and costs more where there is more private business or profit. Under the Treaty on the Functioning of the European Union article 56 there is the right to receive services, with rules codified into the Patients' Rights Directive 2011. Article 4 requires that people are treated, article 5 requires reimbursement of costs by the person's country of origin, article 6 requires national contact points to connect healthcare providers or insurers and patient organisations, but under article 8 member states may require prior authorisation for people to travel abroad for treatment where the costs are high or planning is needed.[413] A European Health Insurance Card is also available for free to receive health across the EU.[414] This system was developed after R (Watts) v Bedford Primary Care Trust, where in 2003 Mrs Watts travelled from the UK to France, paid £3900 for a hip replacement operation, and claimed she should be reimbursed. The UK's National Health Service waiting lists were 4 to 6 months at the time. The Court of Justice's Grand Chamber held that health care counted as a 'service' under TFEU article 56, and that in principle there was a right to receive those services abroad. However, high demand could justify waiting lists in a national health system, but individual circumstances of the patient had to be assessed. For non-EU nationals, the European Court of Human Rights held in N v United Kingdom that it was not inhuman and degrading treatment contrary to ECHR article 3 to deport someone to a country where there were unlikely to live longer than two years without treatment. There is no duty 'through provision of free and unlimited health care to all aliens without a right to stay within its jurisdiction' to avoid 'too great a burden on the Contracting States.'[415] However, if someone's death would be imminent the European Court of Human Rights has held that a decision to remove would violate ECHR article 3.[416]
Banking, monetary and fiscal policy is overseen by the European Central Bank, member states, and the EU Commission. This is vital for European society as it affects the human rights to full employment, to fair wages, housing, and to an adequate standard of living.[417] When the Eurozone and common currency of the euro was established, there was no political agreement to develop a full EU fiscal policy (i.e. tax and spending), so that governments would pool money and lend to countries in trouble, because it was thought that wealthier member states should not have to subsidise poorer member states. However, there was planned to be a common central bank, which would aim to have common interest rates. The ECB, based in Frankfurt, controls monetary policy that underpins the euro. Member states also have central banks (such as the Bundesbank, Banque de France, Banco de España), and these 19 Eurozone member state central banks have a duty to act compatibly with ECB policy.[418] The ECB has an executive board with a president, vice president and four other members, all appointed by the European Council by qualified majority, after consulting the European Parliament, and the Governing Council of the ECB.[419] The Governing Council is made up of the ECB executive board and member state central banks using the euro, they have 8 year terms, and can be removed only for gross misconduct.[420]
.jpg/1280px-Europ%C3%A4ische_Zentralbank_-_European_Central_Bank_(19190136328).jpg)
The European Central Bank's 'primary objective... shall be to maintain price stability. Without prejudice to that objective, it shall support the general economic policies in the Union', such as 'balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment.'[423] There are three main powers to achieve these goals. First, the ECB can require other banks to hold reserves proportionate to their type of lending.[424] Second, it may lend money to other banks, or conduct 'credit operations'. Third it may 'operate in the financial markets by buying and selling' securities.[425] For example, in Gauweiler v Deutscher Bundestag a German politician claimed that the ECB's purchase of Greek government debt on secondary markets violated TFEU article 123, which prohibits directly lending money to member state governments. The Court of Justice rejected that the ECB had engaged in 'economic policy' (i.e. fiscal transfers) rather than monetary policy decisions, which it was allowed to do.[426] So far the ECB has failed to use these powers to eliminate investment in fossil fuels, despite the inflation that gas, oil and coal cause given their price volality in international markets.
Beyond the central bank, the Credit Institutions Directive 2013 requires authorisation and prudence provisions in other banks in all EU member states.[427] Under the Basel III programme, created by an international banker group, banks must hold more money in reserves based on the risk-profile that it holds, as determined by the member state regulator. More risky assets require more reserves, and the Capital Requirements Regulation 2013 codifies these standards, for instance by mandating that proportionally less in reserves is needed if more government debt is held, but more if mortgage-backed securities are held.[428] To guard against the risk of bank runs, the Deposit Guarantee Directive 2014 creates an EU wide minimum guarantee of €100,000 for bank deposits, so that if anyone's bank goes insolvent, the state will pay the deposit up to this amount.[429] There are not yet rules requiring higher reserving and accounting practices for climate risk and of gas, oil or coal reserves become worthless as Europe replaces fossil fuels with renewable energy.
The budget of the European Union is set in 7 year cycles, and in 2022 around €170bn was spent, of which nearly one-third was agricultural policy, including regional development.[431] EU member state government expenditures are far higher as a proportion of Gross Domestic Product, but are constrained by the Fiscal Compact, which requires no more than a 3% budget deficit compared to GDP in any given year, and aiming for surpluses or balanced budgets.[432] As a result of the Eurozone crisis, a Treaty establishing the European Stability Mechanism created a fund to assist countries with severe fiscal problems.[433] The results of the "strict conditionality" attached to loans (or so called structural adjustment) that required privatisation, cuts to welfare, and wages in Greece, Spain, Portugal or Ireland was particularly negative. The EU's main metric for economic performance has been GDP, which adds up market exchange values in firm accounts and government expenditures according to the Gross National Income Regulation 2019,[434] even though this fails to discount polluting and harmful economic activities such as energy and industry that damages the climate, the environment and human health. The EU's budget mainly comes from contributions of around 0.7% of GDP per member state, as well as a share of EU value added tax and customs duties. The EU does not yet have a more comprehensive system for preventing tax evasion, or for fair taxation of multinational or financial corporations.[435]
Like the world, the EU's greatest task is to replace fossil fuels with clean energy as fast as technology allows since protection of "life",[436] and "improvement of the quality of the environment" are fundamental rights,[437] and the highest policy goals of the EU.[438] In international law, there is also 'the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources' such as clean air,[439] and the right to 'the benefits of scientific progress', such as clean energy.[440] The EU's overall target is to reduce toxic greenhouse gas emissions by 50-55% by 2030, and be carbon neutral or negative by 2050,[441] and 32% renewable energy by 2030,[442] though a 45% target by 2030 was proposed by the commission and backed by Parliament in 2022.[443] Since the 2022 Russian invasion of Ukraine it aims to eliminate Russian fossil fuel imports as fast as possible.[444] However laws such as the Hydrocarbons Directive 1994 still enable gas and oil extraction. It requires that licences are awarded based on technical and financial capability, methods, price, and previous conduct, that applicants are treated equally by objective and non-discriminatory criteria, and advertisements for tenders must be public.[445] It has not yet required that existing licensees pay for the pollution and climate damage they have caused, nor sought to end extraction of gas and oil.
A growing number of cases seek to enforce liability on gas, oil and coal polluters.[447] In Friends of the Earth v Royal Dutch Shell plc, the Hague District Court held that Shell was bound by the tort provisions of the Dutch Civil Code, Book 6, section 162(2), interpreted in light of the Paris Agreement 2015 article 2(1) and ECHR articles 2 and 8 (rights to life and home),[448] to immediately start cutting all of its emissions by 45% by 2030, whether generated directly by its corporate group (scope 1), indirectly from its purchases (scope 2), or indirectly from its value chain or the purchase and use of its products (scope 3). It emphasised the 'serious and irreversible consequences of dangerous climate change in the Netherlands... pose a threat to the human rights of Dutch residents'.[449] After this loss, Shell dropped "Royal Dutch" from its name, and moved its headquarters to London.[450] In Lliuya v RWE AG Mr Lliuya, who lives in Huaraz, Peru has claimed that RWE AG should pay 0.47% of the costs of flood defences against a melting mountain glacier that increases the size of Lake Palcacocha, because RWE is responsible for 0.47% of historic global greenhouse gas emissions. The Higher Regional Court of Essen gave leave to appeal on whether there is causation of damage, and in 2022 visited the lake.[451] There has also been heightened responsibility on member state governments. In Urgenda v State of Netherlands the Dutch Supreme Court held the Dutch government must reduce greenhouse gas emissions by 25% before 2020, following the IPCC 2007 minimum recommendations, and that failure to do so would violate the right to life and home in ECHR articles 2 and 8.[452] In the Klimaschutz case, the German Constitutional Court held that the German government must speed up its climate protection measures to protect the rights to life, and the environment under the Grundgesetz 1949, articles 2 and 20a.[453] However the EU and member states have so far failed to codify liability to prevent pollution and climate damage by corporations that profit,[454] and the EU Emissions Trading System has failed to adequately price carbon for the damage it causes (prices traded under €98 per metric ton until the end of 2022[455]).
As clean energy from wind, solar or hydro storage replaces pollution from gas, oil and coal, EU law has standards for generation and distribution networks. First, in generation, the Renewable Energy Directive 2018 still enables biomass and biofuel to count toward "renewable" energy statistics based on the argument that trees or plants absorb greenhouse gases when they grow,[456] even though biomass burning (usually in ex-coal plants) releases more greenhouse gases than coal, biomass transport is not clean, forests take decades to replenish, and smoke damages human health. Second, the EU does not yet have a feed-in tariff system, requiring energy grids and retailers to pay a fair price to households or businesses with solar or wind generation, however in PreussenElektra AG v Schleswag AG the Court of Justice held that member states could fix any price they chose, so that energy companies would have to reimburse producers for the energy they received. A company now owned by E.ON claimed the feed-in tariff was state aid under TFEU article 107, and should have to pass rules for exemption, as a way to hinder renewable energy funding. The Court rejected this, because although the policy might have 'negative repercussions' for big energy companies it 'cannot be regarded' as giving to small producers 'a particular advantage at the expense of the state'.[458]
The third main set of standards is that the EU requires that electricity or gas enterprises acquire a licence from member state authorities.[459] There must be legal separation into different entities of owners of networks from retailers, although they can be owned by the same enterprise, to ensure transparency of accounting.[460] Then, different enterprises have rights to access infrastructure of network owners on fair and transparent terms,[461] as a way to ensure different member state networks and supplies can become integrated across the EU. Most EU operators are publicly owned, and the Court of Justice in Netherlands v Essent NV emphatically rejected that there was any violation of EU law on free movement of capital by a Dutch Act requiring electricity and gas distributors to be publicly owned, that system operators could not be connected by ownership to generators, and limited the level of debt.[462]The Court of Justice held a public ownership requirement was justified by 'overriding reasons in the public interest', 'to protect consumers' and for the 'security of energy supply'.[463] It further pointed to the foundational case of Costa v ENEL, where the Court held in 1964 that the treaties do 'not prohibit the creation of any state monopolies' so long as they do not operate commercially and discriminate.[464] The approach of EU law is that even where energy companies are privatised, they still are subject to the same rules as the state on direct effect, because it remains that they are 'providing a public service'.[465] The evidence suggests "consumers pay lower electricity net-of-tax prices in countries where there are still incumbents owned by national governments."[466] With the sharp rise in fossil fuel prices that came from the 2022 Russian invasion of Ukraine and the fossil fuel cartel OPEC deciding to restrict supply, the EU Commission proposed a windfall fossil fuel tax.[467] There are not yet common standards on energy enterprise governance, although a number of member states ensure that workers and energy bill payers have the right to vote for directors.[468]
Everyone has the right to food and water,[469] and under the Charter of Fundamental Rights of the EU "the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the Union".[470] The Common Agricultural Policy's origins lay in ensuring that all farm workers had fair wages and everyone had food, since in 1960 a third of employment and a fifth of GDP was in agriculture,[471] and after WW2 Europe had been on the brink of starvation. In 2020, the agricultural workforce was 4.2% of the EU total.[472] The CAP's objectives are still to increase production, "a fair standard of living for the agricultural community", to stabilise markets and supplies, and "reasonable prices" for consumers.[473] In 2021, the CAP was 33.1% of the entire EU budget, at €55.1 billion, however there are no requirements for subsidies to be used so that farm workers (as opposed to owners) have fair pay scales, few requirements for rural development, and minimal standards for environmental improvement.
The CAP has three main parts. First, the European Agricultural Guarantee Fund distributes 'direct payments',[474] which are 70.9% of the CAP budget. The Direct Payments Regulation 2013 gives payments to an 'active farmer' that carries out agricultural activity, grazing or cultivation, does not operate airports, rail, waterworks, real estate, sport or recreation grounds, and has the land at their disposal.[475] The farm must have at least 1 hectare and receive €100 for each, though member states can set higher thresholds (e.g. 5 hectares and €200).[476] If payments reach over €150,000 there is a 5% reduction per hectare for each hectare.[477] This favours large farm corporations, and the largest 1% typically receive around 10 to 15% of all subsidies in member states. As conditions of receiving subsidies, farms can be required to keep land in good condition, for public, animal, and plant health, and maintain environment standards.[478] For minimal biodiversity, farmers must have over two crops if they have 10 hectares, not farm at least 5% of lintensively (an 'ecological focus area' over 15 hectares, and have three crops over 30 hectares.[479] Environmentally sensitive grasslands, as designated by the Habitats Directive 1992 and the Wild Birds Directive 2009, should not be more turned into more than 5% agricultural area.[480] The second main part, also carried out by the EAGF, is 'market measures'. Under the Agricultural Products Regulation 2013 certain crops and meat are eligible for purchase by member state authorities, to be 'stored by them until disposed of', with extra aid for storage.[481] The goal of this is to restrict supply and therefore raise prices, particularly in response to unexpected drops in demand, a health scare, or international market volatility. In 2018, this was 4.59% of the CAP budget. The benefits of many of these subsidies go to the parties in the food supply chains with most bargaining power, which is usually supermarkets. The Agricultural Unfair Trading Practices Directive 2019 article 3 prohibits practices such as late payments by buyers of food to suppliers, cancellations at short notice, unilateral alteration of terms, threats of commercial retaliation, and payments by suppliers to the buyers (i.e. from farmers to supermarkets) for stocking, adverts, marketing or staff.[482] These rules limit supermarkets' abuse of a dominant position but do not ensure subsidies reach farm communities. The Food Safety Regulation 2002 article 14 requires that food is not place on the market if it is 'injurious to health' or is 'unfit for human consumption', but there is no requirement that supermarkets or others eliminate harmful packaging such as plastic. The third main part, administered by the European Agricultural Fund for Rural Development, is 'rural development' payments,[483] which are 24.4% of the CAP budget. Following the 'Europe 2020 Strategy by promoting sustainable rural development', payments are made for knowledge transfer, advice, asset investment, and business development aid.[484] Priorities may include improving water and energy use.[485] The courts give the EU a wide discretion to implement policy, so judicial review is possible only if agricultural measures are 'manifestly inappropriate'.[486] EU law does not yet have a systematic plan or subsidies to rewild depleted environments, and to move to complete clean energy infrastructure.
Outside farms, forests cover just 43.52% of the EU's land, compared to 80% forest cover historically across Europe.[487] There is no requirement yet to undertake any reforesting or rewilding of land, while the Land Use and Forestry Directive 2018 merely requires that member states keep accounts of land use and forestry changes based on greenhouse gas emissions, and that emissions do not exceed removals of greenhouse gases.[488] Globally, the Timber Regulation 2010 requires that all timber traders know their supply chains and keep records for 5 years, to ensure that any illegally harvested timber is banned in the EU law,[489] however there is not yet any ban on imports of goods (such as beef or palm oil) from countries that continue to deforest their landscape. For water resources, in nature or for drinking, the Water Framework Directive 2000 sets common standards and provides that member states should oversee water industry standards.[490] The Drinking Water Quality Directive 2020 requires water that is "wholesome and clean", and article 4 defines this as free from micro-organisms and parasites dangerous to health, and compliant with chemical and biological standards in Annex I.[491] The Bathing Waters Directive 2006 sets standards for quality of bathing waters, namely riviers and beaches, to be free from toxic waste or sewage.[492] There must be adequate remedies for breaches, so in Commission v United Kingdom (1992) it was held that the UK's approach of accepting undertakings from water companies to behave better in future, instead of using enforcement orders, was inadequate to comply with EU law.[493] Fines can be and often are significant, ranging into hundreds of thousands or millions of euros for breach.[494]
Clean road, rail, sea and air transport are fundamental goals of the EU, given its commitment to human rights for 'improvement of the quality of the environment', 'services of general economic interest',[495] and the right to 'the benefits of scientific progress'.[496] However, the pace of reform is slow compared to the urgency of reversing global heating. The Renewable Energy Directive 2018 article 25 requires that final energy consumption in transport in each member state is 'at least 14%' renewable by 2030.[497] This is within the 2030 target for 32% "share of energy from renewable sources in the Union's gross final consumption of energy".[498] In 2022, the EU promised to ban sale of new petrol and diesel vehicles only by 2035, enabling manufacturing corporations to profit from toxic emissions for another 13 years,[499] though many member states have higher standards. There is not yet a plan for full rail electrification, or clean shipping or air travel, even where technology exists.
In road transport, the Emission Performance Regulation 2019 says manufacturers of "new passenger cars" should not allow emissions to exceed 95 grams of CO2 per kilometre, and 147 grams of CO2 per kilometre for new light commercial vehicles, but this is merely an "EU fleet-wide target" rather than requirements for each vehicle.[501] Manufacturers can agree to pool their production quotas, so as to meet their targets on average,[502] but there is no legal sanction for failure to meet the target. Member states are simply required to record the relevant success or failure, and manufacturers' performance is published.[503] By contrast the Vehicles Emissions Regulation 2007 sets the "Euro 6" standards in maximum emissions that car manufacturers can have.[504] Since the 'Euro 1' standard was introduced in 1992, standards became cleaner each 4 to 5 years, but recently stalled. Article 2 states this applies to vehicles under 2,610 kilograms, while the Heavy Vehicle Emission Regulation 2019 applies to heavier vehicles, with looser CO2 limits.[505] Article 4 states manufacturers must 'demonstrate that all new vehicles sold, registered or put into service in the Community are type approved in accordance with this Regulation'. Article 6 requires manufacturers to 'provide unrestricted and standardised access to vehicle repair and maintenance information' should there be any non-compliance. Article 13 requires penalties imposed by member states for breach are 'effective, proportionate and dissuasive', and breaches include any 'false declarations' as well as 'use of defeat devices'. This reference follows the "Dieselgate" scandal where Volkswagen and manufacturers around Europe and the world fraudulently concealed their true emissions. In 2007, Commission v Germany held that the German Volkswagen Act 1959 violated free movement of capital in TFEU article 63 by ensuring that the state of Lower Saxony had a golden share to exercise public control over the company's governance. It limited voting rights of individual shareholder to 20% of the company. The German government's justification that the restrictions were an overriding public interest, for instance, to protect workers was rejected. A justification for environmental protection was not offered. After this, the Porsche family dominated Volkswagen, and in 2007 a new CEO, Martin Winterkorn took up his post and aimed in 'Strategie 2018' to become the world's largest auto-manufacturer, and it began to install cheat devices.[506]
People need to have a driving licence to drive on a road, and there is a common system of recognition around the EU.[508] For delivery vehicle workers, the Road Transport Regulation 2006 limits daily driving time to 9 hours a day, a maximum of 56 hours a week, and requires at least a 45-minute break after 4+1⁄2 hours. Drivers may also not be paid according to distance travelled if this would endanger road safety.[509] Taxi enterprises are usually regulated separately in each member state, and the attempts of the app-based firm Uber to evade regulation by arguing it was not a "transport service" rather than an "Information Society Service" failed.[510] Most bus networks are publicly owned or procured, but there are common rights. If buses are delayed in journeys over 250 kilometres, the Bus Passenger Rights Regulation 2011 entitles passengers to compensation.[511] Under article 19, a delay over two hours must result in compensation of 50% of the ticket price, as well as rerouting and reimbursement. Article 6 says 'Carriers may offer contract conditions that are more favourable for the passenger', although it is not clear many take up this option. Article 7 says member states cannot set maximum compensation for death or injury lower than €220,000 per passenger or €1200 per item of luggage. There is not yet a requirement for the major bus, delivery, taxi enterprises to electrify their fleets even though this would create the fastest reduction of emissions and would be cheaper for business in total operating costs.[512]
In rail transport, the Single European Railway Directive 2012 requires that ownership of tracks and operating companies are separated to prevent conflicts of interest and pricing, particularly to ensure that trains can run from one member state to another.[513] Most European railways are publicly owned, and each train enterprise must have separate accounts and member states should run railways 'at the lowest possible cost for the quality of service required'.[514] The Rail Passenger Rights Regulation 2007 article 17 states that 25% of a ticket price should be refunded if there is a one-hour delay, and 50% over two hours, with a threshold of €4 to claim. Passengers have a right to take bicycles on trains where they are not overcrowded, there must be clear information on tickets, and there are rights to make reservations.[515] Finally, in air transport, under the Flight Compensation Regulation (EC) No 261/2004 there is a minimum right of €250 compensation for 2 hour delay on 1500 km flight, €400 compensation for 3 hour delay or more on a 1500–3500 km flight, and €600 for 4 hours in flights over 3500 km flight, plus the right to refreshments, hotels, and alternative transport. There are not yet duties on airline companies to invest in research for clean fuels, and eliminate unnecessary flight paths when clean land transport alternatives (such as high-speed rail) exist.
Finally, the 'right to housing assistance' is a basic part of EU law.[516] House prices are affected by monetary policy (above), but otherwise the EU's involvement is so far limited to minimal environmental standards. The Energy Performance of Buildings Directive 2010 aims to eliminate unclean materials and energy waste to have "nearly zero-energy buildings", particularly by setting standards for new buildings since 2020 and upgrading existing buildings by 2050.[517] There is, however, no requirement yet that all buildings replace gas heating with electric or heat-pumps, have solar or wind energy generation, electric vehicle charging, and particular insulation standards, wherever possible.
The right 'to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers'[518] is a basic part of freedom of expression, as much as the right against 'arbitrary or unlawful interference with [our] privacy, family, home or correspondence', whether interference is by business, government or anyone else.[519] Communication networks, from the post to telephone lines to the internet, are crucial for friends, families, business and government, and EU law sets standards for their construction and use. For example, the Postal Services Directive 1997 article 3 requires 'universal service' at minimum standards by the main postal provider.[520] For mobile phone access anywhere in the EU, the Roaming Regulation 2022 eliminates extra charges for mobile calls, texts and data when abroad in other member states, and wholesale charges must be fair.[521] To ensure internet service providers do not slow speeds for some websites to gain unfair profit, the Net Neutrality Regulation 2015 states providers 'of internet access services shall treat all traffic equally' but this shall not prevent 'reasonable traffic management measures'.[522]
Since today's communications have mostly merged into the internet, the Electronic Communications Code Directive 2018 is critical for EU infrastructure.[524] Article 5 requires a member state regulator or a "competent authority" is set up that will license use of the radio spectrum, through which mobile and internet signals travel. A regulator must also enable access and interconnection to other infrastructure (such as telecomms and broadband cables), protect end-user rights, and monitor "competition issues regarding open internet access" to ensure rights such as universal service and portability of phone numbers.[525] Articles 6-8 require the regulators are independent, with dismissal of heads only for a good reason, and articles 10-11 require cooperation with other authorities. Articles 12-13 require that use of electronic communication networks is authorised by a regulator, and that conditions attached are non-discriminatory, proportionate and transparent.[526] The owner of a communication network has duties to allow access and interconnection on fair terms, and so article 17 requires that its accounts and financial reports are separate from other activities (if the enterprise does other business),[527] article 74 foresees that regulators can control prices, and article 84 says member states should "ensure that all consumers in their territories have access at an affordable price, in light of specific national conditions, to an available adequate broadband internet access service and to voice communications services". While some EU member states have privatised all, and some part, of their telecomms infrastructure, publicly or community-owned internet providers (such as in Denmark or Romania) tend to have the fastest web speeds.[528]
Historically to protect people's privacy and correspondence, the post banned tampering with letters, and excluded post offices from responsibility for letters even if the contents were for something illegal.[530] As the internet developed, the original Information Society Directive 1998 aimed for something similar, so that internet server providers or email hosts, for instance, protected privacy.[531] After this the Electronic Commerce Directive 2000 also sought to ensure free movement for an "information society service",[532] requiring member states to not restrict them unless it was to fulfill a public policy, prevent crime, fight incitement to hatred, protect individual dignity, protect health, or protect consumers or investors.[533] Articles 12 to 14 further said that an ISS operating as a "mere conduit" for information, doing "caching" or "hosting" is 'not liable for information stored' if the 'provider does not have actual knowledge of illegal activity' and 'is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent', but must act quickly to remove or disable access 'upon obtaining knowledge or awareness'.[534] Article 15 states that member states should 'not impose a general obligation on providers... to monitor the information which they transmit or store' nor 'seek facts' on illegality.[535] However the meaning of who was an "ISS" was not clearly defined in law,[536] and has become a problem with social media that was not meant to be protected like private communication. An internet service provider has been held to be an ISS,[537] and so has a Wi-Fi host,[538] the Electronic Commerce Directive 2000 recital 11 states email services, search engines, data storage, and streaming, are information society services, and an individual email is not,[539] and the Information Society Directive 2015 makes clear that TV and radio stations do not count as ISS's.[540] None of these definitions include advertising, which is never "at the request of a recipient of services" as the 2015 Directive requires, however various cases have decided that eBay,[541] Facebook,[542] and AirBnB,[543] may count as ISSs, but the cab app Uber does not.[544]
The main rights to data privacy are found in the General Data Protection Regulation 2016. First, there is the right to have data about someone processed only with their 'consent',[545] or based on other justifiable grounds, such as a lawful purpose. It has been held that consent is not given if there is 'a pre-checked checkbox which the user must deselect to refuse'.[546] Under the Privacy and Electronic Communications Directive 2002 a well-known result is that websites must not install "cookies" into someone's internet browser unless they positively accept cookies.[547] The EU has not yet simply enabled people to block all cookies within a browser, and required that websites give people this option without thousands of annoying buttons to click.[548] Second, people have the right to be informed about data kept on them.[549] Third, there is a right to be forgotten and the data to be deleted.[550] Where legal standards do not exist, Alphabet, Facebook or Microsoft have largely been uncontrolled in privacy invasion, for instance, Gmail pioneering surveillance of emails for ads as its first business model,[551] and Facebook abolishing service-user voting rights over changes to its privacy policies in 2012.[552] There are no rights yet in EU law for service-users to vote for representatives on boards of big tech companies that take their data, or to have decision-rights over use of their data, in contrast to the rights of service-users of websites like Wikipedia.[553]
Pluralism and regulation of the media, such as through 'the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises',[554] have long been seen as essential to protect freedom of opinion and expression,[555] to ensure that citizens have a more equal voice,[556] and ultimately to support the universal 'right to take part in the government'.[557] In almost all member states there is a well funded public, and independent broadcaster for TV and radio, and there are common standards for all TV and radio, which are designed to support open, fact-based discussion and deliberative democracy. However, the same standards have not yet been applied to equivalent internet television, radio or "social media" such as the platforms controlled by YouTube (owned by Alphabet), Facebook or Instagram (owned by Meta), or Twitter (owned by Elon Musk), all of which have spread conspiracy theories, discrimination, far-right, extremist, terrorist, and hostile military content.
General standards for broadcasting are found in the Audiovisual Media Services Directive 2010. It defines an audiovisual media services to mean those 'devoted to providing programmes, under the editorial responsibility of a media service provider, to the general public, in order to inform, entertain or educate, to the general public by electronic communications networks', either on TV or an 'on-demand' service.[559] An 'on-demand' service involves 'viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider'. Member states must ensure audiovisual services 'do not contain any incitement to hatred' based on race, sex, religion, nationality or other protected characteristics.[560] Article 9 prohibits media with 'surreptitious' communication or 'subliminal' techniques, to 'prejudice respect for human dignity', that would 'promote any discrimination', prejudice health and safety or 'encourage behaviour grossly prejudicial to the protection of the environment'. Social media on Facebook, YouTube or Twitter may be thought to be exempt as they lack 'editorial responsibility', however each use algorithms to exert 'effective control' and profit from arrangement of media.[561] After 2018 new provisions on "video-sharing platform service" providers were introduced, with duties on member states to ensure under article 28b that video-sharing platform providers protect (a) minors from content that "may impair their physical, mental or moral development", (b) the general public from content "containing incitement to violence or hatred", and (c) the general public from content whose dissemination is criminal in EU law, such as terrorism, child pornography or offences concerning racism or xenophobia. Under the Digital Services Act Regulation 2022 the rules from the Electronic Commerce Directive 2000 were repeated, so that a platform's or "gatekeeper's" liability is limited unless the platforms have failed to act with due diligence to stop certain illegal content, complying with transparent terms and algorithms.[562] New codes of conduct should be drawn up for best practice.[563] Fines for large platforms go up to 6% of annual turnover.[564] These rules fall short of most TV standards that restrict inaccurate news (such as flat Earth conspiracies or global warming denial), discriminatory content short of incitement to hatred, systematic bias, or propaganda from dictatorships or corporations. By contrast, Wikipedia's online content has user-regulated policies preventing uncontrolled use of bots, preventing personal attacks by suspending or banning users that break rules, and ensuring Wikipedia maintains a neutral point of view.
The EU has also begun to regulate marketplaces that operate online, both through competition law and the Digital Markets Act Regulation 2022. First, in a series of Commission decisions, Google and Amazon were fined for competition violations. In the Google Shopping case, the Commission fined Google €2.4 billion for giving preference to its own shopping results over others in Google's search, leading to huge increases in traffic for Google over rivals.[565] In the Google Android case the Commission fined Alphabet Inc (by then Google's rebranded parent name) €4.34 billion, or 4.5% of worldwide turnover, for paying phone manufacturers to pre-install its apps, such as Google search or Chrome, as a condition to license its app marketplace Google Play.[566] In the Google AdSense case, the Commission fined Google €1.49 billion for stopping third-party websites displaying their adverts in Google's embedded search widgets, given that it was dominant in the ad market, and unfairly excluding competitors from results.[567] In the Amazon Marketplace case an investigation for abuse of dominant position was launched for Amazon using other traders' data to benefit its own retail business, and preferencing itself in its "Buy Box" and in access to "Prime" seller status. This was settled after Amazon committed in 2022 "not to use non-public data relating to, or derived from, the independent sellers' activities on its marketplace, for its retail business", and to not discriminate against third parties in its Buy Box and Prime services.[568] The Digital Markets Act codifies many of these standards.
In 2006, a toxic waste spill off the coast of Côte d'Ivoire, from a European ship, prompted the commission to look into legislation against toxic waste. Environment Commissioner Stavros Dimas stated that "Such highly toxic waste should never have left the European Union". With countries such as Spain not even having a crime against shipping toxic waste, Franco Frattini, the Justice, Freedom and Security Commissioner, proposed with Dimas to create criminal sentences for "ecological crimes". The competence for the Union to do this was contested in 2005 at the Court of Justice resulting in a victory for the commission.[569] That ruling set a precedent that the commission, on a supranational basis, may legislate in criminal law – something never done before. So far, the only other proposal has been the draft intellectual property rights directive.[570] Motions were tabled in the European Parliament against that legislation on the basis that criminal law should not be an EU competence, but was rejected at vote.[571] However, in October 2007, the Court of Justice ruled that the commission could not propose what the criminal sanctions could be, only that there must be some.[572]
there is a tension 'between the image of the Community worker as a mobile unit of production, contributing to the creation of a single market and to the economic prosperity of Europe' and the 'image of the worker as a human being, exercising a personal right to live in another state and to take up employment there without discrimination, to improve the standard of living of his or her family(This book is not listed on WorldCat, metadata is probably incorrect.
the EU's 'own modeling predicts that yearly use of bioenergy will more than double between 2015 and 2050, from 152 million to 336 million tonnes of oil equivalent. That requires a quantity of biomass each year that is twice Europe's present annual wood harvest.'
