Los impulsores de la reforma querían una modernización acorde con las transformaciones que había tenido la sociedad y pretendían desactivar la impugnación revolucionaria procedente del radicalismo e incorporarlo al sistema político.

El yrigoyenismo no sólo era censurado por Uriburu por falta de plataforma electoral sino también por su apelación a las facetas emotivas e irracionales de los votantes y su pretensión de fundar una «religión cívica» en torno del caudillo carismático que lideraba al partido; en realidad esta indefinición programática era para Yrigoyen la esencia misma de su movimiento dado que identificaba a la Unión Cívica Radical con la nación misma y una plataforma precisa habría significado inclinarse por un interés particular en detrimento del interés nacional.

Esta visión política era compartida por los grupos parlamentarios opositores –conservadores, demócrata-progresistas, socialistas y radicales disidentes, liderados por Vicente C. Gallo así como por medios de opinión liberal, como el diario La Nación.

La Fronda preconizaba una acción conjunta de las fuerzas políticas opositoras y en principio confió en que el Partido Demócrata Progresista pudiera aglutinarlas para hacer así frente al yrigoyenismo.

Francisco Uriburu fue candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por este partido, resultando electo por el período 1922-1926.

Ese mismo año, la escisión del antipersonalismo, que criticaba la hegemonía interna de Yrigoyen, alimentó las esperanzas despertadas por la gestión de Alvear, a quien el diario le atribuyó una naturaleza política afín a la clase dirigente tradicional.

No solo la democracia comenzó a ser criticada sino también el parlamento y los «profesionales de la política», si bien estos eran sólo los del radicalismo, lo que implicó, un relegamiento de la vía partidista y electoral como estrategia fundamental postulada para las fuerzas conservadoras.

La activa participación en la conspiración uriburista no fue óbice para la campaña realizada por el diario en favor del Partido Socialista Independiente en las elecciones parciales de 1930.

El diario propugnaba la supresión de la Ley Sáenz Peña, tachando a la igualdad política como “antinatural” y al sufragio universal como “un instrumento absurdo”, que debía ser reemplazado por un “sistema de jerarquías” efectivo que evitara una regresión histórica.

Por todo ello La Fronda consideraba que la salida electoral debía estar subordinada a la previa reforma del sistema político en el sentido indicado.