CIA Security v Signalson and Securitel (1996) C-194/94 es un caso de Derecho de la UE relativo al conflicto de leyes entre un sistema jurídico nacional y el derecho de la Unión Europea.
Signalson y Securitel denunciaron públicamente que un competidor, CIA Security, había actuado en contra de una ley belga de 1990, que exigía a las empresas de seguridad obtener autorización gubernamental para operar, y de un decreto de 1991 que exigía la autorización de los sistemas de alarma. La Directiva 83/189 establecía que todos los "reglamentos técnicos" debían notificarse a la Comisión, y que algunas disposiciones no entrarían en vigor durante períodos específicos. La ley belga de 1990 y el decreto de 1991 no habían sido notificados. CIA Security solicitó una orden para impedir que Signalson y Securitel hicieran declaraciones en las que afirmaran que no cumplían la ley. Contrademandaron que la CIA no cumplía la ley belga. La CIA argumentó que, dado que la ley de 1990 y el decreto de 1991 no habían sido notificados, no eran aplicables.
El TJUE sostuvo que la Ley belga de 1990 no era un «reglamento técnico» que debía notificarse, pero el decreto de 1991 sí lo era y debía haberlo sido. Por lo tanto, los tribunales belgas no estaban facultados para aplicar el decreto de 1991. De ello se desprendía que CIA Security podía invocar el derecho de la UE para afirmar que Signalson y Securitel no debían alegar que había infringido el decreto belga de 1991.