Golpe de Estado en Argentina de 1930
[4] Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la posición del Reino Unido como potencia hegemónica en el campo de la economía mundial fue declinando, al mismo tiempo que era paulatinamente reemplazada por los Estados Unidos como centro económico y financiero.
Respecto de Argentina, los productos industriales estadounidenses se adaptaban mejor a sus necesidades, pero los Estados Unidos eran, al mismo tiempo, su competidor en la producción agrícola y además iban incrementando sus medidas proteccionistas.
La Unión Cívica Radical asumía una forma de “religión cívica” y se identificaba a sí misma como una “causa” providencial y mesiánica que se oponía a “la oligarquía” que había gobernado hasta entonces.
El deterioro de la salud del presidente aceleró e incentivó las apenas disimuladas disputas entre colaboradores cercanos al mismo que pugnaban por su herencia política.
Al mismo tiempo que eran conocidas las actividades conspirativas de civiles y militares que sin disimulo tenían reuniones, por ejemplo en la sede del diario Crítica o en la casa del general José Félix Uriburu, en el gabinete se configuraron dos tendencias: la encabezada por el ministro de Guerra general Luis Dellepiane, partidario de utilizar los recursos del Estado, incluida la fuerza, para desbaratar la conspiración, y la otra integrada, entre otros, por el vicepresidente Enrique Martínez, el ministro del Interior Elpidio González y el ministro de Relaciones Exteriores Horacio Oyhanarte, que quitaba importancia a esos hechos y consideraba preferible no irritar los ánimos.
A mediados de 1930 tomó contacto mediante intermediarios con el exdiputado conservador general José Félix Uriburu y un grupo de jóvenes deslumbrados por Mussolini, entre los que se encontraba Juan Domingo Perón que también estaban conspirando.
El 3 de septiembre se conoció la renuncia de Dellepiane, hubo algunas manifestaciones estudiantiles sin muchos concurrentes y el diario Crítica saca un titular a toda página: "La situación del país es una bomba que no tardará en estallar".
Este viraje parecería asociado a la recepción en el diario de las ideas contrarrevolucionarias y, en especial, del ideario maurrasiano.
Escribieron allí Tomás D. Casares, César Pico, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, Julio Irazusta, Julio Meinvielle y J. A. Atwell de Veyga, entre otras figuras del nacionalismo, y si bien desde sus páginas se elogió a La Nueva República “por su sano nacionalismo” y su aporte a “la transformación de la atmósfera liberal-democrática que nos rodea”, los comentarios políticos eran más moderados que los de otras publicaciones.
[17] Retomó su carrera al ser amnistiado y, paralelamente, estudió ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires.
El secretario del Concejo Deliberante Atilio Larco relató que el ministro de Marina contralmirante Zurueta había solicitado a Yrigoyen que le adscribiera algunos empleados de investigaciones para vigilar a gente sospechosa.
Esa misma noche Perón, invitado por Solari, concurrió a una reunión en la que estaban el general Uriburu, su hijo y otros oficiales.
Cuando, siempre en la misma reunión, Perón propuso "comenzar el trabajo definitivo de la organización y preparación del movimiento" se le contestó que todavía no podía hacerse porque había otros grupos que "si bien tendían como nosotros a derrocar al gobierno, tenían otras ideas sobre las finalidades ulteriores" (id.
En los días siguientes Perón siguió realizando gestiones para incorporar oficiales al proyecto y el 3 de julio el teniente coronel Álvaro Alsogaray le comunicó que había sido designado para formar parte de la sección "Operaciones" del Estado Mayor revolucionario, del que Alsogaray era jefe.
Uriburu le encomendó al poeta Leopoldo Lugones, cuyas ideas políticas habían ido mutando desde el socialismo hasta llegar al fascismo, la redacción de la proclama revolucionaria, pero el borrador no fue aceptado por los conspiradores coronel José María Sarobe y general Agustín P. Justo.
El gobierno provisorio promete en cambio una sola cosa: abordar inmediatamente y en primer lugar, los problemas de interés nacional que requieren una urgente solución.
Constituirá, pues, una preocupación fundamental del gobierno provisorio, encarar las necesarias reformas de orden institucional que serán sometidas al país en su momento, para que, al elegir a sus legítimas autoridades y representantes, pueda descansar en la confianza de que su organización política y constitucional garantizará plenamente para el futuro, el regular funcionamiento de dichas instituciones.
La indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias para que sea necesario explicarlas.
Cómplice del gobierno depuesto, jamás Congreso alguno ha dado un ejemplo de mayor sumisión y servilismo.
Aunque públicamente Uriburu declaraba respetar la constitución, personalmente sentía que el país necesitaba retornar al régimen de gobierno conservador, previo a la sanción de la Ley Sáenz Peña, que había establecido el voto secreto para varones (las mujeres recién votaron por primera vez en 1951, al modificarse la ley electoral).
En este cargo fue designado Enrique Santamarina, un dirigente del Partido Conservador, quien juró junto a Uriburu el 8 de ese mismo mes.
[40] Otros que escribieron sobre estos proyectos fueron Francisco Bedoya, Julio Meinvielle y Ernesto Palacio.
Pero ese discurso se debía al apoyo que había necesitado del sector "liberal" dirigido por Justo y Sarobe.
Entre los ideólogos nacionalistas, Uriburu prefería a Carlos Ibarguren, su primo, militante y admirador de la derecha española, que era además un brillante escritor.
[43] Sin embargo, a diferencia de los fascismos europeos, la derecha argentina consideraba que la clave del sistema político propuesto era el Ejército, y no organizaciones paramilitares.
[45] La caída de la actividad económica producida en 1930 hizo que muchos empresarios comenzaran a despedir trabajadores.
[57] También ejecutó clandestinamente ―o tras parodias de juicio sumarísimo― a militantes del anarquismo “expropiador”, entre ellos Severino Di Giovanni, Gregorio Galeano, José Gatti, Joaquín Penina, Paulino Scarfó y Jorge Tamayo Gavilán.
En las elecciones del 5 de abril los candidatos radicales obtuvieron 218 783 votos, los conservadores 187 734 y los socialistas 41 573,[62] si bien al no tener mayoría absoluta en el Colegio Electoral provincial que elegía al gobernador debían negociar con los socialistas para ser elegidos en el cargo.
El 28 del mismo mes se organizó la Junta del City integrada por Alvear, Adolfo Güemes, Enrique Mosca, Julio Borda y Obdulio Siri para sustituir al Comité Nacional prácticamente disuelto tras el golpe de Estado.
La Convención Nacional presidida por Benjamín Zorrilla aprobó esa plataforma electoral, y así se procedió a la votación, resultando victoriosa la fórmula Alvear-Güemes.
